El rechazo vecinal y empresarial frenan la expansión del biogás en Barbastro (Huesca)

Barbastro, la capital de la comarca aragonesa del Somontano, es conocida por sus vinos, su patrimonio cultural y su apuesta por la agroindustria sostenible. Ahora, también ha abierto un intenso debate en torno a la implantación de plantas de biogás. Lo que comenzó como una discusión sobre un primer proyecto ha derivado en un conflicto de mayor calado, al descubrirse que hay en marcha otras dos solicitudes de instalaciones similares en el término municipal.

La cuestión ha encendido un debate político que se ha trasladado al pleno municipal y ha puesto a prueba los equilibrios de gobierno entre el Partido Popular y Vox, el partido en que se apoya de manera puntual. También ha despertado un rechazo vecinal creciente y ha generado preocupación entre empresarios locales. Todo ello ha desembocado en la aprobación de una moratoria para frenar nuevas plantas, en un contexto que trasciende a Barbastro y refleja un fenómeno más amplio que afecta a otras localidades aragonesas.

El Grupo Municipal Socialista dio la voz de alarma a finales de mayo tras registrar una solicitud formal de información en el Ayuntamiento. El PSOE descubrió entonces que, además de un proyecto en marcha, otras dos empresas habían solicitado ya la compatibilidad urbanística para instalar plantas de biogás en Barbastro. La existencia de estas iniciativas no había sido comunicada ni en comisiones ni en plenos.

“Es muy grave que se mantenga en secreto la existencia de otros dos proyectos, dada la enorme afección que estas instalaciones pueden tener para el entorno, la salud pública y la calidad de vida de nuestros vecinos”, denuncia el portavoz socialista, Daniel Gracia. Según los datos conocidos, uno de los nuevos proyectos se ubicaría en el polígono industrial Valle del Cinca, y el otro en dirección al santuario de El Pueyo, a apenas tres kilómetros del casco urbano. Los nombres de las empresas no han trascendido.

Este descubrimiento ha acentuado la presión política sobre el equipo de gobierno, liderado por el alcalde Fernando Torres (PP), a quien la oposición acusa de falta de transparencia. Desde el PSOE se considera que la ocultación de información ha impedido un debate público informado sobre el modelo de desarrollo urbano e industrial de la ciudad.

El primer proyecto en conocerse fue el de la empresa Ence Biogás, filial del Grupo Ence, que propone instalar una planta de producción de biometano en las inmediaciones de la salida 62 de la autovía A-22, a unos cinco kilómetros del centro urbano. El proyecto contempla una inversión de más de 20 millones de euros y la generación de empleo: 75 puestos durante la fase de construcción, 25 en operación y entre 50 y 75 indirectos. El impacto económico estimado para la zona asciende a 25 millones.

La planta procesaría residuos orgánicos como purines, estiércol y restos agrícolas para producir biometano, que se inyectaría a la red como sustituto del gas fósil. Como subproducto se obtendría fertilizante orgánico peletizado. La empresa defiende que el proceso se desarrollará en recintos cerrados, con biofiltros y sistemas avanzados que respetan las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) definidas por la Unión Europea.

“El proyecto está alineado con la estrategia de nuestra compañía de impulsar la economía circular y la descarbonización”, explica Andrés Rodríguez, director de Sostenibilidad de Ence. Según la empresa, su implantación ayudará a resolver uno de los problemas ambientales de la comarca: la gestión de residuos ganaderos y la contaminación por nitratos.

El alcalde, Fernando Torres, respalda el plan: “Barbastro cumple plenamente las necesidades de un proyecto de este tipo. Hay posibilidad de fácil conexión con las redes de gas y disponibilidad de materia prima”. La concejala de Desarrollo, Silvia Ramírez, defiende la transparencia del proceso, destacando que “el proyecto fue presentado primero a los grupos políticos y luego a asociaciones empresariales y vecinales”.

Oposición

A pesar de los beneficios económicos que proyecta la empresa, el proyecto ha recibido una fuerte oposición por parte del PSOE, Cambiar Barbastro y Vox. Los tres grupos votaron a favor de establecer una moratoria a nuevas plantas de biogás, mientras que el PP se abstuvo.

Daniel Gracia, portavoz socialista, argumenta que estas instalaciones “pueden afectar a la calidad de vida, la actividad económica y el equilibrio ambiental del Somontano”. Alerta de posibles emisiones, olores, aumento del tráfico pesado y el riesgo de que se incentive la ganadería intensiva, incompatible con el modelo agroalimentario que caracteriza a la comarca.

Marisol Cancer, de Cambiar Barbastro, subraya que la ubicación y los vientos predominantes (el cierzo) podrían llevar los olores directamente a la ciudad. También califica el proyecto de “no sostenible” y “potencialmente degradante para el entorno”.

Uno de los alegatos más firmes contra la planta ha llegado desde el ámbito empresarial. Los propietarios del área de servicio Área 62, situada a apenas 20 metros del emplazamiento previsto, han presentado alegaciones a través de la empresa Milleras 62. El complejo, que incluye gasolinera, restaurante, zona infantil y una balsa de agua potable, emplea a 22 personas y atiende a miles de viajeros.

Denuncian que la planta generaría olores persistentes que ahuyentarían a la clientela, colapsaría la rotonda de acceso a la A-22 con tráfico pesado y pondría en riesgo la calidad del agua y la seguridad de operar junto a una gasolinera y un depósito de GLP. “La planta amenaza los empleos y la viabilidad del negocio, afectando la actividad económica y social de Barbastro”, declara su responsable, Alejandro Rodríguez.

Ante la presión ciudadana y política, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción del PSOE para establecer una moratoria que impida la instalación de nuevas plantas de biogás hasta que se revise el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La medida fue respaldada por Cambiar y Vox, mientras el Partido Popular optó por abstenerse. El alcalde justificó entonces su postura alegando que “se trasladará a los técnicos para tomar la mejor decisión”.

“El PP tiene que decidir si está dispuesto a respetar la democracia o si solo la acepta cuando le conviene”, añade Gracia. El PSOE recuerda que ya se aprobó en su día una moratoria para plantas fotovoltaicas que no se llegó a aplicar y teme que ocurra lo mismo con esta medida. Reclama claridad, cumplimiento del mandato del pleno y responsabilidad institucional.

El caso de Barbastro no es único. En la cercana localidad de Azlor, un proyecto de este mismo perfil también ha levantado críticas, lo que ha conllevado la dimisión de la alcaldesa, Montserrat Galindo (Ciudadanos) y de dos concejales, Carlos Ballabriga (Ciudadanos) y Raúl Jordán (PP). En Albelda (Huesca), una plataforma vecinal se opone a una planta de biometano por su impacto en el turismo familiar y el Camino de Santiago. En Ricla (Zaragoza), el consistorio y empresarios han presentado alegaciones contra una instalación que procesaría gallinaza, aludiendo a efectos en el entorno y en la salud pública.