El juez Peinado imputa a Begoña Gómez malversación por la asesora de Moncloa y la vuelve a citar

El juez Juan Carlos Peinado imputa a la mujer del presidente del Gobierno un quinto delito, esta vez malversación de caudales públicos, por las gestiones privadas que para ella realizó la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, vinculadas a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se suma así a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional por los que ya se la investigaba judicialmente.

El instructor del «caso Begoña Gómez» la cita para volverla a interrogar el próximo 11 de septiembre, a partir de las 10:30 horas. Será la cuarta vez que se siente frente al juez, aunque, en esta ocasión, solo le preguntará por la supuesta «desviación de fondos públicos en favor de intereses privados» relacionados, directamente, con la actividad profesional que desarrollaba la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también imputa este nuevo delito a la alto cargo del Gobierno. Por ello, un día antes que su jefa, Álvarez tendrá que declarar como investigada por este delito de malversación a las 11:00 horas.

Hasta ahora, solo estaba siendo investigado en esta pieza separada de la causa el actual delegado del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por haber sido el máximo responsable de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno. De ella dependía formalmente la asesora, cuando pidió fondos a empresas privadas para la cátedra extraordinaria o realizó consultas sobre cómo registrar el software –que, paralelamente, se investiga si se apropió indebidamente Gómez– a funcionarios de la UCM.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Peinado se apoya en que la Audiencia Provincial de Madrid apuntó a que Álvarez también tendría «responsabilidad», a nivel penal, tras presuntamente haberse sobrepasado en el desempeño de sus funciones públicas «para favorecer el plan delictivo» de Gómez, en el plano del tráfico de influencias.

Esto es que la trabajadora de Moncloa habría participado en que Gómez presuntamente se prevaliese de su condición de mujer de la segunda máxima autoridad del Estado para, por ejemplo, obtener dinero para financiar la ya extinta cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). O en relación al empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en este procedimiento, y de cuyas empresas también se habría «valido» la mujer de Sánchez en el marco de su faceta profesional.

La malversación que se investiga estaría en que –como recuerda el instructor, citando a los magistrados madrileños– se habrían «desviado medios públicos», principalmente, el sueldo público que Álvarez cobra de la Administración con cargo a los Presupuestos Generales del Estado). Para ponerse, luego, «indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados» de la actividad laboral que desarrollaba la mujer de Sánchez en la cátedra de la que dependían los dos másteres que ofrecía.

Las labores de Álvarez como directora de Programas se limitan sobre el papel a «la gestión de la agenda, del correo, dar soporto de seguridad y protocolo», las tareas propias de un asistente. Y los indicios de delito están en que Álvarez se habría excedido en ellas. Concretamente, al ejercer de interlocutora con la dirección de la universidad para abordar, en nombre de Gómez, distintos asuntos de la cátedra.

Así lo confirmó, en su momento, el antiguo vicerrector del centro universitario Juan Carlos Doadrio, cuando dijo «tener muchos correos» con la esposa del también líder del PSOE y su «asistenta», Álvarez, a la que identificó como la «persona de confianza» de Gómez, ya que –refirió– «siempre la acompañaba cuando iba a la universidad» y era la «receptora» de los mails que le enviaba.

Pero también porque solicitó directamente a la directora de comunicación de Reale Seguros que la compañía continuase un curso académico más como patrocinadora económica de la cátedra extraordinaria.

No olvidó la Sección 23 de la Audiencia madrileña, y así lo incluye Peinado en su último auto, que la propia asesora declaró en sede judicial que a ella la había contratado Gómez, dado que mantenía, con ella, una «amistad personal» desde hace años por haber trabajado juntas en una compañía de mercadotecnia. «Siendo (esta) la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Gómez», advirtió, en su momento la Audiencia Provincial.

La instancia superior a Peinado puso especialmente el acento en que esta «desviación» de recursos estatales a favor de los intereses de Gómez habría tenido lugar «dentro de una estructura institucionalizada de poder, que sirve para reforzar la indudable influencia, como es la Presidencia del Gobierno» para la que Álvarez trabajaba desde el verano de 2018 en que el PSOE recuperó el Gobierno, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Juntas dieron el salto a la Moncloa.

Esta nueva imputación se produce después de que la Audiencia de Madrid apuntase a que siempre habían actuado siempre desde su posición de directora de la cátedra de TSC y de empleada del Ejecutivo, respectivamente, y ello las incluye en la categoría de funcionarios público, lo que, a nivel jurídico, ha habilitado al juez Peinado a investigarlas por un delito que solo pueden cometer miembros de este grupo profesional.

Hay que tener en cuenta que, asimismo, está pendiente que el juez Peinado reciba en su mesa el informe que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre si la asesora mantuvo comunicaciones telefónicas, desde que fue nombrada, con sus números corporativos, con las distintas empresas vinculadas a la cátedra.

Tanto las que desarrollaron, altruistamente, el programa informático de la cátedra (Telefónica, Indra, Google y Manpower) como las que pusieron dinero para la cátedra (fundación La Caixa y Reale).

Los magistrados madrileños también autorizaron esta pesquisa al entender que es de «mínima intensidad» y, a la vez, «proporcional y necesaria» para indagar en cómo Álvarez habría actuado a favor de los «intereses privados» Gómez, mientras cobraba un salario procedente de fondos públicos.