Errores, identidad y control fronterizo: las dudas que enfrentaron los ministros de Justicia y Seguridad ante el Senado por sicario prófugo

Órdenes “contradictorias con horas de desfase”, fue parte del relato del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre la liberación del sicario prófugo, en el Senado este martes. Donde la comisiones de Constitución y de Seguridad Pública analizaron en conjunto la situación que se ha generado con la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández.

La instancia también contó con la asistencia del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; del fiscal nacional, Ángel Valencia; del director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez y el director general de la PDI, Eduardo Cerna. A esta sesión, no obstante se ausentó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, lo que despertó críticas transversales de los senadores.

El senador Iván Moreira acusó que “es reiterativo esto de que autoridades de la Corte Suprema no participan” en las sesiones del Congreso y la senadora Paulina Vodanovic apuntó a que la Corte Suprema no está cumpliendo con facultades que le competen al no asistir.

El ministro Gajardo respondió a diversas inquietudes en la sesión sobre la liberación del sicario. Entre estos temas, remarcó nuevamente sobre la función de Gendarmería. “No caben defensas corporativas en este caso. Otra cosa es determinar dónde están los orígenes de los errores”, dijo Gajardo.

Sin embargo, defendió que “lo que le corresponde a Gendarmería cuando le llega una comunicación del Poder Judicial es, primero validar que sea por el conducto regular, y segundo validar de que sea una orden que cuente con los medios de verificación del Poder Judicial, es decir, que sea una orden válida”.

“Las comunicaciones que se le hicieron por parte del Poder Judicial a Gendarmería son comunicaciones al menos contradictorias. Y son comunicaciones que en un caso, una de ellas, deja sin efecto una resolución judicial”, expresó el titular de Justicia.

“El 9 de julio ingresa esta persona a través de una comunicación del Poder Judicial que en causa RUN tanto, causa RIT se ingresa en prisión preventiva. Al día siguiente, en la misma causa, en el mismo RUC, RIT y nombre, el tribunal comunica que se deje sin efecto la medida cautelar y ordena su libertad. En la razón por la que el tribunal comunica eso es algo que debe investigarse”, detalló Gajardo posteriormente en un punto de prensa.

Gajardo planteó en la instancia dos líneas a seguir para reforzar los protocolos a raíz de este caso: por un lado analizar los procedimientos de comunicaciones para la regularidad de situaciones normales y, por otro lado, determinar un procedimiento reforzado para casos de crimen organizado, que permita chequear y contra chequear los oficios enviados a Gendarmería.

Control fronterizo entre dudas

Por su parte, el ministro Luis Cordero respondió a las interpelaciones de los parlamentarios sobre la protección de las fronteras que se ha desprendido de este caso, ante dudas por la facilidad de cruzarlas.

“La preocupación central del Ejecutivo no solo tiene que ver con las condiciones actuales de la frontera, sino que en segundo lugar tiene que ver con los efectos potenciales del corredor bioceánico”, partió comentado al respecto.

Además, el ministro fue reiterativo al plantear que se podría reducir “a cero el ingreso de migrantes irregulares”, pero que la “permeabilidad de la frontera es estructural por otro tipo de razones, por ejemplo, la forma en que opera el contrabando”. “Lo que estoy diciendo es que no nos quedemos con que la situación de la frontera queda regulada simplemente por el control de la inmigración irregular”, indicó Cordero.

Cuestionamientos por error de identidad

En la sesión, también se indagó en la confusión con la identidad del sicario que en un comienzo se le conocía como Osmar Ferrer. Fue el fiscal Ángel Valencia quién se refirió a este incidente y explicó lo ocurrido.

“El problema que tenemos con el incidente de la identificación, les va a sonar raro, pero el sistema funcionó. O sea, un conjunto de medidas que hemos tomado en los últimos dos años para prevenir estos asuntos, funcionó. El problema es que está en libertad”, manifestó Valencia.

Las autoridades aclararon en la instancia que actualmente se le toma un registro biométrico al migrante indocumentado cuando es detenido, tras solicitud del Ministerio Público, lo que se ha implementado desde el 2023 en coordinación con el sistema penal, y que el Registro Civil ha puesto personal en los tribunales para realizar este trabajo.

“Es el Registro Civil quien enrola a estas personas, revisan las bases de datos si es que hay otro registro biométrico y le asigna un RUN provisorio para efectos de este proceso”, detalló el ministro Gajardo. “Las solicitudes que se reciben dan cuenta de personas que ya han tenido otro tipo de ingreso y se pueden chequear con los registros del Registro Civil”, complementó.

En este caso en particular, se señaló que este sujeto fue detenido en 2022, pero que en esa ocasión no se le hizo el enrolamiento respectivo al no estar implementado este sistema, y que en su reciente detención sí se le realizó este procedimiento, lo que permitió determinar, después del cruce de información, su identidad real.

Según Valencia, desde el 2023 en adelante se ha tenido más certeza respecto de que las personas que entran a prisión preventiva o están condenadas son efectivamente quienes dicen ser.