Diferenciar la justicia de la demagogia electoral, por Hernán Chaparro
Entre fines de noviembre y principios de diciembre se realizarán las elecciones internas para oficializar las candidaturas para el 2026. Esto ha llevado a que, en estos días, aparezcan con más frecuencia, o que simplemente aparezcan, algunos de los candidatos con aspiraciones presidenciales. Sabemos que con la llegada de las fiestas de fin de año las actividades de campaña disminuirán, pero esta ventana de mayor activismo ha vuelto a evocar la preocupación, o el deseo, de ver quién tomará la posta el próximo año.
Las encuestas electorales muestran que no hay favoritos, pero del aproximadamente 40% que menciona algún candidato, tres cuartas partes son personas vinculadas a lo que se suele denominar derecha. Si, como señaló un estudio realizado por el centro Wiñaq (difundido por El Comercio), entre el 2006 y el 2021 el voto por los partidos de derecha ha sumado un 40% en promedio, la posibilidad de crecer más sería limitada. Varios de los candidatos que hoy figuran en los sondeos tienen bancadas en un Congreso con niveles históricos de desaprobación. Eso podría explicar por qué las intervenciones de estos días (López Aliaga, Keiko Fujimori, Fernán Altuve) han estado más centradas en diferenciarse de otras candidaturas que se podrían considerar, por el electorado, similares.
Como señalamos en otro artículo, entre quienes todavía no deciden hay una mayor presencia de personas que se ubican en la izquierda y el centro políticos. Alfredo Torres ha señalado, en un artículo de Perú 21, que una variable a tomar en cuenta, asociada a la autopercepción ideológica, es si un candidato es visto como costeño o andino (considerando que los candidatos costeños suelen ubicarse más en la derecha y los andinos en la izquierda), donde la variable identitaria sería muy importante. Se vota por alguien en quien se pueda confiar o que genere expectativas confiables, aunque sea en la lógica del mal menor. Esto se relaciona con la investigación de Barrenechea y Encinas (2025), donde sostienen que, debajo de la rotación de candidatos y membretes partidarios, una constante en el voto peruano, desde 1990 a la fecha, es que este está asociado a las “divisiones socioeconómicas, étnicas y territoriales que favorecen a los líderes populistas”.
Aquí, el tema identitario no solo se vincula a lo étnico, sino que añade otras variables (como el nivel de pobreza y la ubicación geográfica) que pueden configurar la representación de un pueblo que se autopercibe excluido, injustamente, del poder. Una parte de ese proceso, para los autores, pasa por la presencia de un discurso populista, por parte de los candidatos, que durante el proceso electoral activa actitudes latentes en la población. Los candidatos que muchas veces terminan ganando son quienes construyen, con suficiente verosimilitud, un discurso donde se posicionan como los representantes de las reivindicaciones de quienes se ubican en la periferia, a la vez que señalan quiénes están asociados al enemigo común (los que están en el centro del poder económico, étnico o territorial). Hay un “anti” y un “pro” latentes que se activan con las performances de campaña.
La elección de PPK en el 2016, donde pudo más el “anti” que el “pro”, así como la idea del “menos malo”, sería una de las excepciones. Una elección que sería parcialmente explicada por estas variables es la de García en el 2006, que primero etiquetó a Lourdes Flores como “la candidata de los ricos” para finalmente ganar con la idea de un “cambio responsable” frente a un Humala vestido de polo rojo.
Desde el punto de vista de la población, la demanda populista ciudadana es de inclusión, que muchas veces se verbaliza como demanda de justicia, no necesariamente de democracia. La presencia de actitudes populistas en la población latinoamericana responde, en buena medida, a que el modelo de democracia liberal no ha logrado cumplir con la promesa de controlar el abuso del poder. En un estudio de Ipsos del 2021 estábamos en el cuarto lugar de nivel de populismo en la población, de 25 países estudiados. En otro estudio de Ipsos del 2025, donde se pregunta en 31 países del planeta por la opinión sobre el rol de las élites en el país, Perú tiene el porcentaje más alto (66%) que considera que las élites “tienden a tomar decisiones basadas en sus propios intereses y las necesidades del resto de la gente... no importan”. La gente percibe esto como injusticia.
Todos los candidatos propondrán un cambio, pero no de la misma manera ni con el mismo contenido. Las elecciones hacen que el nivel de populismo discursivo se incremente en todos los postulantes, sean candidatos ubicados en la derecha, el centro o la izquierda. Y suele ser un discurso donde la carga emotiva es considerable para señalar quién es el pueblo al que se representa y quién el enemigo (quiénes son los injustos). Tenemos una cultura política plebiscitaria donde muchas veces se centra la esperanza de justicia en un líder que dialogue directamente con la población, pasando por encima de las demás instituciones que, a ojos de la ciudadanía, no la toman en cuenta. Eso puede llevar a que propuestas tipo “jueces sin rostro” o cualquier otra versión de populismo punitivo tenga un grupo de seguidores (una propuesta que varias candidaturas ubicadas en la derecha vienen planteando), y no sabemos qué puede venir desde la izquierda o el centro. Uno esperaría propuestas que propongan orden, pero un orden incluyente, donde la ley sea igual para todos, que enfrente la delincuencia, que tanto preocupa, sin caer en la demagogia punitiva, deudora de nuestra tradición autoritaria. Uno de los grandes retos de quienes quieren renovar la política.
Barrenechea, R., & Encinas, D. (2025). Cleavages without Parties: Populism and Its Voters in Peru. Taiwan Journal of Democracy, 21(1), 53–73.