“Grave y urgente”: CIDH alerta sobre inacción estatal ante desaparición de Julia Chuñil

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Julia Chuñil, desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en un predio forestal de Máfil, Región de Los Ríos. La dirigenta había denunciado hostigamientos y amenazas desde 2018 por defender 900 hectáreas de bosque nativo.

Mediante la Resolución 48/2025 emitida el pasado 14 de julio, la CIDH instó al Estado chileno a redoblar los esfuerzos para esclarecer su paradero, informar periódicamente sobre las diligencias investigativas y mantener a su familia integrada en el proceso. El organismo internacional calificó su situación como “grave y urgente”, señalando un posible daño irreparable a sus derechos. La resolución establece un estándar de protección reforzada para defensoras indígenas en contextos de conflicto territorial.

La Comisión valoró acciones como la conformación de una mesa de búsqueda y el acompañamiento a la familia, pero advirtió que la falta de resultados concretos tras más de siete meses representa una amenaza directa a los derechos a la vida e integridad personal de Julia Chuñil.

Cabe recordar que la solicitud fue presentada el 8 de enero por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Fundación Escazú Ahora, basándose en el Acuerdo de Escazú, que resguarda a personas defensoras del medioambiente.

La abogada de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y representante de uno de los hijos de Chuñil, Mariela Santana, afirmó que el carácter de urgencia del requerimiento demanda del Estado un rol mucho más proactivo. En conversación con Radio Universidad de Chile, la jurista señaló que: “Lo que esperamos es que este pronunciamiento de la CIDH marque un punto de inflexión. No es solo una medida cautelar, es una advertencia clara al Estado de Chile sobre su inacción”.

“La Comisión ha validado lo que hemos denunciado desde el principio: que la investigación ha sido deficiente, sin enfoque en derechos humanos, sin participación real de la familia y sin voluntad efectiva de búsqueda”, afirmó.

Santana agregó que el Estado debe reestructurar profundamente la estrategia investigativa, incorporar activamente a la familia, someterse a monitoreo internacional y garantizar medidas concretas orientadas a la localización de la dirigenta.

A su vez, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, sostuvo que “América Latina es una de las regiones donde más peligros sufren las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente”. La principal autoridad organismo valoró la medida cautelar de la CIDH y llamó al Estado a adoptar nuevas medidas y hacer todo lo posible para dar con el paradero de Julia Chuñil.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), Juana Aguilera, declaró que el pronunciamiento de la CIDH reorienta una investigación “sesgada” llevada por el Ministerio Público, centrada en la familia de la dirigenta. Acusó intentos de inculpación mediante pruebas inexistentes, señalando un “entramado de montaje” que perpetúa la impunidad.

“Esta resolución obliga a los agentes estatales a enfocarse en la búsqueda de Julia, a garantizar verdad y justicia, y a detener toda actuación institucional que la desproteja aún más”, agregó. Además, recalcó que el gobierno de Gabriel Boric debe rendir cuentas ante instancias internacionales, explicando cómo abordarán la desaparición forzada y qué recursos destinarán para encontrarla.

Además, recordó que Chile ratificó la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, por lo que debe aplicar los principios rectores de Naciones Unidas para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Sobre la misma, advirtió que varios defensores y defensoras fueron víctimas de hostigamientos y muertes no esclarecidas, lo que exige al Estado priorizar la justicia ambiental.

Cabe mencionar que la CECT forma parte del espacio “Día a Día por Julia Chuñil”, articulación que reúne a cientos de organizaciones sociales, feministas, ambientales y de derechos humanos que exigen verdad y justicia para la dirigenta y su familia. La campaña ha convocado marchas, actos culturales y acciones internacionales que buscan romper el silencio institucional frente a lo que califican como un crimen de Estado.