Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial sentencia a 4 años de cárcel a Carlos Carrasco
El Poder Judicial impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva a Carlos Carrasco Paredes, vinculado al caso “Árbitros de Odebrecht”, tras acogerse a la figura de sentencia anticipada. Junto con la pena privativa de libertad, se le impuso una multa de 60 días y el pago de una reparación civil de 50,000 dólares.
Esta condena marca la primera sentencia alcanzada en el marco de este caso, y la novena que el Equipo Especial Lava Jato logra en el contexto de sus investigaciones. El despacho estuvo a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Cuarto Despacho del equipo especial.
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¿De qué se acusa a Carlos Carrasco?
De acuerdo con la acusación fiscal, se acusa a Carrasco Paredes, testaferro de Celso Gamarra Roig "al haber ocultado y mantenido, entre los años 2013 al 2017, dinero ilícito por US$ 200,000.00901 procedente de la coima pagada por Odebrecht a éste último, quien en su condición de Director en Concesiones en Transportes del MTC902, había acordado con representantes de la empresa brasileña, que el reconocimiento de pagos por trabajos de mantenimiento periódico en el sub tramo Planchón - Iberia, del proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 3: Inambari - Iñapari"903, se realice a través de la vía de trato directo 904 y no de un proceso diferente, ello a fin de acelerar los pagos
a favor de la mencionada empresa; por lo que, Celso Gamarra con la finalidad de evitar la identificación, incautación o decomiso de dicho dinero de origen maculado, se valió de su coinvestigado Carrasco Paredes 905, quien la fungió de su testaferro para la recepción 906 de dicho dinero ilícito".
Sobre el caso árbitros de Odebrecht
Según la tesis fiscal, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
La misma plantea que durante el proceso constructivo de las referidas obras públicas, "el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros habrían solicitado el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje", señala el Ministerio Público.
Fue en ese contexto que, según la Fiscalía, se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto habría ocurrido previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.