La Fiscalía se alinea con García Ortiz y pide su absolución
La Fiscalía de Tribunal Supremo (TS) no ve indicios de delito en la actuación de Álvaro García Ortiz en la supuesta filtración de datos reservados del novio de Ayuso. En el escrito remitido al alto tribunal, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde. a la sazón "número dos" del fiscal general, reclama su absolución al no apreciar indicio alguno de que haya cometido un delito de revelación de secretos, por el que se enfrenta a una posible condena de hasta seis años de prisión.
Para el Ministerio Público, "ninguna intervención puede atribuirse" a García Ortiz "en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados" entre el abogado de Alberto González Amador -en los que reconocía el fraude tributario que se le imputa para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía y ver así reducida su petición de condena- y el fiscal del caso, Julián Salto.
"La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad" a que el fiscal general -insiste la representante del Ministerio Público- "adquirió conocimiento de la misma" (el 13 de marzo del pasado año) "y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía" al día siguiente.
"Los hechos descritos no son constitutivos de delito alguno", concluye, por lo que "no cabe responsabilidad alguna" por parte de García Ortiz.
Una veintena de testigos
La teniente fiscal del Supremo propone al tribunal que declaren una veintena de testigos, entre ellos el propio González Amador; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; Carlos Neira, abogado de González Amador; la fiscal superior de Madrid, Pilar Lastra; la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (que estuvo imputada en el procedimiento hasta el último momento); y varios periodistas, así como los responsables de Prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
En su relato de hechos, la Fiscalía asegura que el 13 de marzo de 2024, el jefe de Gabinete de Ayuso "transmitió a múltiples periodistas que la Fiscalía había ofreció un acuerdo" a González Amador "y que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes "de arriba" para impedir el acuerdo". Una noticia que, recuerda, fue recogida por diversos medios de comunicación y publicada por Miguel Ángel Rodríguez en la red social "X".
A las 21:29 horas de ese mismo día, añade, el diario "El Mundo" publicó una información que afirmaba que la Fiscalía "había ofrecido un acuerdo" a González Amador para que admitiera dos delitos fiscales.
"Evidente perjuicio" a la Fiscalía
"Como consecuencia de las publicaciones anteriores, que suponían atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio", sostiene, la fiscal superior de Madrid "contactó telefónicamente" con García Ortiz, quien pidió "que se le informase sobre la actividad llevada a cabo por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con los datos publicados". Algo que -añade- "permitió constatar que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía ni, por ello, una ulterior retirada del mismo".
A instancias del fiscal general, continúa ese relato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024 la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió entre los medios de comunicación social una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid.
"Esta nota contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales", recalca.