El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla

El Gobierno de España ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan".

De esta manera, para el Ejecutivo, con la aprobación de este acuerdo entre el PP y Vox, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

Un acuerdo de PP y Vox

El pasado miércoles, el Partido Popular (PP) y Vox aprobaron en Jumilla (Murcia) la "primera medida" en España para impedir llevar a cabo celebraciones religiosas islámicas en lugares públicos. Concretamente, los de Abascal presentaron esta moción el pasado mes de junio, y el PP introdujo una enmienda para centrarse únicamente en las competencias municipales.

La propuesta del grupo parlamentario, aprobada con los votos del Partido Popular y Vox, elimina del calendario la Fiesta del Cordero o el Ramadán e "insta a las autoridades a luchar contra la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la cultura española".

La Conferencia Episcopal Española sale en defensa de los musulmanes

Las reacciones ante tal medida no tardaron en llegar, y más allá de las políticas -en las que tachan a los populares y los de Abascal de "xenofobia y racismo"- una de las más sorprendentes fue la de la Conferencia Episcopal Española, que se unió a la postura de la Comisión Islámica de España de pedir a los poderes públicos que garanticen el derecho a la libertad religiosa tras la moción.

"Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley", señalaron fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Unas palabras que para nada gustaron al líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo estar "perplejo y entristecido" por la posición de los obispos españoles. "Estoy perplejo realmente y no sé a qué se debe", se preguntó, mientras planteó que esta posición de los obispos no sabe si se debe "a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos"; o a los ingresos que reciben "como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas sino también al sostenimiento de estructuras".