Opacidad, trabas burocráticas y presupuesto congelado: las familias lidian con las becas comedor de Madrid

Un nuevo curso académico en la Comunidad de Madrid supone un nuevo quebradero de cabeza para las familias que solicitan una beca educativa a la administración regional. Al mismo tiempo que se supo esta semana que una de cada tres solicitudes de las becas comedor resultaron denegadas el curso pasado, sin explicaciones sólidas por parte de la Consejería, se ha hecho público el nuevo contrato por el que la Comunidad ha aumentado este año un 18% el dinero otorgado a una empresa (Gureak) para externalizar la gestión de las solicitudes –un 135% más respecto al curso 2023/24–. 

Esta inversión no ha supuesto una simplificación del proceso ni una mayor asistencia a las familias que solicitan la ayuda. “Hay familias que están desesperadas”, denuncia la presidenta de la Federación madrileña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA Francisco Giner de los Ríos), Mari Carmen Morillas.

La Consejería de Educación no ha respondido las preguntas de este periódico referidas a los motivos que les han llevado a elevar por encima de los 650.000 euros el contrato a la empresa por la que se privatiza el servicio de recepción, gestión y comunicación de las solicitudes. “Toda la documentación sobre justificación e importes de los contratos públicos se puede consultar en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid”, aseguran estas fuentes, aunque el contrato lo único que argumenta es que la contratación de personal interino para realizar este trabajo supondría casi 200.000 euros más de dinero público. Así, la Comunidad de Madrid justifica el pago de 650.000 euros a una empresa licitada por la gestión de un servicio público como es la tramitación de las becas comedor, de gran importancia para familias en situación de pobreza.

Sin embargo, una gestión directa de la Comunidad podría facilitar la “comprobación automática de la renta” que, según la responsable de Incidencia Política de Educo, María Lafuente, es “fundamental” para que el derecho al comedor se extienda a todo aquel niño o niña que lo necesite. El curso pasado 137.000 alumnos se beneficiaron de la ayuda, que solo sufraga el comedor escolar en su totalidad al 2% de los solicitantes, el resto reciben la ayuda de casi la mitad del precio de este servicio escolar. Alrededor de 140.000 niños madrileños viven en una situación de pobreza severa y Lafuente incide: “La clave es que todo el alumnado que necesite esta beca la tenga, y eso en la Comunidad de Madrid no está pasando”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado lunes los datos macroeconómicos de la comunidad, que creció un 2,9% en el último año. Ayuso erige a Madrid como el “motor” económico que tira de España, “a pesar de” Pedro Sánchez. El Gobierno madrileño presumió hace unos meses de ampliar este curso la cobertura de la ayuda alimentaria a hijos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la región y de ampliar los umbrales de renta permitidos en el caso de las familias numerosas, pero ha mantenido la partida presupuestaria en los 68 millones, como el curso anterior. Todo ello dificulta el aumento del número de niños que puedan recibir una beca que sufrague el 100% del precio del comedor escolar que, de momento, se limita prácticamente a las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital y a los alumnos amparados por la Protección Internacional.

A pesar de la ampliación del umbral de renta que se contempla para la concesión de las becas, Morillas remarca que “aún sigue siendo insuficiente”. De los 137.000 beneficiarios de las becas comedor del curso anterior aproximadamente 40.000 fueron los únicos que recibieron el sufragio total del coste del comedor escolar, una cifra muy por debajo del índice de pobreza infantil, que se sitúa en el 30,2%, superando los 300.000 niños y adolescentes en riesgo de exclusión social.

Otro de los problemas según la presidenta de la FAPA es la dificultad burocrática del proceso que permite solicitudes únicamente a través de internet, en las secretarías de los centros y en ventanilla única, donde no se revisa que el solicitante haya presentado todo lo necesario para el trámite. “No es fácil”, dice Morillas, a lo que añade: “Y los recursos, menos”. Desde la FAPA aseguran que han tenido que “mediar” entre los colegios y la Administración porque hay centros y familias que llegan a una “bancarrota técnica” incluso antes de recibir las becas adjudicadas. La primera remesa de becas se recibió el año pasado en diciembre. “Para nosotros, el modelo ideal sería un comedor gratuito, universal y de gestión pública directa”, explica Morillas, a lo que Lafuente añade: “Es una herramienta clave de equidad educativa”.

Una sola respuesta: 'Excluido'

Pilar tiene dos hijos y una hija que estudian en cursos de primaria de un colegio público del barrio madrileño de Tetuán. A pesar de que los dos últimos cursos recibieron una beca parcial del precio del comedor escolar para cada uno de sus hijos, al intentar la renovación automática de la ayuda este año la respuesta de la Administración ha sido de una sola palabra: “Excluido”. Su unidad familiar supera este año por muy poco el umbral de renta permitido para la beca, pero continúa dentro de lo permitido si se consideran las tres solicitudes de sus tres hijos como miembros de una sola familia numerosa. Desde un primer momento, la gestora no lo ha tomado como tal.

En conversación con elDiario.es, Pilar relata la odisea que ha atravesado para intentar subsanar esta resolución y comunicarle a la Consejería que, en su caso, conforman una familia numerosa que está amparada por la ayuda. Al escribir al correo de contacto (infobecascen@madrid.org), recibió una respuesta automática que decía 'El buzón de correo del destinatario está lleno...', y cuando rellenó el formulario de contacto de la aplicación móvil, nunca recibió una contestación. Como la lista provisional se publicó el 31 de julio, los centros educativos estaban cerrados y las familias no podían acudir a ellos para poder preguntar. “La convocatoria se publica demasiado tarde”, denuncia la portavoz de Educo.

Tras recibir una segunda resolución negativa en la lista definitiva, con las mismas escasas explicaciones, Pilar cuenta su impotencia: “Si siempre me contestan lo mismo, y no puedo comunicarme con ellos, no sé si han mirado mi caso”. Aun así, ha presentado un recurso contra la decisión de la Comunidad de Madrid, a pesar de las dudas que le suscita el proceso: “Yo no soy abogada, no sé si hay que redactarlo de una manera determinada”. Mientras espera la respuesta final, Pilar y el resto de familias solicitantes pagan el precio completo del comedor escolar, en caso de poder hacerlo. “Conozco familias en mi colegio que no los llevan al comedor porque no pueden pagar lo que no cubre la beca o esperar a que les digan algo”, denuncia.

Un trámite que tanto para Pilar como para las fuentes expertas consultadas debería ser de comprobación y concesión automática por parte de la Administración es completamente opaco, sin información ni explicaciones y pone en riesgo el derecho alimentario de los alumnos. “Esto lo pagan los niños”, lamenta esta madre, que añade: “Es un derecho que no debería dejarse únicamente en manos de las familias”.