La Diputación de València lleva tres meses sin dar audiencia al excomisionado de la dana por el título falso pese a estar obligada

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) incumplió su propia normativa al no dar audiencia al ya excomisionado de la dana, José María Ángel, ni a los dos funcionarios investigados por la presunta falsificación del título académico del alto cargo, que le podría haber servido para mejorar su posición en la Diputación de Valencia en los años ochenta. El organismo que dirige Eduardo Beut reconoce en la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que a los implicados no se les da trámite de audiencia, antes de interrumpir las pesquisas al apreciar indicios de infracción administrativa, y trasladó a la Diputación que preside el PP la responsabilidad de informar a los investigados sobre el proceso y permitirles defenderse. La Corporación que dirige Vicente Mompó no lo hizo hasta el 31 de julio, cuando la información ya había saltado a los medios.

Cuando Antifraude decretó la interrupción de las actuaciones -algo habitual cuando la Agencia detecta irregularidades que exceden su competencia-, el órgano remitió a la Corporación Provincial el deber de realizar el trámite de audiencia a los presuntos responsables, “a efectos de garantizar debidamente su derecho a la defensa”. Esta cuestión viene regulada en la ley de creación de la AVAF, que indica, en su apartado sobre las garantías de investigación: “Cuando la agencia determine la posibilidad de la implicación individual en un hecho que es objeto de investigación, informará inmediatamente a la persona afectada y le dará trámite de audiencia”, como se ha efectuado en investigaciones anteriores. También prevé el supuesto en el que, si los afectados son altos cargos o funcionarios, se informe a la institución correspondiente. “Si las investigaciones de la agencia afectan personalmente a altos cargos, funcionarios, directivos o empleados públicos o privados, se informará a la persona responsable de la institución, órgano o ente de que dependan o en el que presten servicios, salvo los casos que exijan el mantenimiento de un secreto absoluto en beneficio de la investigación, en los que esta comunicación se deberá diferir”.

Según trasladó el propio Ángel, él no supo nada hasta que su investigación se volvió una noticia. “Resulta del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido en el que entiendo sería preceptivo trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad”, manifestó en el comunicado que realizó horas después de la publicación de la investigación. Y subrayó: “Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas que como en mi caso llevamos más de 40 años de servicio público”.

Tres meses después de que la Agencia cerrara su resolución, la Corporación remitió a Fiscalía la investigación, pero no se lo comunicó a los afectados. O a estos no les llegó esta comunicación. Su entorno confirma que en ningún momento se les ha requerido nada y la Diputación apunta que la investigación corresponde a Antifraude. Fuentes de la Corporación señalan que se abrió un expediente reservado el 31 de julio, una vez conocen la noticia, y se comunica a los afectados. Sin embargo, los funcionarios de la Agencia requirieron documentación a la Corporación, personándose, meses atrás, como recoge la causa.

La AVAF envió el expediente a la Diputación y solicitó que periódicamente se informara del desarrollo de las actuaciones, así como, si se daba, el archivo de la causa. El informe final de la Agencia es del 7 de mayo, tras una investigación de apenas un mes. La Corporación Provincial tardó tres meses en dar audiencia al excomisionado de la dana ni a los funcionarios acusados por el título falso, en una investigación que ahora ha asumido la Fiscalía Anticorrupción. Al ex alto cargo socialista se le acusa de presentar un título falso para mejorar su posición, mientras que a los dos funcionarios se les acusa de no realizar las comprobaciones oportunas sobre la titulación, avalando su conducta en una actuación negligente.

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, afirmó que la Corporación estudia personarse en la causa y reclamar el exceso de salario que ha percibido el excomisionado como funcionario de la casa. También anunció la institución que amortizará la plaza de asistente de los grupos políticos que ocupaba el excomisionado, una plaza de asesoramiento funcionarial a grupos políticos. La institución que dirige el PP también estudia cambios en la plaza que ocupa la esposa de Ángel, la exdiputada socialista Carmen Ninet, que es subdirectora del MuVim, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, y amortizar dos plazas más en el museo. Todo ello lo han sabido a través de la prensa.