Tía Rica pueblo pobre
Recientemente se presentó el Informe Anual 2025 del INDH, que trata el tema de la corrupción y su relación con los derechos humanos.
En esos mismos días se denunciaba por la Contraloría que la institución encargada del crédito prendario, la “Tía Rica” (DICREP), entre el 2023 y 2024, posibilitó que 1.681 personas con prontuario penal “empeñaran” bienes por $1.500 millones sin que se les verificara el origen del producto ni quiénes eran. O sea, poca eficiencia estatal para combatir el delito, poco control interno y transparencia, así como pérdida de recursos públicos.
Días antes se conocía el caso Apocalipsis en Gendarmería: 47 funcionarios y 35 civiles detenidos por estar comprometidos en una red de tráfico de mercadería y permisos a otros delincuentes para visitar a presos en la cárcel. La incautación de casas y autos es millonaria y se estima en movimientos financieros por $6.300 millones (CIPER).
También se han destituido varios jueces, incluida A. Vivanco de la Corte Suprema por articular red que impuso pago de $17.500 millones a CODELCO (de todos los chilenos) a empresa Bielorrusa que la coimeó a través de abogados y usó a Conservador de Bienes Raíces con un total de $ 467 millones. El otro destituido por el Congreso ha sido el juez de la CS D. Simpertigue vinculado al caso y al de constructora Fundamenta.
A esto se han sumado el fraude de las licencias médicas falsas. En el sector público incluyó a policías y miembros de las FFAA y en el privado alcanzó a más de 80.000 personas, las que salieron al extranjero para “mejorarse”. El costo para FONASA e ISAPREs se calcula en $ 700.000 millones.
El caso de las Fundaciones, que implicó a gobiernos regionales a lo largo del país suma $90.000 millones.
El “Caso Hermosilla” dejó en evidencia que existe una activa acción de sectores empresariales para intentar la captura del Estado con el objeto de evadir impuestos, comprar funcionarios, pagar favores y corromper poderes de la democracia. El caso Hermanos Sauer suma $ 350.000 millones y Factop $ 41.000 millones.
Pero esto no es solo cuestión de las elites. En Chile se ha ido generando una cultura del éxito personal, que se mide a través de la posesión de bienes de lujo, de vivir en barrios acomodados, con viajes vacacionales exóticos, de proyectar una imagen de poder y lucirlo en fiestas, cocteles y ante amistades de la elite. Esta es el referente máximo de un éxito individualista, en que llegar a la cima se mide por lo acumulado; lo que, pudiendo ser legítimo desde un punto de vista del esfuerzo personal, es menos claro cuando el camino para llegar allí es el de la corrupción, las redes de contacto, la evasión de impuestos, la elusión de estos por equipos de abogados bien conectados y de no importar la suerte de otros en esta competencia por el éxito y menos la del país, como sociedad de personas y no solo país como una nacionalidad formal.
En el sistema internacional de los derechos humanos, entre los delitos de corrupción están el soborno, cohecho, malversación, fraude al fisco, violación de secretos y prevaricación, así como el abuso del poder, de autoridad o uso de cargos públicos en beneficio propio mediante soborno, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, fraude o malversación (CNUCC, UNODC, 2019).
La pregunta es ¿por qué es preocupación de los derechos humanos la corrupción? Lo es en tanto esas estrategias del “éxito” para acumular dinero y poder, para la “realización personal” de “ser alguien en la vida”, impactan tanto la credibilidad y confianza en el sistema democrático, como en la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. El fraude de los 7 casos de corrupción mencionados suma aproximadamente $ 1.163. 800.000.000 (mil biillones ciento sesenta y tres mil ochocientos millones) equivalentes a US$ 1.180 millones, con los cuales se podrían haber eliminado las Listas de Espera de cirugía ($ 740.000 millones) o se podrían haber construido 26.000 viviendas sociales de un costo de $44,3 millones de pesos y haber impactado positivamente al empleo
Cuando este delito se hace costumbre para escalar en el poder judicial (como afirmó el Juez Ulloa), la justicia para los no-poderosos se hace inviable; el desfalco del Estado impacta en la disponibilidad de recursos para una mejor salud o educación para las mayorías; la complicidad de funcionarios públicos deja al Estado como botín de grupos de interés y se hace cómplice de la delincuencia; la discriminación se hace evidente en el trato y acceso a beneficios del que no tiene influencia, dinero o poder.
También es importante señalar que la corrupción corroe los valores compartidos de probidad, honradez, solidaridad y destino compartido, degradando la convivencia social al trastocar estos valores por el de la pillería, el no ser gil, no ser “buenista” y aprovechar la oportunidad. La corrupción más cotidiana se amplía en tanto la impunidad contra los más poderosos se hacer efectiva, pasa a ser una actitud socialmente legitimada en sectores excluidos, pues “si ellos lo hacen, ¿por qué no nosotros?”
El capítulo del Informe Anual del INDH tiene un conjunto de Recomendaciones a las autoridades que aportan a la tarea de ir erradicando la corrupción en sus distintos ámbitos y en los cuales un Estado eficiente y que prevenga es clave. Esto estaría fortaleciendo la igualdad ante la ley, la recuperación de las confianzas en las instituciones y prefiguraría el que el éxito personal no debe ser a costa de los demás.
Entre esas Recomendaciones importantes está el relevar rol de la sociedad civil en exigir la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas; el actuar reparando a las víctimas de los actos de corrupción; el fortalecimiento de los controles y transparencia en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras.