La era de la energía limpia se atasca en el parlamentarismo fósil

La capacidad de generación de energía renovable mundial aumentó en 2024 un 19,8% respecto al año anterior, gracias a numerosas inversiones que buscan reemplazar progresivamente la generación eléctrica mediante combustibles fósiles. Esta transición energética no solo permite reducir emisiones de gases de efecto invernadero y rebajar la vulnerabilidad geopolítica, sino que también abarata el coste de la electricidad: según la Agencia Internacional de Energía, el 91% de toda la nueva energía renovable generada en 2024 fue más barata que su equivalente fósil.

A la luz de estos datos, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha declarado que “estamos al borde de una nueva era. Los combustibles fósiles están llegando a su fin. Amanece la era de la energía limpia”. Palabras inusualmente optimistas en alguien que suele ocupar titulares por sus duras pero certeras advertencias ante la inacción climática.

Quienes se toman en serio el problema del cambio climático saben que la prioridad número uno es dejar de quemar combustibles fósiles, usados en gran medida para generar electricidad. Aunque electrificar la economía con fuentes renovables no sea suficiente por sí sola para resolver la crisis ecosocial, constituye un paso imprescindible. Pero el gran desafío es el tiempo: no tenemos mucho margen si queremos evitar los peores escenarios que prevé la comunidad científica.

España es uno de los países que más rápidamente están desplegando energías renovables, a pesar de los intentos de gobiernos conservadores por ralentizar esta transición en las últimas décadas. Con la llegada de un gobierno progresista, ese despliegue se aceleró. Sin embargo, el reciente ‘Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico’, ha sido tumbado en el Congreso. Las derechas reaccionarias, junto con Podemos y un diputado de Sumar, lo rechazaron, cada cual esgrimiendo sus propios argumentos, pero con un resultado igual de perjudicial para la transición energética.

La derecha votó en contra por cálculo político: hace tiempo que utiliza cualquier herramienta parlamentaria para desgastar al gobierno, incluso en momentos críticos como una pandemia. La diferencia es que esta vez aprovecharon una fisura en el bloque de investidura. Aunque formaciones como PNV, EH Bildu, ERC o la mayoría de Sumar respaldaron el decreto, Podemos y un diputado disidente de Sumar se desmarcaron, debilitando así una norma clave para avanzar en la descarbonización.

Es obvio que el real-decreto no es perfecto, e incluso en algunos puntos es claramente insuficiente –como en lo referido a las necesarias medidas anti-oligopolio–. Al fin y al cabo, hay muchas formas de dar concreción a una transición energética, y no es la mejor la de conceder a las grandes empresas privadas demasiado control sobre el proceso. De hecho, lo ideal sería la existencia de empresas públicas que contribuyeran a fragmentar el oligopolio e impulsar la transición energética en una dirección política determinada: más horizontal, comunitaria y democrática. La transición energética más impresionante la está llevando a cabo China haciendo uso de un enorme tejido de empresas públicas, planificación económica y estricta regulación de los actores involucrados.

A pesar de estas críticas, el real decreto sí incorporaba muchas medidas en la dirección correcta y que llevan años siendo reclamadas por la izquierda ecologista. Por ejemplo, facilitaba la extensión del autoconsumo, promovía la instalación de bombas de calor y mejoraba las infraestructuras necesarias para la electrificación de la economía, incluyendo un importante despliegue para baterías dispuestas en red. De hecho, una asociación ecologista como Greenpeace ha subrayado las insuficiencias del real decreto, pero ha lamentado que no haya salido hacia delante. Desgraciadamente, todo esto decae como consecuencia de la combinación de oportunismo político y retardismo climático.

El retardismo, como decía Xan López, es la forma moderna del negacionismo climático. Dado que quienes niegan la evidencia científica están completamente fuera de juego en el foro público, la oposición a una electrificación acelerada se vehicula a través de un conjunto de argumentos que, irónicamente, la mayoría de las veces expresan buenas intenciones. De hecho, no hay en los díscolos diputados de izquierdas ningún rastro de lealtad al capital fósil, sino en todo caso una genuina preocupación por algunos efectos concretos de la transición energética.

Las contradicciones de la transición energética existen, tanto a nivel industrial como económico, social y territorial, pues estamos hablando de un proceso que está rediseñando nada más y nada menos que el metabolismo de las sociedades modernas. Los bloques políticos se fracturan y reordenan mientras el capital se encuentra dividido, el Estado busca su nuevo papel, los territorios sufren y se benefician desigualmente (por ejemplo, según dispongan o no de recursos energéticos y minerales) y las clases populares reciben los impactos de las decisiones (por ejemplo, en precios de consumo más elevados o reducidos según se tome una senda u otra).

Sin embargo, el retardismo climático implica, en la práctica, mantener el statu quo, lo que refuerza el poder persistente del capital fósil y bloquea la posibilidad de desplegar una estrategia eficaz y urgente frente al cambio climático. Los costes de no actuar son mucho más elevados —para las clases populares y sus territorios— que los costes de intervenir ahora. Por eso, el debate en la izquierda no debería situarse entre inmovilismo y purismo, sino entre modelos concretos de transición: quién la dirige, con qué instrumentos y en beneficio de quién. La inacción nunca es neutral: favorece a los intereses fósiles y crea oportunidades para los reaccionarios, mientras que sus víctimas son bien conocidas —el clima, las generaciones futuras y los sectores más vulnerables—. Si queremos que la era de la energía limpia no se quede en palabras vacías, necesitamos valentía política, visión estratégica y una auténtica lealtad climática, capaz de reconocer los costes de la transición y distribuirlos con justicia, sin ceder a inercias, miedos ni cálculos oportunistas.