La Diputación de Bizkaia pide ahora a Alonsotegi que devuelva casi un millón de euros por las obras falsas
Carambolas de la política, es un organismo del PNV el que pide a otro de EH Bildu, el partido que denunció la corrupción en el municipio, que se haga cargo del quebranto económico después de que la Justicia absolviera a los responsables después de tres confesiones
La Justicia absuelve a todos los implicados en el primer juicio por corrupción en Alonsotegi después de tres confesiones
Las carambolas de la política pueden llevar a que quien denunció un caso de corrupción, EH Bildu de Alonsotegi, tenga que hacer frente, ahora como gestores del Ayuntamiento de esa localidad vizcaína de unos 3.000 habitantes, a la devolución del dinero abonado por el alcalde del PNV denunciado a empresas constructoras por obras falsas. Y ocurre, precisamente, a instancias de una institución controlada por el PNV, la Diputación de Bizkaia. En concreto, son 600.000 euros más 321.967,49 euros en concepto de intereses de demora, 921.967,49 euros en total. Es exactamente el 20,97% del presupuesto anual del municipio. Y es un “roto”, según fuentes municipales, que han conocido en las últimas semanas la documentación y este mismo miércoles han recibido la noticia de viva voz en la Diputación.
Alonsotegi es uno de los municipios más nuevos de la comunidad autónoma. Nació en 1991 como escisión de Barakaldo. El más ilustre de quienes han nacido allí es el lehendakari entre 2012 y 2024, Iñigo Urkullu. Sin embargo, todos sus alcaldes entre 1999 y 2015, los tres del PNV, han acabado investigados. El caso que genera la devolución es el único que ha sido juzgado y completado. Hay otros dos en espera de juicio, uno con jurado y otro con un tribunal ordinario. Acumulan años de espera y retrasos.
Ese primer caso se corresponde con la etapa de José Luis Erezuma, ya fallecido. Fue regidor de 2011 a 2015. Ha quedado acreditado que posibilitó que unas empresas saldaran una deuda con cargo a una subvención solicitada a la Diputación, de 600.000 euros, y a otros 80.000 euros propios municipales a cuenta de unas obras que nunca se ejecutaron. Se emitieron certificaciones irregulares tras unas inundaciones, lo que les posibilitó acceder a fondos forales extraordinarios. Entonces el diputado responsable de esas partidas era el hoy alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, del PNV. Nadie vigiló en aquel momento que el sótano del Ayuntamiento, el muro del ambulatorio o el muro del Elkartegi nunca se habían reparado.
EH Bildu, estando en la oposición, denunció este caso. De hecho, ejerció de acusación en el proceso penal al lado de la Fiscalía. También se personó la propia Diputación de Bizkaia. El resultado de la causa judicial fue sorprendente. En la investigación, los empresarios Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de la contratista Laneder, confesaron la falsedad de las obras. Después, todos los implicados -además de Erezuma lo estaban el arquitecto municipal, Alberto Zulueta, y Marta Novo- llegaron a un principio de acuerdo con las acusaciones en el que admitían nuevamente los delitos y se comprometían a devolver el dinero -entonces, con intereses, rondaba los 900.000 euros- a cambio de no entrar en prisión. Hasta el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, habitualmente comedido con los casos que afectaban a su formación, consideró una “chapuza” lo sucedido en Alonsotegi, aunque evitó calificarlo como “corrupción”.
Sin embargo, no terminó de cerrarse un calendario de pagos, falleció Erezuma por una enfermedad y el resto fue a juicio desde cero. Tampoco en las vistas negaron los hechos. Y la sentencia dio por probado -en dos instancias- la falsedad de las obras... Sin embargo, no ha habido condena. Todos quedaron absueltos.
¿Qué ha sucedido ahora? El alto cargo foral Imanol Landa, exalcalde de Getxo y exsenador del PNV, ha incoado un procedimiento de “reintegro” para recuperar los 600.000 euros de la subvención otorgada en 2012 y los “intereses de demora”, que suponen más de un 50% adicional por el tiempo transcurrido. En la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico se remarca -incluso con texto en negrita- que son “hechos probados” que “dichas obras no se realizaron” o que se “falseó” documentación para poder lograr la financiación foral.
La Diputación alega que la no ejecución de los trabajos es motivo de “pérdida total de la subvención concedida”, según la normativa vigente en aquel momento, y que procede que sea el actual Ayuntamiento de Alonsotegi el que lo abone. Se plantea ir descontando de la financiación que otorga la Diputación a los municipios una cantidad determinada hasta saldar la deuda, aunque representa una proporción muy alta de las cuentas municipales.
Fuentes de EH Bildu en Alonsotegi no ocultan su sorpresa por estos planteamientos, de los que tuvieron noticia hace apenas unos días. Se remarca que el Ayuntamiento también participó en el proceso judicial y que lo hizo como “perjudicado”, no como responsable subsidiario de las irregularidades. Además, se insiste en que la Diputación no ha revisado nunca hasta ahora las certificaciones que le iban llegando. Abonó el dinero aunque los presupuestos, adjudicaciones de obras y presuntas entregas de las reformas se completaron en tiempo récord, apenas 21 días naturales, por ejemplo. No es descartable que esta pugna pueda acabar nuevamente en los tribunales.
En todo caso, quedan dos causas pendientes sobre las denuncias de irregularidades en Alonsotegi. La más avanzada, pendiente solamente de fecha de juicio, es la relativa al período de 2007 a 2011, con el 'jeltzale' Aitor Santisteban en la alcaldía. En este proceso, los hechos son muy similares a los de la etapa de Erezuma. Si en el primer caso se ha revisado una salida de unos 680.000 euros a la constructora Laneder, en el segundo la factura sube a 2,3 millones de euros y las beneficiarias fueron Laneder nuevamente pero también Pabisa (Campezo). El dinero procedía igualmente de Bizkaia en su mayoría (1,7 millones) pero también del Estado a través del 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero mediante dos asingaciones de 230.000 euros. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el exalcalde, los mismos que la Abogacía del Estado.
Entre los imputados figura igualmente Zulueta, arquitecto contratado por el Ayuntamiento. Es más, Santisteban y él aparecen en la tercera de las piezas, aunque engloba principalmente el mandato de Gabino Martínez de Arenaza, de 1999 a 2007. Aquí se analiza el agujero de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, cuyo quebranto económico se situaba según algunas fuentes en 15 millones de euros, más de tres veces el presupuesto total actual de la localidad.