La sombra de la financiación de Vox: presiones a los grupos municipales

Vox presiona a sus grupos municipales para que financien al partido, según los testimonios de varios concejales de diversos puntos de España y la documentación aportada a LA RAZÓN. Este medio ha tenido acceso a correos internos de la formación donde se pide identificar a los miembros que no aceptan firmar los acuerdos que suponen esa inversión.

Las sombras en la financiación del partido de Santiago Abascal siempre han estado sobre la mesa. A finales de julio, el pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer una nueva sanción a Vox por infracción muy grave de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. El motivo fue haber recibido o aceptado donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

En este caso, la multa impuesta fue de 50.000 euros. Era la tercera vez que sancionan a Vox por su manera de financiarse aunque todavía pueden recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas. El debate interno sobre este asunto siempre ha estado latente entre las diferentes agrupaciones que expresaron su malestar porque considera que se les "ahoga" al tener que abonar una cantidad anual recurrente.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con grupos municipales de Vox de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Todo tienen el mismo relato y todos han sido víctimas de estas presiones desde hace años. Una de las pruebas de estos pagos obran en las diligencias judiciales por las que se investiga a una presidenta local por malversación.

La juez encargada de instruir el caso expuso las cuentas de la formación municipal y descubrió que había un movimiento bancario por un importe de 850 euros el 7 de diciembre de 2022. El concepto del mismo era "Abono Fra Vox" y la cuenta era la del partido a nivel nacional, según ha podido comprobar LA RAZÓN.

"Una caza de brujas"

Esta dinámica ha persistido a lo largo del tiempo aunque ha cambiado de modelo. Cabe reseñar que esta dinámica es habitual en otras formaciones tanto PSOE como del PP. Sin embargo, varias de estas agrupaciones de Santiago Abascal han denunciado presiones internas a lo largo de los años para hacer frente a esta cantidad.

Según relatan a este medio, en un primer momento las transferencias se hacían de forma directa. Esta forma cambió por una resolución del Tribunal de Cuentas relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos.

A finales de 2023, los grupos municipales recibieron una consigna sobre cómo llevar a cabo estas transferencias para cumplir la normativa. Un correo les explicaba los pasos a seguir y un contrato tipo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, con este encabezado. "Convenio de colaboración entre Vox y el Grupo Municipal de Vox en --------", se titulaba el contrato.

El quinto punto del documento era la clave para entender el motivo. "Considerando que el grupo precisa del oportuno soporte técnico y de la necesaria asistencia en todos los niveles, es por lo que Vox pone a su disposición la cobertura necesaria para dar el apoyo que precisa para el correcto y eficaz ejercicio de su labor", detalla.

Esta situación provocó un gran malestar interno en muchos de los representantes municipales porque consideran que la aportación debería ser voluntaria y que no tienen la asignación suficiente para afrontarla. Varios de los grupos se negaron y otros decidieron abandonar la formación de Santiago Abascal. Desde ese momento, las presiones se incrementaron. LA RAZÓN ha tenido acceso a un correo de la Gerencia de Vox donde se pone de manifiesto la necesidad de abordar esta situación.

"Como se nos dijo por parte de Gerencia Nacional, la instrucción es que aquellos grupos donde el interventor no permita la firma del convenio, se nos pase una justificación por escrito del mismo interventor. También es obligatorio que todos los concejales del grupo municipal suscriban el convenio, en caso de que alguno de los concejales no esté de acuerdo o tenga reparos, el convenio no se firmaría, pero desde Gerencia nos solicitan saber qué casos son estos", señalan en un correo de marzo del año pasado.

Estas órdenes fueron tomadas como una "caza de brujas" por parte de los ediles. Un "señalamiento público" de quien entorpece la financiación del partido, defienden otros. La implantación del nuevo provocó más bajas en la formación por el "descontento" hacia las actuaciones. Los encargados de transmitir esta información a sus superiores eran los líderes de los grupos municipales que a su vez también tenían el puesto de tesoreros.

La versión de Vox

La información no se compartía en el sino de estas agrupaciones y el oscurantismo reinaba. "No se nos ofrecía muchos datos solo que había que pagar y una cantidad desproporcionada", añaden un afiliado. Precisamente, en algunos municipios incluso se llegó a pedir dinero como donación a cambio de ir en puestos relevantes en las elecciones municipales. Una dinámica también recaudadora.

Fuentes de Vox defienden a LA RAZÓN que esta es una fuente de financiación habitual de todos los partidos políticos y que consiste en facturar los servicios que se prestan a los grupos institucionales (comunicación, audiovisuales, posicionamiento político, etc.). Remarcan que desde que el Tribunal de Cuentas publicó la moción en 2021, el partido ha seguido el mismo procedimiento.

Asimismo, con la última modificación legislativa, ni siquiera los convenios son necesarios, aunque ellos los lleven a cabo. También remarcan que el PSOE y el PP reciben mucho de los grupos institucionales. Existen dictámenes jurídicos aprobando los convenios y también una moción del Tribunal de Cuentas donde recomienda la firma de los mismos, cosa que también se refleja en el dictamen.

Las cifras hablan por si solas de la importancia de este capital para los partidos. En 2022, el PSOE cobró 8.863.246 euros de los grupos municipales y 6.722.324 euros de las diputaciones. El PP algo menos y transfirió 5.078.947 euros de los grupos municipales. Por su parte, Vox tuvo 143.149,88 euros de los grupos municipales y 38.650 de las diputaciones.

Para finalizar, desde Vox defienden que las facturas son emitidas por el partido y se pagan por los grupos con transferencias. Añaden que el Tribunal de Cuentas está auditando en este momento los ejercicios 2021 y 2022 "sin que hayan puesto inconvenientes". "Vox ya había iniciado este procedimiento en 2020 sin que se hayan generado discrepancias con el TCU por esta cuestión", añaden.

Además, subrayan que los grupos pasan auditorías de las intervenciones de las respectivas instituciones de que pueden discutir el procedimiento seguido por Vox. No ha habido objeciones de relevancia que reportar, concluyen.