Hacienda somos todos, también usted y su novio, presidenta
La única conspiración que ha habido aquí fue aquella urdida desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid para engañarnos a todos haciéndonos creer que se le había ofrecido un acuerdo. Todo lo demás, el estado de derecho funcionando a pleno rendimiento
La inspectora de Hacienda, ante la jueza sobre la pareja de Ayuso: “Como tenía muchos beneficios hizo facturas falsas”
No ganamos para desgracias, Isabel. Todo lo que va mal puede ir a peor. Tanto apuro y tanto desvelo para dilatar la causa a base de recursos extemporáneos, para ver si se jubilaba la magistrada instructora, Inmaculada Rodríguez, y la causa se perdía en el sueño de los justos de la justicia española, y llega la juez sustituta, Carmen García Medel, y abre juicio oral aún más rápido y con mayor contundencia a tu compañero de ático.
El auto de apertura viene, además, con la pedrea de rechazar sin contemplaciones la enésima petición sin más base legal que porque él lo vale: que no se abriera juicio hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviese el recurso de apelación presentado por el mismo encausado, que hizo todo lo posible para retrasar el proceso y ahora pide que se practiquen más pruebas y diligencias.
Al ciudadano Alberto González Amador se le abre juicio oral por todos los delitos posibles tras una extensa instrucción -fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal- y eso supone añadir hasta dos años más de cárcel a la petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses. Definitivamente va a ser que no era Hacienda quien debía dinero al novio, tal y como nos contó la novia en una comparecencia oficial como presidenta de la Comunidad de Madrid.
De todos los escenarios judiciales posibles, a la espera de qué suceda con la causa separada por corrupción en los negocios, se ha concretado el peor posible; un auténtico Sarajevo judicial, si fuéramos del mismo gusto por las metáforas que la presidenta y no tuviéramos respeto alguno por la memoria de los miles de víctimas de aquel asedio criminal. Pero tenemos ese respeto. Por eso sólo contemplamos el último acto de un proceso diáfanamente garantista, donde la Hacienda Pública y la Administración de Justicia han examinado con las máximas cauciones y una encomiable paciencia el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano.
La única conspiración que ha habido aquí fue aquella urdida desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid para engañarnos a todos haciéndonos creer que se le había ofrecido un acuerdo y luego se había retirado por orden del malvado Pedro Sánchez y, de paso, inducir la nulidad del proceso. Todo lo demás, el estado de derecho funcionando a pleno rendimiento.
Ambas juezas consideran que existen pruebas más que suficientes de cómo el encausado urdió y fabricó una trama delictiva con socios y testaferros para defraudar conscientemente al erario público. No fue un accidente, ni un error, ni una desgracia, ni un malentendido, ni una discrepancia contable. Se trata de un plan presuntamente delictivo ejecutado a través de una trama diseñada para hacer posible la comisión del fraude fiscal.
Al ciudadano Alberto González Amador aún le quedan el recurso presentado ante la Audiencia y una vista oral donde las acusaciones deberán demostrar sus cargos con pruebas. Mucho más de lo que Isabel Díaz Ayuso concedió a todos los ejemplares servidores públicos, a quienes condenó y difamó repetidamente en juicio sumarísimo sin más pruebas que su desparpajo y su impunidad como persona poderosa, frente a funcionarios públicos que únicamente pueden defenderse con la honestidad de su trabajo.
Del daño económico a la Hacienda Pública deberá responder, en su caso, el ciudadano Alberto González Amador. Del daño moral y político infligido a la Hacienda Pública y a la administración de Justicia aún debe responder la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hacienda somos todos, también usted, presidenta.