El PP cumple con la última exigencia de Vox y presenta una reforma de la Ley del Mar Menor
Esta reforma era la última de las peticiones que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año
Documento | Texto íntegro del pacto con las cesiones del PP a Vox en Murcia para aprobar los presupuestos
Mientras se abre un nuevo frente entre el PP y Vox en Extremadura, los populares murcianos pueden decir que han cumplido la última de las capitulaciones que les mantenían atados a los de Abascal. Al menos, durante este año. El Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena: “Una vez que se elabore y entre en vigor el nuevo programa de actuación, nada impedirá que, mediante la oportuna modificación legislativa, se redimensionen los contenidos agrícolas y ganaderos de la ley, pudiendo integrarse su régimen sancionador dentro del previsto en materia de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario”, han defendido los populares en su propuesta.
En otras palabras, de salir adelante esta modificación, el régimen sancionador contra ganaderos y agricultores será “único” en toda la Región de Murcia. A la espera de que se apruebe el programa de actuación, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.
La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.
“No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España. No tiene sentido que aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que las regula. Es como si por una infracción de tráfico se pagara más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas”, defiende el Grupo Parlamentario Popular.
Rebajar las sanciones a los agricultores es una exigencia recurrente de Vox hacia los populares, previa a que los de Abascal rompieran el acuerdo de gobernabilidad y salieran del Gobierno de la Región de Murcia por el reparto de menores no acompañados en julio de 2024. Tres meses antes el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, puso sobre la mesa eliminar algunas sanciones consideradas como graves en la norma vigente, como que una explotación agrícola no esté inscrita en el registro de la Comunidad Autónoma o que ésta no disponga de operador agroambiental; además de una rebaja de la cuantía económica de algunas sanciones agrícolas de un 50%.
Ahora, la modificación del Partido Popular no conlleva rebajas en las sanciones al sector agrícola y ganadero, pero modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su version original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar a este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas. En otras palabras, se convierte un punto sancionador de la ley que era una certeza en tan solo una posiblidad.
En la propuesta, los populares justifican esta modificación en que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias. Es por ello que añaden este verbo transitivo, devolverle la potestad al instructor de elegir si privar o no al infractor de acceder a ayudas públicas, de la misma forma que se recoge en la normativa estatal.