El falso arsenal militar que la Policía incautó a una trama de hidrocarburos
cía Nacional informó de un importante golpe a una organización dedicada supuestamente al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, unas operaciones más comunes en España en los últimos años y, sobre todo, más mediáticas. El «golpe» policial, que se produjo a principios de mes, lo encajó la empresa Biomar, una compañía que lleva más de un año y medio intervenida judicialmente por un juzgado de Barcelona. Este hecho sorprendió al juez de la Audiencia Nacional que dirige la causa, Antonio Piña, según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN de toda solvencia.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga un fraude cercano a los 300 millones de euros. Durante los registros encontraron coches y relojes de lujo, inmuebles, millones de euros en cuentas que creen podrían servir para el blanqueo. Y también localizaron un «taller clandestino de armas».
En la operación, fueron detenidos tres directivos de la compañía. Según ha podido saber este periódico, uno de ellos es el propietario de la empresa que posee ese «taller», que en realidad no es tal cosa. Cuenta con licencia para tener armas de imitación, señalan desde la empresa afectada. La Policía difundió imágenes de decenas de armamento de distintos calibres, munición de varios tipos e incluso de un BMR, un vehículo blindado. Hasta 44 armas encontraron en una nave industrial de Ávila.
La empresa propietaria de este material, en realidad, se dedica a alquilarlo para producciones cinematográficas. Es decir, las armas no son reales. Una de las armas confiscadas es una metralleta Browning M2, un arma pesada de gran calibre. Este periódico tiene en su poder el documento que certifica que está neutralizada y que no sirve para disparar fuego real. Fue expedido por el Banco Nacional de Pruebas de Saint-Étienne (Francia) el 26 de septiembre de 2022.
Fuentes cercanas a la empresa aseguran que la munición incautada está «vacía», y que muchas de las balas que la Policía se llevó tienen los culotes disparados, «por lo que no se pueden volver a disparar». Este periódico preguntó a fuentes oficiales sobre el tipo de munición que los agentes encontraron durante los registros, pero el material está pendiente de ser analizado por la Policía Científica. La compañía ha encargado un informe pericial de parte para atestiguar que el «arsenal» incautado no funciona, y que en ningún caso son armas de guerra.
Un BMR alquilable
Entre todo lo intervenido, lo que más llama la atención es un imponente BMR, un vehículo blindado de color caqui que parece listo para entrar en combate. La Browning, la metralleta de la Primera Guerra Mundial que inutilizaron los franceses, va acoplada en el techo, como si fuese a abrir fuego en cualquier momento. En la mayoría de las historias, la realidad no supera la ficción.
La empresa compró este vehículo en febrero de 2025 por 10.000 euros. En el contrato, consultado por este periódico, se estipuló que el BMR Pegaso se compraba «para reparar» y «rehabilitar» como vehículo histórico. En los arreglos, el dueño y sus hijos –para quienes montó este negocio– gastaron unos 40.000 euros, según fuentes del entorno. La compañía lo compró porque un mes antes, en enero, había alcanzado un acuerdo con una productora audiovisual que estaba interesada en utilizarlo para sus grabaciones.
El negocio con este BMR era bastante lucrativo. Según el contrato de arrendamiento, se alquila por 2.500 euros al día, por un mínimo de cinco días. Es decir, con arrendarlo una sola vez, el dueño ya recuperaba el dinero desembolsado por el vehículo. «A eso hay restarle el mantenimiento, los arreglos o la pintura para cada rodaje», explican desde su entorno. Antes de que la Policía entrase en la nave de Ávila, el problema que tuvo la empresa es que la productora con la que llegó a un acuerdo quebró y tuvo que cerrar meses después.
«Ninguna relación»
Lo que la Policía encontró en la nave de Ávila es propiedad de uno de los directivos de Biomar, pero «nada tiene que ver» con el negocio de los hidrocarburos que investiga ahora la Audiencia Nacional. El supuesto fraude, en este caso, va por otro lado.
Según la UDEF, la operativa ilícita se habría producido entre 2023 y 2024. Más allá de las armas falsas, los agentes encontraron en los registros millones de euros, relojes de lujo y activos financieros. Se han bloqueado 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante y coches e inmuebles de lujo.
La investigación comenzó hace casi tres años, cuando los policías detectaron «grandes movimientos económicos» de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales.
Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones fiscales –impago de IVA-. Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización detrás de ambas operadoras. A los ocho detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. Uno de los líderes también está acusado de tenencia ilícita de armas, aunque espera que esto se quede en nada con la documentación aportada.