La portavoz balear de Vox reta a varios excargos a demostrar en los juzgados el desvío de fondos públicos hacia el partido

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha asegurado este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a ir a los tribunales a los tres exdiputados de la formación que la semana pasada denunciaron las presiones a las que habrían sido sometidos para desviar “ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario en las islas a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo.

Las acusaciones de los tres excargos, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano -en la actualidad parlamentarios no adscritos-, han reabierto el debate sobre hasta qué punto los grupos parlamentarios pueden ser utilizados como instrumento de financiación de los partidos y si la ley debería reforzar los mecanismos de control para evitar que fondos públicos destinados a la representación institucional acaben sosteniendo a los aparatos políticos.

Preguntada al respecto, Cañadas ha aseverado que “las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”. “Por nuestra parte nos da igual quién quiera enredar. Entiendo que Vox es un partido que está creciendo muchísimo y hay mucha gente a la que le da rabia, pero nosotros lo tenemos muy claro: hemos venido a trabajar y vamos a seguir trabajando por los votantes que hemos tenido y por los votantes futuros, que seguramente serán muchos más”.

Con todo, la parlamentaria ha eludido profundizar en el asunto cuando se le ha inquirido sobre si denunciará ante la Justicia las manifestaciones de sus excompañeros de filas, limitándose a afirmar que “las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes, muy claras y, además, públicas. Por lo tanto, no voy a ser yo quien tenga que desmentir [las acusaciones]”. “De todos modos, sí les voy a decir una cosa: si yo estando en Vox viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes, me iría directamente a los juzgados. Creo que así ya les he contestado”.

De nuevo, preguntada sobre la posibilidad de denunciar las “injurias” a las que ha aludido, Cañadas ha rehusado responder: “No quiero hacer dar pie a más comedias. No voy a contestar nada que no sea sobre los grupos parlamentarios”. Cuando una de las periodistas ha señalado que su pregunta afecta a su grupo y a varios diputados, ha eludido de nuevo contestar: “No voy a normalizar lo que es anormal en este Parlament. Si ustedes me entienden, me lo respetan”, ha concluido.

Más tajante se ha pronunciado este lunes el portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster, quien ha defendido que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador, sin embargo, ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos.

El Tribunal de Cuentas alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. Una finalidad para la que ya existen otras subvenciones, como las de funcionamiento.

En contra de este criterio, Fúster ha justificado que ese dinero es necesario porque el partido “proporciona unos servicios vitales” a los grupos parlamentarios, entre los que ha mencionado “seguridad, una oficina técnica o jornadas de coordinación”. En esta línea, ha apuntado además que PP y PSOE realizan prácticas similares.

La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos reconoce que las formaciones pueden recibir aportaciones de los grupos parlamentarios, pero obliga a justificar su uso con transparencia y a garantizar que se destinen a fines compatibles con la actividad institucional. En este sentido, la práctica defendida por Vox, aunque amparada parcialmente por la legislación, se mueve en un terreno controvertido que podría derivar en responsabilidades si no se cumplen los requisitos de transparencia, autorización interna y finalidad institucional.

Cabe recordar que a fundación presidida por Abascal nació en 2020 con un capital de 30.000 euros del partido, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, cuentan con beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre los fines de Disenso, considerados de interés general, se cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. 

Como desveló elDiario.es, Vox ha transferido millones de euros a Disenso durante los últimos ocho años. Se trata de dinero principalmente procedente del partido de extrema derecha, que recibe 10 millones de euros de dinero público cada año (según los resultados electorales, los partidos políticos perciben una cantidad determinada para su funcionamiento) y unos 5 millones anuales de donaciones privadas. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.