El despacho que fundó Montoro pide que se anulen los correos en los que se basa la causa

Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en el epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero, ha pedido a la justicia que anule los correos clave en que se basa la causa, al considerar que se obtuvieron irregularmente.

Así lo ha solicitado la defensa de Equipo Económico en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Audiencia de Tarragona que anule estos correos, que fueron intervenidos por los Mossos d'Esquadra en un “hallazgo casual” durante un registro a la gasista Messer, en Vila-seca (Tarragona), que estaba limitado a la construcción de una planta en El Morell (Tarragona) entre 2007 y 2009.

Entre estos correos que la defensa quiere anular figura uno de diciembre de 2013, en el que un técnico de Messer le decía a su director general: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

A raíz del contenido de este correo, los Mossos alertaron al juez de que era “fácil” concluir que Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones de sus miembros con altos cargos de la Administración del Estado, lo que les situaba en una “posición privilegiada” para interceder con el Gobierno en defensa de los intereses de las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Según la defensa, a raíz de ese “hallazgo casual”, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona y los Mossos iniciaron una investigación “prospectiva”, que se mantuvo en secreto desde 2018 y que ha culminado con la imputación de Montoro y su equipo en Hacienda por supuestamente favorecer a empresas gasistas --se investiga también si de otros sectores-- modificando leyes para beneficiarlas, a cambio de dinero.

Los efectos de la posible nulidad

En su escrito, Equipo Económico apunta que, si se acaban excluyendo de la causa estos correos, “habrá que ver” hasta dónde alcanzan los efectos de la nulidad, ya que consideran que se trata de una prueba clave y que la regla general es que la nulidad de una prueba “vicia a su vez cualquier otra que hubiera sido obtenida como consecuencia de la anterior”.

“En nuestro caso, resulta simplemente imposible concebir que, por vías distintas a la entrada y registro practicada y de la aprehensión ilegítima de esos correos hubiera podido 'inevitablemente' llegar a obtenerse los datos 'relevantes' arrojados, precisamente, por esos correos electrónicos. Pero, será el juez instructor el que, una vez excluidos tales correos deba examinar el resto del procedimiento”, indica el escrito.

Según la defensa, el “hallazgo casual” de estos correos no estaba amparado por la orden de registro de Messer, ante lo que los Mossos, “al margen del más mínimo control judicial” realizaron una “investigación paralela y prospectiva” durante más de cinco meses, antes de entregar su informe al juez, el 20 de abril de 2018, en que por primera vez apuntaban al despacho creado por Montoro.

Según Equipo Económico, un auto de entrada y registro en un domicilio “no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no”.

En este sentido, resalta que el auto que autorizaba el registro en Messer lo limitaba a los datos que pudieran tener “una relación directa con los hechos objeto de investigación en la presente causa”, en ese caso relativa a la construcción de una planta en El Morell entre 2007 y 2009.

“Cualquier acceso o copia a otros ficheros o datos no relacionados directamente con la construcción de dicha planta de fraccionamiento de aire estaba vedada para los agentes que ejecutaron la diligencia de registro”, expone.

Equipo Económico: se ha hecho una investigación “prospectiva”

Además, pone de relieve que los correos clave intervenidos vinculados a Equipo Económico tenían fecha de finales de 2013, cuando la construcción de la nave que se investigaba fue entre 2007 y 2009.

Equipo Económico lamenta que el juez de Tarragona se limitara a “dar por buenos los excesos cometidos por los Mossos”, pese a que no había ninguna autorización judicial que legitimara la incautación de los correos, ya que no se trataba de un delito flagrante que lo hubiese justificado.

Al incorporarse estos correos, según la defensa, se inició una investigación prospectiva y sostenida en secreto durante más de siete años de instrucción.