¿Se está “impulsando” un embargo de armas mientras se importan desde Israel?

El pasado lunes 14 de julio, el PSOE y Sumar anunciaron un acuerdo para “impulsar” una ley que, afirmaban, establecería un embargo de armas a Israel. Ese mismo día, más de 1.200 profesionales de la cultura firmaban una carta en la que pedían un “embargo integral”. Aunque ambas iniciativas estaban estrechamente relacionadas, no pedían lo mismo de la misma forma.

PSOE y Sumar han acordado “impulsar” una modificación de la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Esa iniciativa, según señalaron, “permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el caso de Israel”. Es decir, no es una ley para el caso de Israel, sino una modificación motivada por ese caso. La actual Ley 53/2007 no prevé la opción de un embargo, y la proposición de ley pretende cubrir ese vacío.

El acuerdo es una consecuencia de la proposición de ley llevada al Congreso por Sumar y Podemos el 20 de mayo, que contó con el apoyo del PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y el BNG: 176 votos a favor por 171 en contra (del PP y Vox). Esa aprobación apenas suponía admitir a trámite la adopción de una proposición de ley que había sido presentada diez meses antes: el 19 de julio de 2024, por los grupos parlamentarios Republicano, Plurinacional Sumar y Mixto. En la base de la iniciativa se encontraba una petición de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que cuenta con 632 entidades sociales adheridas.

Un trámite lento

Es decir, PSOE y Sumar acaban de acordar “impulsar” en septiembre una modificación de la ley propuesta hace un año cuya “admisión a trámite” fue aprobada hace dos meses. ¿Qué falta para completar el proceso? Que el impulso se materialice, se discuta tanto en el Congreso como en el Senado, se propongan enmiendas y se cambie el texto, se acuerde una proposición del agrado de la mayoría, se vote, se apruebe, se hagan los procedimientos para modificar la Ley 53/2007 y se haga el trámite para el caso de Israel, todo respetando los tiempos correspondientes.

El mejor de los casos es que esa modificación de la ley se realice en los términos que está propuesta. El más probable es que quienes aprobaron en mayo su admisión a trámite no estén de acuerdo con formalizar todos sus contenidos y soliciten cambios. Algunos partidos ya se han manifestado favorables a una prohibición de las exportaciones, pero no de otras medidas incluidas en la proposición de ley, como las que figuran en relación con las importaciones o el tránsito. El proceso llevará, en el mejor de los casos, meses, y ya vamos dos años tarde.

Lo que pidieron los firmantes del mundo de la cultura fue un embargo integral de aplicación inmediata a través de un decreto ley, algo que, como indicó el investigador y profesor Eduardo Melero, puede aprobarse el próximo martes en el Consejo de ministros y entrar en vigor al día siguiente una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esa misma medida es la que llevan solicitando desde hace muchos meses centenares de organizaciones de la sociedad civil.

La Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel “pide al gobierno que declare un embargo militar completo a Israel que incluya compra, venta, tránsito y cualquier otra relación militar”. “Cualquier relación militar” parece una petición proporcional, responsable y coherente con quien se acusa de cometer todos los delitos más graves que la humanidad haya conseguido tipificar: los crímenes de agresión, contra la humanidad, guerra y genocidio.

Esos son, precisamente, los supuestos que la proposición de modificación de la Ley 53/2007 quiere introducir para la activación automática del embargo. A Israel se le acusa de cometerlos todos, y todos ellos son crímenes que requieren respuesta inmediata. El procedimiento en curso tiene todo el sentido si –y solo si– corre paralelo a la imposición, por decreto ley, de un embargo que haga efectivo de manera inmediata todo lo que pretende conseguirse con la modificación de la Ley 53/2007.

Tanto PSOE como Sumar siguen afirmando que ha habido “un bloqueo comercial por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023”. Eso no es verdad y sorprende con la evidencia existente, sustentada en información oficial y pública. Como ejemplo destacado, España exportó cartuchos a Israel en noviembre de 2023, valorados en 987.000 euros. Así lo reconoce Nammo –la compañía exportadora–, el Gobierno y los medios de comunicación noruegos [Nammo es noruega, y cuenta con una filial en Palencia], la autoridad aduanera de Israel y las estadísticas oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio de España. ¿Qué más evidencia hace falta?

En cuanto a las importaciones, desde octubre de 2023 el volumen en España es de nada menos que 29 millones de euros, según DataComex, solo considerando el código 93, que se denomina, precisamente, “armas y municiones”.

Un embargo habría impedido todo esto. También el grueso de las adjudicaciones de contratos armamentísticos a la industria israelí o el tránsito de armas con destino a Israel a través de territorio español.

