Los desafíos que esperan al próximo Gobierno
Fuera del PSOE, en el ámbito político de la oposición, y también en el empresarial, empiezan ya a echar cuentas de la herencia que dejará la etapa de Pedro Sánchez al próximo Gobierno. Los retos que afectarán a ese nuevo gabinete, y también al resto de principales agentes económicos.
De momento, ya hay un primer desafío que marca el alcance de la encrucijada: gestionar un país que llevará tres o cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) –depende de cuándo se convoquen las elecciones– y gestionar, al mismo tiempo, el fin de los fondos europeos «Next Generation».
Más allá de las cifras de crecimiento económico y de empleo, la ausencia de acuerdos políticos ha bloqueado avances legislativos fundamentales exigidos por la Unión Europea, «como la subida de impuestos medioambientales, la ley de industria o la reforma del sistema judicial». Y hay un consenso entre los socios, que puede calificarse de prácticamente unánime, sobre que esto no cambiará de aquí a que termine la legislatura, dure lo que dure.
Los fondos «Next Generation», que nacieron como respuesta a la pandemia, suponen un impulso histórico de más de 140.000 millones de euros para España, entre subvenciones y créditos. Pero en la agenda política y económica ya está marcado en rojo su próximo calendario. El plazo para comprometer fondos finaliza el 31 de agosto de 2026, y el último desembolso debe solicitarse antes del 31 de diciembre de 2026. Algunas inversiones podrían reprogramarse hasta 2030, pero bajo condiciones más exigentes.
«A pesar del volumen asignado, España solo ha ejecutado aproximadamente el 40 por ciento de las subvenciones y, atendiendo a los créditos solicitados, nos enfrentamos al riesgo de perder miles de millones si no aceleramos su ejecución», subrayan fuentes técnicas del equipo económico del Gobierno. Comunidades y sectores productivos ya están sintiendo el coste de la falta de presupuestos. Ámbitos como la Sanidad, la Educación o las infraestructuras «sufrirán cada vez más de una financiación desactualizada». Porque tampoco habrá consenso para que se reforme el actual sistema de financiación autonómica.
Subidas de impuestos o ajustes de gasto
Parece inevitable que el nuevo Gobierno que llegue, sea del color que sea, tendrá que buscar ingresos vía subida de impuestos o ajustes de gasto, y esto siempre genera tensiones sociales y políticas.
El discurso electoral, y la movilización también electoral del PP por parte de su cúpula, lleva parejo que el laboratorio ideológico de Alberto Núñez Feijóo, bastante centralizado en la fundación Reformismo21, ya esté mirando a los desafíos que tendrían que afrontar si esta vez sí llegan al poder cuando se celebren las próximas elecciones generales.
Entre estas prioridades sitúan la aprobación de unos presupuestos actualizados de manera urgente, para lo que necesitan de apoyos parlamentarios. La mayoría que reclama Feijóo no refiere solo a la investidura, sino que es clave, asimismo, para que el PP pueda asumir las decisiones legislativas que «dejará en herencia el desgobierno de la coalición progresista».
El último Pleno de este periodo de sesiones ha sido la confirmación de que, reste lo que reste de vida política al actual Ejecutivo, será una etapa de parálisis del país. Si hubiera elecciones el próximo año, y si se constituye un nuevo Gobierno, este tendrá que redoblar esfuerzos para ejecutar los fondos europeos restantes antes de 2026. Tendrá también que negociar con la UE una flexibilización temporal de plazos o el traspaso de fondos a instrumentos del Marco Financiero 2021-2027. Y deberá explorar con urgencia nuevos programas de la UE para el periodo 2028-2034.
«La herencia de Sánchez será un país con una capacidad muy limitada para definir prioridades y financiar políticas públicas». Una advertencia, desde el ámbito empresarial, que conjuga con el trabajo de quienes están ya preparando el aterrizaje de Feijóo en Moncloa. «Será crítico acelerar la gestión, reactivar todos los hitos incumplidos con Bruselas, movilizar recursos propios por la vía de unos presupuestos actualizados y, además, necesitamos un buen equipo económico y con influencia en Bruselas a fin de preparar la transición hacia nuevos mecanismos europeos de largo plazo».
Si todo esto queda condicionado, como hoy dicen las encuestas, a un entendimiento con Santiago Abascal, de la ecuación habrá que sacar la idea de la «celeridad». Vox ha convertido en una seña de identidad marcar distancias con el consenso europeo predominante. Aboga por una Europa de naciones soberanas, exige políticas de deportación de migrantes irregulares o propone derogar todas las iniciativas vinculadas al Pacto Verde y la Agenda 2030 porque las considera perjudiciales para la industria nacional y el empleo.