Nunca pasa nada con las mujeres

La titular de Igualdad, Ana Redondo, anunció ayer que publicará un nuevo concurso para la adjudicación del contrato sobre pulseras para maltratadores. Por supuesto, la ministra no vinculó el anuncio con el escándalo por la incompetencia de su ministerio al contratar a una empresa proveedora de dispositivos que eran una auténtica chapuza. Todo es pura casualidad, pero aprovechó para matizar que introducirían «mejoras técnicas». Basta con que no empeoren aún más la situación de las mujeres amenazadas, a las que también mandó un mensaje tranquilizador porque «ninguna mujer fue asesinada». Hasta el umbral del asesinato, las mujeres que se quejen lo hacen sin justificación, siguiendo el hilo del absurdo e insultante análisis de la ministra Redondo, que encierra implícitamente el reconocimiento de que muchas de esas mujeres corrieron riesgos para su vida y su integridad física. Además, como los dispositivos son desmontables fácilmente o no dejaron registro de movimientos, las infracciones de las órdenes de alejamiento quedarán impunes. La responsabilidad política de la ministra Redondo y de su predecesora, Irene Montero, es tan evidente que Yolanda Díaz ha tenido que cubrirse las espaldas con la petición de una «pequeña investigación», concepto que la vicepresidenta segunda del Gobierno tendrá que aclarar, porque los riesgos generados para las mujeres pueden merecer una investigación no pequeña. Y para empezar esa investigación servirá el contundente comunicado que hizo público ayer el CGPJ sobre las ocasiones en las que informaron al Ministerio de Igualdad de los fallos detectados por numerosos tribunales en los nuevos dispositivos contratados por el departamento de Irene Montero y Ana Redondo, que negó esas informaciones. Por coherencia, cabría esperar de la Fiscalía General un comunicado similar, porque fue la institución que, en su Memoria de 2024, alertó de este grave episodio de indefensión de las mujeres amenazadas. Y si hay investigación, que sea para depurar responsabilidades, no para poner al Gobierno un maquillaje de gesto compungido. Las víctimas, en este caso y otra vez, son las mujeres. Irene Montero anunció que su bodrio legislativo del 'solo sí es sí' no iba a liberar a ningún violador ni a rebajar condenas, pese a estar advertido el Gobierno de que así iba a suceder. Luego culpó de machismo y de falta de formación a los jueces que, efectivamente, rebajaron condenas y excarcelaron violadores por la ley que ella promovió y que el Ejecutivo, con sus aliados, aprobó con entusiasmo inexplicable en el Parlamento, para luego rectificar con el apoyo inevitable del PP. Para el Gobierno y su coalición progresista, a la mujer solo la pone en riesgo la derecha con sus discursos 'negacionistas', nunca la incompetencia de sus ministras de Igualdad, que toman el relevo de una a otra en la ausencia de idoneidad para una función pública. Entre el consumo activo y sofisticado de prostitución por dirigentes del PSOE, el acoso sexual atribuido al asesor de cabecera del presidente del Gobierno, la benevolencia con violadores a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y, ahora, el escándalo de las pulseras de pega, este Gobierno tan «progresista y feminista» escribirá las páginas más negras de la protección a la mujer desde que la sociedad española tomó conciencia de que la violencia machista es inaceptable en cualquiera de sus manifestaciones. Negacionismo es no ver que estos episodios de doble moral y de torpeza legislativa hacen que pase y mucho contra la mujer en España. Negacionismo de la violencia machista es que el presidente del Gobierno no haya destituido de manera fulminante a la ministra Redondo.