¿Golpe en la mesa presidencial?
En el caso Tabasco se ventilan complicidades político-criminales de las que está señalado como presunta cabeza Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.
También es posible que se trate —además de desarticular una red criminal— de una purga de personalidades que, en vez de sumar, restan políticamente al gobierno de la presidenta Sheinbaum.
El exgobernador no saldrá ileso de tan grave acusación a su subordinado, con lo que la presidenta se quitará de encima, si no a un enemigo, sí a un adversario político que deriva su poder de la confianza que le ha tenido Andrés Manuel López Obrador; también el gobernador tabasqueño, Javier May, verá en la muerte política de su antecesor un alivio.
Algunos de los presidentes que ha tenido México dieron, al poco tiempo de haber asumido el cargo, lo que sería un «golpe en la mesa» para afirmar quién era el nuevo mandamás ante los grupos de poder de sus antecesores.
Recordemos: Luis Echeverría designó a Gustavo Díaz Ordaz embajador de México en España en 1977, aunque GDO renunció antes de asumir el cargo, pero de ahí en adelante se mantuvo al margen; Miguel de la Madrid propuso la “Renovación moral”, idea con la que buscaba marcar distancia con el gobierno de José López Portillo, al que se criticaba por corrupción y despilfarro.
Carlos Salinas de Gortari ordenó la detención de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, líder del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, considerado un “intocable” del corporativismo priista. Ernesto Zedillo orilló al expresidente Carlos Salinas al autoexilio en Irlanda, después de que su hermano Raúl fue arrestado el 28 de febrero de 1995.
El golpe mediático con que Felipe Calderón inició su gobierno, tras una elección que él mismo cuestionaría involuntariamente con su “haiga sido como haiga sido”, fue diferente; consistió en el lanzamiento del Operativo Conjunto Michoacán, que marcó el inicio de la sangrienta y mal planeada guerra contra el narcotráfico.
Al día siguiente de que asumió la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México, acuerdo político entre PRI, PAN y PRD que formalizaría la existencia del PRIAN.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador apoyó su decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco (ubicación, por cierto, totalmente inadecuada) en una consulta popular ridícula —mientras más inverosímil, mejor— porque así enfatizaba su pretendido deslinde entre el poder político y el poder económico, representado en esa obra.
La acusación a Bermúdez Requena puede llegar a desactivar a personajes de Morena que no colaboran con la presidencia de Claudia Sheinbaum; puede dañar al propio López Obrador.
Es difícil imaginar que, por las implicaciones del caso, no se hubiera requerido la autorización de la presidenta para que el gobierno de Javier May, la fiscalía tabasqueña y la General de la República levantaran la acusación, y para que fuera Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, quien lo destapara ante la opinión pública.
De inscribirse este caso en la línea de presidentes que se han deshecho de adversarios dentro de sus filas, lo que es innegable es que trae consecuencias colaterales, indeseables, en momentos en que el gobierno estadounidense de Trump ha ido construyendo —con ayuda de sus cómplices internos— una narrativa para hacer creer que el nuestro es un narcoestado, idea con la que se pretende preparar una opinión pública favorable a las intenciones, no de cooperación, sino injerencistas y de subordinación de nuestro país.
No tenemos un narcoestado, lo que no quiere decir que el poder que tienen los cárteles del narco no haya tenido y tenga complicidades con fracciones de poder político, ni quiere decir, tampoco, que no sea una amenaza binacional: social y política para México, y de ganancias del negocio para Estados Unidos.
El caso Tabasco tiene, sin duda, profundidad interna y alcance binacional.