Un juez ordena el cierre de un centro con 148 menores migrantes en Gran Canaria y la detención de dos directivos

El magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria (Instrucción 3), Tomás Martín, ha ordenado el cierre de un centro para menores no acompañados situado en las inmediaciones de la Playa del Cabrón, en Arinaga, en el municipio de Agüimes.

Según fuentes cercanas a la investigación, en ese centro de primera llegada se encontraban en la actualidad 148 menores que tendrán que ser reubicados.

Esta actuación se enmarca en una causa, todavía secreta, en la que se investigan delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas.

En la operación han sido detenidos dos directivos de la entidad Quorum Social 77, que gestiona el centro de menores y que se define como “asociación no lucrativa que cuenta con una amplia experiencia en la intervención y el seguimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del sistema de protección”. Se trata de su presidenta y del director de los centros.

El juez también ha ordenado el registro de la sede de esta empresa en la calle Viera y Clavijo de la capital grancanaria y de otro centro de menores ubicado en Firgas.

El Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria ya había ordenado el pasado 19 de mayo el cierre de otro centro de menores no acompañados, La Fortaleza I, gestionado por la misma entidad, Quorum 77, ante “las numerosas evidencias y testimonios recibidos” sobre la presunta comisión en su interior de los delitos investigados.

En ese recurso vivían 43 menores que tuvieron que ser reubicados en otros centros. En aquel momento, el juez informó del cierre a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, responsable de la atención de los menores no acompañados que llegan a las Islas, para que procurara “las medidas precisas para asegurar el bienestar y la protección de las personas que allí residían”.

Días antes del cierre de ese centro de menores, la Consejería de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias había cesado a un jefe del servicio crítico con la gestión de estos centros, David León, que sólo llevaba cuatro meses como responsable de Protección de Menores.

Como publicó este periódico días después, el criterio de este jefe de servicio chocaba con el de la directora general de Menores, Sandra Rodríguez, porque entendía que se priorizaba mantener los centros abiertos “sin garantizar el interés superior de los menores”.