Los obispos desembolsaron unos 800.000 euros en indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales

Alrededor de 800.000 euros. Este es el cálculo aproximado de la cantidad que la Iglesia española ha puesto para indemnizar a las 39 víctimas de abusos que cuentan con un dictamen definitivo del plan PRIVA, el organismo creado por la Conferencia Episcopal (CEE) en julio del año pasado para una “reparación integral” de los supervivientes de la pederastia clerical. PRIVA se puso en marcha después de meter en un cajón las conclusiones de la auditoría encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo por un millón de euros y que nunca llegaron a hacerse públicas. La cifra dedicada a las personas afectadas no alcanza a la del coste del estudio de Cremades.

Los 800.000 euros que se calcula que han desembolsado los obispos suponen una media de 20.500 euros por víctima indemnizada (menos de la mitad de casos estudiados), aunque las cuantías distan mucho de ser homogéneas. Como informó la pasada semana la Conferencia Episcopal en una nota de prensa, a lo largo de este año de trabajo se han recibido 89 peticiones de solicitudes de reparación integral (32 pertenecientes a abusos sucedidos en órganos diocesanos y 57 en congregaciones religiosas). Tres cuartas partes de ellos se iniciaron por iniciativa de las víctimas y en casi todos los casos –al menos se han revelado dos excepciones– las indemnizaciones planteadas por el PRIVA fueron aceptadas por las víctimas y abonadas por las instituciones responsables.

De 3.000 a 100.000 euros

No se ha dado ningún caso en el que los obispos o las congregaciones se hayan negado a indemnizar una vez recibido el informe. Sin embargo, las víctimas se quejan de que las indemnizaciones dejan mucho que desear. Según han informado a elDiario.es desde PRIVA, las reparaciones económicas van desde los 3.000 a los 100.000 euros, aunque ambas cantidades no son significativas. Solo un caso recibió el importe bajo de la horquilla y solo uno, asumido por la diócesis de Barcelona, alcanzó el máximo.

Solo una de cada cuatro reparaciones son superiores a los 50.000 euros, mientras que los demás casos estimados superan de media los 6.000 euros. Los 800.000 euros totales están muy lejos de las cantidades que se vienen abonando en otros países. Sobre todo, se trata de una cantidad ínfima de indemnizados si se tienen en cuenta las estimaciones llevadas a cabo por el informe del Defensor del Pueblo –unas 450.000 víctimas en todo el país– e incluso el millar de casos de abusos reconocidos por la propia Conferencia Episcopal. La auditoría de Cremades contabilizaba al menos el doble de víctimas a indemnizar –unas 2.000– y recomendaba establecer “un fondo creado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros”.

“Una ofensa más”

“Cada vez que la Conferencia Episcopal abre la boca en los últimos tiempos, hace una ofensa más dentro de una larga lista”, lamentaron los responsables de la asociación Infancia Robada (ANIR) nada más conocerse el informe del plan PRIVA. “La horquilla entre 3.000 y 100.000 euros nos parece ofensiva”, aseguran a elDiario.es. Y piden a los obispos explicaciones y transparencia: “¿Qué casos se merecen 3.000, cuáles 10.000, 15.000 o 25.000?”.

“¿Bajo qué criterios piensan que una víctima de abusos sexuales en la infancia se puede ver reparada con una cantidad tan irrisoria?”, se preguntan las víctimas, que acusan a la CEE de “ningunear e, incluso, negar la verosimilitud de algunos de los casos que han ido tocando a su puerta”.

“Condenamos la actitud de esta jerarquía de la Iglesia española, porque creemos que no están haciendo el trabajo como se debe hacer”, señala Infancia Robada, que insiste en las reivindicaciones que presentaron a tres presidentes de la Conferencia Episcopal distintos (Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Luis Argüello), y que “siguen sin ser cumplidas, ni tan siquiera observadas”.

La mayor parte de las víctimas vinculadas a ANIR se han negado a participar en el plan de los obispos. Sostienen que están a la espera “de que el Gobierno haga su trabajo” y que en breve puedan “empezar a ver la luz”. Respecto a la Iglesia, “ya hace tiempo que la asociación cerró sus puertas a cualquier otro tipo de reunión, ni tan siquiera consideramos que se merezca un encuentro después del paripé que están haciendo a través de esto que llaman Plan PRIVA” finaliza.

Imprescriptibilidad de los delitos de pederastia

Por otro lado, grupos de víctimas capitaneadas por Miguel Hurtado, el denunciante del caso de abusos en Montserrat, han convocado una concentración este martes al mediodía a las puertas del Congreso de los Diputados para exigir a los partidos “que dejen de bloquear la ley de imprescriptibilidad de delitos de pederastia”.

“En junio de 2025 todos los partidos españoles excepto Vox votaron a favor de incluir la imprescriptibilidad penal de los delitos de pederastia en la propuesta de directiva europea contra el abuso sexual infantil”, plantea Hurtado en conversación con elDiario.es. A lo largo de estos meses, lamenta Hurtado, la Mesa del Congreso ha ampliado 26 veces el plazo de enmiendas a la totalidad de la propuesta. “Este es el gran enemigo de las víctimas de pederastia en la Iglesia. Si no solucionamos esto, no habrá ninguna propuesta de futuro para los supervivientes”, zanja.

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