Begoña Gómez, la asesora y el delegado del Gobierno plantan al juez Peinado en la cita que decidirá si les acerca al juicio

La mujer del presidente del Gobierno no acude finalmente a comparecer en la cita clave en que el juez Juan Carlos Peinado decidirá si da un paso más para que sea juzgada con un tribunal de jurado por un delito de malversación de caudales públicos en relación a su asesora de Moncloa.

Sí que ha acudido este sábado, en su representación, su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, que ha entrado por la puerta principal de los tribunales madrileños.

Tampoco ha asistido el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, que estará representado por la Abogacía del Estado.

Y, de igual forma, no ha hecho acto de presencia en los juzgados de Plaza de Castila la alto cargo de Presidencia del Gobierno imputada. En nombre de Cristina Álvarez sí que ha entrado en la sede judicial su abogado, José María de Pablo.

Fuentes del Gobierno confirman a LA RAZÓN que han optado por no asistir presencialmente a la cita al entender que no influye en ningún caso en la causa y tampoco puede reportarles ninguna consecuencia a nivel judicial.

Los tres imputados se apoyan en la doctrina de la Fiscalía General del Estado que establece que "en cuanto al imputado, el traslado de la imputación ha debido hacerse en un momento anterior" y, por tanto, "en la comparecencia tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado".

En esa circular de 1995, el Ministerio Público establece, en este sentido, que "la presencia del imputado no es indispensable", y a ello se han agarrado la esposa de Pedro Sánchez, Álvarez y el delegado madrileño para no tener que sentarse, una vez más, ante al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El magistrado escuchará hoy la posición Ministerio Fiscal, que se prevé que pida el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que las tres defensas. Saegún explican a este diario fuentes conocedoras del caso, la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, reclamará la práctica de más diligencias de investigación que estiman "indispensables" antes de que el juez Peinado resuelva si ordena seguir hacia la apertura de juicio oral.

Si el magistrado las aprueba, o dicta él otras, por su lado, se retrasará el momento en el que el instructor ordene que las partes presenten su escrito de conclusiones previas, como paso previo a que dilucide si habrá juicio.

En esta pieza separada del "caso Begoña Gómez" se indaga en si hubo un desvío de fondos públicos en que Álvarez, como directora de Programas, haya intervenido en cuestiones de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Por ello, el juez atribuye una responsabilidad penal, además de a la asistente, a la propia esposa del jefe del Ejecutivo y a Martín, que fue su superior jerárquico como secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023.