Plin, Plan, Plum
El año pasado, el déficit público alcanzó prácticamente 5% del PIB. Fue el mayor en más de 30 años y pone en riesgo la capacidad de pago del gobierno mexicano. Por esa razón, hubo un compromiso de reducirlo durante 2025. Sin embargo, en los primeros seis meses del año la reducción ha sido casi nula: promedia 0.2% contra los primeros seis meses de 2024.
Pero esta reducción, así sea muy pequeña, se está logrando con el desplome de la inversión pública. Comparado con 2024, se ha reducido en 1.2 puntos del PIB. Sin embargo, los ingresos del gobierno han caído casi en la misma proporción: 0.9 puntos; por ello, el déficit se reduce poco. La caída en los ingresos se debe esencialmente a los ingresos petroleros, que se han contraído 1.1 puntos. Los ingresos propios de Pemex, que son parte de ese indicador, han caído en un punto del PIB.
Si comparamos cómo estaban las cosas antes del actual “modelo”, es decir, contra 2018, los ingresos sufren menos. No los petroleros, que tienen ese comportamiento desde entonces, pero los impuestos han aportado 2.4 puntos más en estos siete años. Lo malo es que el gasto ha crecido mucho más rápido: casi tres puntos. La causa es doble. Por un lado, las pensiones (todas, contributivas o no) han crecido en dos puntos del PIB; por otro, el costo financiero, es decir, el servicio de la deuda creciente, lo ha hecho en un punto.
El incremento en recaudación se ha debido a una cobranza más agresiva, por decirlo de algún modo. Por un tiempo, cuando podían usar la amenaza de prisión preventiva oficiosa, se podía considerar extorsión. Ese tiempo ha regresado, y más con el fin de la Suprema Corte autónoma, que ocurrirá en tres semanas, aunque en los hechos ya ha ocurrido. La caída en los ingresos petroleros, por otra parte, no parece que pueda detenerse en el corto plazo, porque su origen es la caída en la producción de petróleo y el mantenimiento de un sistema de refinación que pierde dinero cada minuto que opera.
El plan anunciado hace unos días –decíamos el viernes– no fue capaz de reconocer abiertamente el fracaso del “modelo” actual y el regreso a la reforma de 2013, por lo que sus posibilidades de éxito son muy remotas. La estratagema financiera, de la cual también hablamos en otra ocasión, significa patear el bote unos pocos años, pero abre ya la puerta al reconocimiento soberano de la deuda. Dicho de otro modo, la deuda de Pemex se irá trasladando a la deuda pública, y lo único que esperan los operadores de la estratagema es que pueda lograrse sin un desplome de la calificación.
Muchos colegas han evaluado ya el plan mencionado, pero me parecía relevante ponerlo en el contexto de las presionadas finanzas públicas, porque lo que se ha logrado en los siete años del “modelo” ha sido incrementar esa presión al mismo tiempo que deteriorar las condiciones operativas de Pemex. Es decir, hemos quemado dinero en cantidades ingentes.
Lo que procedía era reconocer el fracaso y corregir, es decir, regresar a las licitaciones para áreas de extracción, en las que las empresas privadas pagan más del doble de lo que Pemex nos paga ahora, así como reducir la refinación a niveles en los que, al menos, no se pierda dinero. Pero no lo hicieron, porque son incapaces de reconocer el daño que ellos mismos están causando. Las imposibles promesas del plan y las maromas financieras se sumarán al derrumbe de inversión pública para complicar aún más los ingresos del gobierno. El costo de la compra de votos y su natural consecuencia, el costo financiero, mantendrán elevados los gastos.
Mientras los tenedores de deuda puedan obtener un premio, aguantarán. Cuando las cifras ya no den, buscarán otros incautos. Esto no va bien.