La pareja de Ayuso enfila el banquillo por un fraude a Hacienda que prolongó durante su relación con la presidenta

El caso por el presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador avanza en su recta final, ajeno a la reciente jubilación de la jueza de la causa que lo instruyó desde el principio. Una magistrada sustituta ha decidido que el periodo de tiempo hasta que llegue el nuevo titular del Juzgado, ya elegido, no suponga una dilación y este lunes dictó el auto de apertura de juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento, Alberto González Amador se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos, incluido el de grupo criminal, incorporado recientemente en su escrito por la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. 

El argumento más poderoso de las acusaciones es el mismo que dio origen al caso: un informe de 187 páginas en el que la Agencia Tributaria expone las conclusiones de 19 meses de investigación. Las pesquisas arrancaron cuando los técnicos de Hacienda se percataron de que el empresario había disparado sus ingresos sin incrementar la parte que debía pagar a la Administración pública. 

Las dos peritos que investigaron a González Amador comparecieron el 21 de marzo pasado en el juzgado para ratificar el contenido y las conclusiones de su informe, como ocurre en estos casos. Durante dos horas y media, una de ellas fue didáctica y rotunda: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta de que no”.

Alberto González Amador hizo el negocio de su vida en 2020, en los inicios de la pandemia de la COVID-19, cuando ingresó una cifra muy cercana a los dos millones de euros por una sola operación: poner en contacto a dos empresas españolas para que una vendiera y otra comprara material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. No conforme con incrementar tan exponencialmente sus ingresos, Alberto González Amador habría decidido que Hacienda no se llevaría lo que correspondía. Y para ello puso en marcha una trama de facturas falsas con las que aparentar que había tenido tantos gastos que apenas le había compensado la comisión de las mascarillas. 

La pareja de Ayuso se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 con unas facturas falsas que no tardaron en descubrir las inspectoras de la Agencia Tributaria. Las técnicas siguieron tirando del hilo y este les llevó al siguiente ejercicio, el de 2021, en el que Alberto González Amador habría dejado de ingresar a Hacienda un total de 195.951,41 euros, una cantidad todavía mayor que en el ejercicio anterior. 

La Agencia Tributaria establece como plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso significa que la declaración del año 2020 se debe presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. La primera noticia de la relación sentimental entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021, cuando una revista del corazón documentó un reciente viaje a Ibiza de la pareja. Esto implica que ya cuando presentó la primera declaración falseada, Alberto González Amador mantenía una relación estable con la presidenta madrileña.

Las tripas del informe de Hacienda revelan otro dato en este sentido. Las inspectoras tiraron del hilo y se adentraron en 2021. De junio de ese año data la factura de más de 900.000 euros por un trabajo en Costa de Marfil que nunca se realizó. La presunta factura falsa es de después del viaje de la pareja que confirmó su relación. 

Los pisos de lujo tras el fraude

Alberto González Amador compró en julio de 2022 la vivienda en una acaudalada zona de la capital donde vive con la presidenta madrileña. Fue en fechas próximas a la segunda declaración fraudulenta. De entrada ingresó a los propietarios 350.000 euros, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado por los dos ejercicios fiscales anteriores. Tres años después pareja continúa viviendo en esa casa, con una hipoteca suscrita por González Amador de 500.000 euros. Al menos hasta el 31 de agosto pasado, la pareja ha disfrutado también de un ático situado en el piso de arriba por el que el empresario y comisionista desembolsaba 5.000 euros al mes con un derecho a compra que se debería haber ejecutado antes del último día del mes pasado. 

Cuando estalló el escándalo, elDiario.es preguntó a la Comunidad de Madrid por el desembolso de la presidenta para vivir en dos viviendas de lujo, situadas una encima de la otra. La única respuesta fue que Isabel Díaz Ayuso no pagaba ningún alquiler. 

La jueza Inmaculada Iglesias dictó el auto de fin de la instrucción, en el que proponía juzgar a Alberto González Amador, el pasado mayo, después de escuchar a las peritos de Hacienda. La defensa del empresario ha recurrido su procesamiento ante la Audiencia Provincial y solo un pronunciamiento de los jueces de la segunda instancia favorable a su petición podría salvarle del banquillo. Mientras tanto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular han presentado sus peticiones de condena.

González Amador asegura que no se ha llamado a los testigos que demostrarían que los trabajos supuestamente inexistentes en realidad se hicieron y que, incluso con independencia de esta consideración de la Agencia Tributaria, la supuesta defraudación no llega a delito. En el caso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado la petición de condena es de tres años y nueve meses por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsificación de documentos. 

El escrito del PSOE y Más Madrid no incluye la acusación por dos fraudes fiscales porque el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de González Amador y estableció que la acusación popular no puede acusar por un delito del que es perjudicada la Hacienda Pública, que ya está representada por la Abogacía del Estado. Los partidos aportan dos delitos que no aparecen en los otros escritos de las acusaciones, el delito contable y el de grupo criminal. 

PSOE y Más Madrid creen que González Amador conformaba un grupo criminal junto al resto de los acusados, un socio del empresario, Maximiliano Niederer, y tres individuos de un pueblo de Sevilla que prestaron sus nombres y sociedades pantalla para las facturas falsas. 

Un caso poco frecuente

El caso de González Amador pertenece al 1% de los fraudes fiscales que encuentra la Agencia Tributaria y acaban en un juzgado, ya sea porque la cuota defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio o porque se ha producido en concurso con otros delitos. Con todo, la prioridad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es siempre recuperar el dinero hurtado a Hacienda y recabar la correspondiente multa. Así fue durante la investigación judicial a Alberto González Amador después de que su abogado ofreciera un pacto a la Fiscalía para asumir el fraude, ser condenado a ocho meses de cárcel –lo que implicaría que nunca entraría en prisión–, devolver lo defraudado y pagar la multa correspondiente.

La iniciativa de la acusación popular encontró posibles nuevos delitos excavando en los documentos recabados por Hacienda y evitó que se alcanzara ese acuerdo. PSOE y Más Madrid lograron la apertura de una pieza separada que se instruye a día de hoy por corrupción en los negocios y administración desleal y que supondría, de prosperar, un segundo juicio a González Amador. Por orden de la anterior jueza, y a propuesta de la Fiscalía, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya investiga los hechos.