Los intereses de Defensa con Israel

Acaban de salir los datos en DataComex correspondientes a mayo, precisamente el mismo mes en el que se realizó la votación en el Congreso. En mayo, España importó desde Israel 6,5 millones de euros de los códigos 93 (“armas y municiones”, 5.963.585€) y 8710 (“carros y vehículos blindados”, 548.623€). Se trata del mes con la mayor cantidad importada por el código 93 desde octubre de 2023. Es muy fácil comprobarlo en DataComex, les adjuntamos los pantallazos para facilitarlo:

También es el quinto mes en la historia con más importaciones por el código 93, después de marzo de 2009, diciembre de 2011, julio de 2013 y diciembre de 2022.

Entre octubre de 2023 y mayo de 2025 España ha importado de Israel al menos 54.370.124 euros (29.150.592 euros por el código 93 y 25.219.532€ por el 8710). Decimos “al menos” porque existe mucho material de defensa con otros códigos cuya aplicación militar no podemos determinar hasta que así lo haga la Secretaría de Estado de Comercio dentro de bastantes meses. 17.655.431 euros de los 29 millones del código 93 se han importado desde diciembre de 2024, en los últimos seis meses con registros.

Según DataComex, entre ese mes de diciembre y mayo de 2025, España ha sido la tercera máxima importadora en la Unión Europea (UE) de material de código 93 procedente de Israel [tras Países Bajos y Estonia]. Desde enero, la segunda [tras Estonia]y, desde febrero, la primera, con un tercio del total importado por la UE. En mayo, España importó el 78% del total de la UE por el código 93. En cuanto al código 8710, España ha sido la principal importadora de la UE desde diciembre, con el 69% del conjunto de los países miembros.

La práctica totalidad de lo importado desde diciembre de 2024 y también en septiembre de aquel año corresponde al subcódigo 9306 (“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes”), concretamente el 9306901000, que excluye los cartuchos y especifica “de guerra”. El 99,94% de los 21,1 millones importados por 9306 entre octubre de 2023 y mayo de 2025 se ha realizado desde septiembre de 2024. En los cinco meses de 2025 en DataComex aparece un mensaje que indica que el “flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”. Por el tipo de producto, por el volumen económico y por los tiempos, todo parece indicar que esas importaciones pueden estar directamente relacionadas con dos programas: los misiles Spike y/o los lanzacohetes SILAM.

Ambos programas se desarrollan en España, a través de empresas españolas que cuentan con un acuerdo con las fabricantes israelíes [Rafael para el Spike, Elbit para el SILAM] o de sus filiales en España [PAP Tecnos es una empresa española, pero también la filial de Rafael]. Pero los acuerdos de tecnología no lo ceden todo, y una parte continúa siendo exportada desde Israel.

En junio, autoridades del Ministerio de Defensa anunciaron el “plan de desconexión” de la tecnología militar israelí, lo que habría incluido –así lo anunciaron los medios– los proyectos relacionados con el Spike y el SILAM, aunque la secretaria de Estado de Defensa aclaró que “no está en riesgo absolutamente ningún programa”.

Unas medidas que se necesitan ahora

Es posible que para septiembre se haya importado de Israel todo lo que se pretendía importar. Quizá se completaron las entregas justo antes de que se anunciara el plan de desconexión o quizá se completen mientras se tramita la modificación de la ley. Es posible que se hayan acelerado esas entregas, pero también que simplemente se haya completado el calendario. En el Centre Delàs no tenemos manera de saberlo. En el Parlamento, tampoco. En cualquiera de estos supuestos, el procedimiento en curso que se espera (desea) que concluya con un embargo afectará al futuro, a pesar de que los crímenes son del presente y hace tiempo que vienen produciéndose.

El Gobierno de España ha tenido iniciativas y gestos que merecen reconocimiento, sobre todo cuando se comparan con las de sus aliados en la UE y la OTAN. De hecho, ese reconocimiento ha sido patente en todo el mundo, incluyendo, también, a una parte de la población palestina. Esas iniciativas y gestos han tenido un impacto en las relaciones armamentísticas con Israel, pero no en la forma que se ha comunicado. Desde octubre de 2023, la confusión ha sido frecuente en los medios de comunicación, los partidos políticos y entidades de la sociedad civil.

Desde el 7 de octubre de 2023, España no ha impuesto [todavía] ninguna medida administrativa que reduzca, limite, condicione, obligue o elimine las relaciones armamentísticas con Israel. Se está “impulsando” la primera –y la más importante– de esas medidas: el embargo. Pero llegamos muy tarde y las maneras propuestas sugieren que, en el mejor de los casos, vamos a tardar todavía más.