150 detenidos en una manifestación en Londres para apoyar a Palestine Action

Unas 150 personas han sido detenidas este sábado en Londres por expresar su apoyo al grupo Palestine Action, prohibido en Reino Unido. El gobierno británico de Keir Starmer declaró a este grupo de protesta organización “terrorista” pese a que no utiliza la violencia directa, algo que despertó las protestas de colectivos sociales, ciudadanos y representantes del mundo de la cultura como la escritora Sally Rooney, el cineasta inglés Ken Loach o su guionista Paul Laverty.

Las consecuencias desde que entró en vigor la prohibición el 5 de julio han sido centenares de detenciones solo por apoyar —la mayoría con pancartas, cánticos y camisetas— a Palestine Action en concentraciones por todo el país. Más de 500 detenidos lo fueron en una manifestación el 9 de agosto en Londres, un centenar de los cuales eran personas septuagenarias.

Este sábado, según los organizadores, unas 1.500 personas se congregaron para protestar por la ilegalización de este colectivo que actúa contra empresas de defensa que venden armamento a Israel. Los manifestantes portaron carteles con lemas como 'Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action' y corearon consignas contra la policía, como 'Policía Metropolitana, no podéis esconderos, apoyáis el genocidio'. También un grupo identificado como Familiares de supervivientes del Holocausto condenó “el genocidio perpetrado por el Estado de Israel”.

Un portavoz de Scotland Yard ha afirmado que los agentes “seguirán arrestando a quien muestre su respaldo a la organización terrorista proscrita Palestine Action” en la manifestación organizada por el grupo Defend Our Juries. “Ha habido un esfuerzo coordinado para impedir que los agentes cumplan con su deber, que incluyó abusos físicos y verbales”, ha dicho la Policía, confirmando varias detenciones por agresión.

"Cuando el Gobierno detiene a personas bajo leyes antiterroristas por sentarse pacíficamente en una protesta, algo funciona muy mal en el Reino Unido"

Kerry Moscogiuri, de la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional, ha afirmado este sábado que “cuando el Gobierno detiene a personas bajo leyes antiterroristas por sentarse pacíficamente en una protesta, algo funciona muy mal en el Reino Unido”. Entre los asistentes había personas mayores y discapacitadas, algunas de las cuales se negaron a abandonar la plaza cuando los agentes intentaron retirarlas.

De forma paralela, centenares de personas se reunieron en la plaza Russell de Londres en otra manifestación convocada por la coalición que integran la Campaña de Solidaridad con Palestina y el movimiento Detener la Guerra, mientras que en Belfast (Irlanda del Norte) y Edimburgo (Escocia) también se celebraron concentraciones similares.

Palestine Action fue declarada organización terrorista en el Reino Unido tras reivindicar daños a aviones militares y bloquear instalaciones de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Inglaterra. Mirando a lo que hizo Palestine Action en junio, se encuentran incluso casos similares en el pasado donde no se ha aplicado esta legislación. En marzo de 2003, es decir, poco después de que entrara en vigor la ley contra el terrorismo, varias personas intentaron sin éxito meter una bomba casera para dañar las ruedas de unos aviones en una base militar para protestar contra la guerra de Irak. Después de años de juicios y apelaciones, cinco acusados fueron sancionados con condenas menores, reducidas o anuladas.

Las consecuencias desde que entró en vigor la prohibición el 5 de julio han sido visibles. La policía ha arrestado a más de 700 personas por apoyar -la mayoría con pancartas, cánticos y camisetas- a Palestine Action en concentraciones por todo el país. Más de 500 detenidos lo fueron en una manifestación el 9 de agosto en Londres. Entre las personas arrestadas, un centenar eran septuagenarias y 15 octogenarias, según los datos publicados por la policía.

Desde julio, más de 138 personas han sido acusadas formalmente por mostrar apoyo al grupo, mientras el Ministerio del Interior planea recurrir la decisión judicial que permitía a la organización impugnar su ilegalización.