El Gobierno central permitirá a los ayuntamientos afectados por la dana comprar suelo en zonas inundables con fondos destinados a la reconstrucción para evitar un posible uso residencial que pueda significar un peligro para la ciudadanía. Así lo ha trasladado este viernes el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que, junto a la Comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, ha mantenido una reunión en Silla (Valencia) con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. Arcadi España ha subrayado que la reunión se produce en «un momento muy importante», cuando ya se ha superado la primera fase de la emergencia y se han «construido y sentado las bases» para la recuperación, y llega la hora de «relanzarlo». En la reunión se ha expuesto a los primeros ediles el Real Decreto Ley aprobado el 28 de octubre por el Consejo de Ministros y que supone «un nuevo relanzamiento de todas las acciones» acordadas por el ejecutivo central para la reconstrucción. «Ese Real Decreto Ley es fruto de escuchar durante todo este año las reivindicaciones de alcaldes y alcaldesas, de técnicos municipales y de sociedad civil que nos pedían flexibilizar criterios, agilizar y reforzar todas las ayudas», ha defendido España. En este sentido, ha detallado que se va a permitir a los ayuntamientos que compren suelo para destinarlo a usos no residenciales, «suelo donde es muy peligroso vivir o tener otras actuaciones normales de la ciudadanía porque tiene un riesgo de inundación evidente». Con esta compra, los consistorios podrán destinar ese suelo «a parkings, parques o actividades que permitan ser más resilientes en sus municipios». Asimismo, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos «actúen en todo el dominio público hidráulico, de acuerdo con la Confederación Hidrográfica, para reforzar toda esa actividad de protección que necesitan nuestros municipios». España ha concretado, sobre el presupuesto para esta medida, que son los 1.745 millones destinados por el Gobierno a los ayuntamientos pero ahora se les permite «abrir el objeto subvencionable». «Es decir, antes no lo podían hacer y ahora los ayuntamientos van a poder comprar ese suelo» como «medida innovadora», no para darle «una utilidad de construcción o de otro tipo, sino un suelo que permita decir claramente, 'miren, aquí no se puede estar'», ha defendido. España ha hecho hincapié en que se trata de «zonas peligrosas» que hay que evitar para la construcción y uso residencial. Sobre los plazos, ha indicado que se han ampliado para presentar los proyectos «y continuaremos ampliándolos siempre que sea necesario». Asimismo, preguntado por «quejas» en la demora en la aprobación de las memorias y por si se van a destinar más recursos para intentar acelerar la tramitación, el Secretario de Estado ha destacado que el Gobierno está haciendo algo «que no se había hecho nunca en nuestro país». «Nunca se habían pagado el 100 por cien de los daños de las infraestructuras de los ayuntamientos, se había pagado el 50%, y tanto para los técnicos municipales como el propio Gobierno de España es un terreno nuevo», ha justificado, pero ha añadido que los consistorios tienen a su disposición la empresa pública Tragsa que les permite que contraten con ellos y les hagan las memorias. Así, ha sostenido que están «avanzando a gran velocidad y hay muchas memorias que se han presentado, muchísimas, más de 400 millones que ya tenemos activas y vamos a continuar agilizando todos los trámites», con la ayuda de los técnicos municipales, a quienes ha agradecido el esfuerzo realizado, al igual que a los ayuntamientos, a los alcaldes y «también de toda la sociedad, que tiene que entender que con dinero público tenemos que actuar con cautela y responsabilidad». No obsante, ha añadido que «en cualquiera de los municipios y a través del visor que ha puesto el Gobierno de España», se puede comprobar «con facilidad» las actuaciones de esta administración y ha subraayado que en esta «semana de alto voltaje político», el ejecutivo central «continúa trabajando, con todos sus esfuerzos, dialogando con los alcaldes y avanzando en esa recuperación con más de 8.200 millones de euros inyectados en un año a empresas, familias e instituciones». «El 10,3% del PIB de la provincia de Valencia, en un solo año», ha concretado. Según el Gobierno, más de 209.000 hogares y empresas han sido ya indemnizados a través del Consorcio de Compensación de Seguros, se han reparado infraestructuras esenciales, restablecido carreteras, ferrocarriles y servicios públicos, y se han transferido más de 1.868 millones de euros a los ayuntamientos afectados para la reconstrucción local. Asimismo, más de 3.100 personas en situación de desempleo han encontrado trabajo a través del Plan de Empleo puesto en marcha para apoyar la recuperación, y 40.000 familias han recibido ayudas directas para la reposición de vehículos con distintivo ambiental. «De cada 100 euros, 85 han sido aportados por el Gobierno de España. Pero queda mucho por hacer, queda mucho por reconstruir, quedan muchas empresas, quedan muchos autónomos por apoyarles y vamos a seguir en esa tarea», ha asegurado porque aunque la reconstrucción no ha acabado, cree que «podemos ser optimistas de que el esfuerzo global del conjunto de la ciudadanía española, a través de sus impuestos y del Gobierno de España, ha permitido también que se mejore la situación y ahora podamos ver con relativa esperanza el futuro económico y social de la provincia de Valencia». Arcadi España ha instado a «centrarnos en la realidad, como decimos en Valencia, en la faena, y no dedicarse, como hacen otras administraciones, a criticar otras ayudas, cuando no pueden defender su propia gestión». Por su parte, Zulima Pérez ha destacado que el nuevo paquete de medidas «no solo consolida lo conseguido, sino que amplía las ayudas y la capacidad de respuesta de nuestros municipios ante futuras emergencias» y ha puesto en valor la colaboración con los ayuntamientos: «Esta ha sido una tarea colectiva. Las alcaldesas y alcaldes han sido pieza clave para canalizar las ayudas, y hoy les damos nuevas herramientas para seguir avanzando hacia la normalidad». El nuevo decreto introduce nuevos fondos y mecanismos con el objetivo de eeforzar y reactivar las zonas afectadas, ampliando las ayudas a las personas, pymes y sectores estratégicos y apuntalar la preparación y resiliencia de los municipios ante futuras emergencias climáticas. Entre las principales medidas destacan la creación del fondo Reinicia+ Fepyme Dana Plus, con 300 millones de euros para apoyar a las pymes y fomentar la innovación en prevención y gestión de riesgos; adaptación de los PERTE de automoción y naval para facilitar la reposición de maquinaria y materiales; ampliación del Plan Reinicia AUTO+ para la compra de vehículos sostenibles o una nueva línea de 60 millones de euros para adaptar edificios y zonas inundables. Asimismo, contempla la declaración de interés general de las actuaciones de recuperación ecológica de l'Albufera, con una inversión total de 132,5 millones de euros y un sistema estructural de avales ICO-Dana, con una línea de préstamos de hasta 5.000 millones de euros para hogares, empresas y autónomos.
