Beneplácito chileno al embajador israelí, ¿un acto contradictorio?
A fines de agosto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, decidió no dar el beneplácito al nuevo embajador nombrado por Israel en Brasil. El punto de quiebre que explica esta acción, se produjo cuando, en febrero, Lula dijo que lo que ocurre en Gaza no es una guerra y acusó a Israel de cometer un “genocidio” y comparó sus acciones con el exterminio del pueblo judío por parte de los nazis.
A contra sensu, el gobierno de Chile le acaba de dar el beneplácito al nuevo embajador de ese país, Peleg Lewi, tras la salida del polémico embajador Gil Artzyeli, a pesar de que el propio presidente Boric en su última cuenta pública acuso al gobierno de ese país de “genocidio y limpieza étnica sobre el pueblo palestino”, retiro dos agregados militares de Tel Aviv y que Chile, entre otros, se haya sumado (el 12/09/2024) a la acusación de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas.
A simple vista, entonces, este beneplácito de Chile no sólo parece contradictorio con la visión del conductor de la política exterior, sino con la propia política que ha primado desde 1990 y que se ha basado en la adhesión y respeto irrestricto al derecho internacional (incluyendo el humanitario), la solución pacífica de controversias, el multilateralismo y cooperación internacional, la promoción de la democracia y los derechos humanos, etc.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU de 1948, adoptada tras el asesinato masivo de judíos por la Alemania nazi, define el genocidio como crímenes cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Hoy es Israel el acusado de genocidio en Gaza en la Corte Internacional de Justicia al violar las Convenciones de Ginebra, acusación refrendada por varios países, organizaciones (Amnistía Internacional, Médicos Sin Frontera o la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio – IAGS, etc.), la ONU a través de agencias, comisión independiente y relatores (Michael Fakhri y Francesca Albanese), entre muchos otros.
Hoy también son las autoridades israelíes las acusadas de crímenes de guerra y contra la humanidad en la Corte Penal Internacional: el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant tienen orden de detención internacional, mientras se investigan a decenas de comandantes como el general Ghassan Alian, jefe de COGAT (acrónimo de Coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios de Israel y Palestinos) y ciento de soldados israelíes por crímenes similares
Israel es acusado de no respetar el derecho internacional y, particularmente, las resoluciones de Naciones Unidas desde la 181 (II) de 1947 y que dividía el territorio palestino en 2 Estado y con Jerusalén como “corpus separatum” bajo un régimen internacional”. Amnistía Internacional señala también la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU (11/12/1948), la que establece en su artículo 11 que los palestinos expulsados con el Plan Dalet (entre 700.000 y 750.000 que hoy son residentes de Gaza junto a su descendencia) de sus casas y tierras (Nakba) tienen el derecho al retorno y ser indemnizados por la potencia ocupante. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad (22/11/1967), que establece como inadmisible que Israel conquiste o expanda territorio por medio de la guerra y se ordena su retirada. La N°3236 de la Asamblea General (20/11/1974), que establece el reconocimiento de que el pueblo palestino tiene derecho a la libre determinación, la independencia y la soberanía nacional en conformidad con la Carta de la ONU. La N° 446 del Consejo de Seguridad (22/03/1979), que declara ilegal la ocupación de territorios palestinos y la construcción de asentamientos judíos y que Israel como una potencia ocupante que tiene la obligación de cumplir con los Convenios de Ginebra. La N°478 del Consejo de Seguridad (08/1980) que niega que Jerusalén se la capital Israel. La N° 799 del Consejo de Seguridad (18/12/1992) que condena la expulsión forzada de población palestina de los territorios ocupados tras la guerra de 1967 y 1973. La N°1397 del Consejo de Seguridad (12/03/2002), un documento histórico al ser la primera vez en que en el Consejo de Seguridad se expresa un firme apoyo a la solución biestatal del conflicto israelí-palestino, con Israel y Palestina coexistiendo pacíficamente. La N°1515 del Consejo de Seguridad (19/11/2003), que ratifica todas las resoluciones anteriores, incluyendo el derecho del pueblo palestino a contar con su Estado. La N°2324 del Consejo de Seguridad (23/11/2016) que reconoce que los asentamientos israelíes en territorio ocupado desde 1967 son ilegales. Por nombras algunas de las muchas.
Pero lo que preocupa urgentemente es la situación en Gaza generada por Israel hoy (el presidente israelí, Isaac Herzog, declaró que “No hay civiles inocentes en Gaza”). Esta ha alcanzado un punto de no retorno de acuerdo a varios análisis serios. Más de 63 mil muertos (inmensa mayoría civiles indefensos), más de 160 mil heridos (21 mil niños discapacitados), destrucción prácticamente total de la infraestructura: se estima que más del 90% de las viviendas están dañadas o destruidas y que los sistemas de atención de la salud, agua, saneamiento e higiene han colapsado. El bloqueo de Gaza ha llevado a una hambruna aguda (medio millón se encuentran en una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte – OMS) y carencias absolutas a toda la población palestina. Se sigue asesinando a civiles que buscan alimentos, mientras a junio de 2026 la desnutrición amenazará la vida de 132.000 niños menores de cinco años.
Antes del conflicto, Gaza ya era “la prisión más grande de la tierra” desde el 2007, año en que Israel impuso un bloqueo indefinido tras la toma del poder por parte de Hamás y/o el “infierno en la tierra” como la denomino Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas (20/05/2021). Hoy, al cumplirse casi 2 años de conflicto (07/10/2023), es un escenario catastrófico con consecuencias prácticamente irreversibles, imposibles de reparar (basta pensar en esos hijos de la guerra y los efectos futuros).
Gaza se ha transformado en un contexto en el que todos los valores y visiones que creíamos nos vinculaban como humanidad, como civilización que había dejado atrás la barbarie, han quedado anulados (machacados) por completo. Así, mientras la magnitud de esta crisis exige una respuesta sostenida de presión, a gran escala y multisectorial de todos los actores internacional, el “agreement” diplomático al embajador israelí en Chile, a lo menos, parece incoherente a pesar de los interese involucrados. Más allá de la persona misma, quizás el haberlo dejado pendiente como lo hizo Lula da Silva hubiese sido más prudente y de acorde con los principios y valores que han guido nuestra política exterior, más aún cuando hay un genocidio en marcha.