Pateando el avispero financiero
Desde el inicio de su administración, Trump ha intensificado su estrategia para frenar la entrada de drogas a su territorio; y, parece que cerrar las ventanas financieras al crimen, forma parte de las medidas a tomar.
En este contexto se entiende la acusación que lanzó la FinCEN del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Esta acusación no ocurre en el vacío: se enmarca en un contexto de creciente presión sobre México en distintos frentes. Presión que resulta desagradable y tiene consecuencias desafortunadas para nuestro país; sin embargo, parece que a la larga permite que Sheinbaum presione el acelerador sobre su agenda de seguridad. Y, aunque estamos atravesando una sensación de haber pateado el avispero, la crisis deviene necesaria para limpiar las diversas plagas que tiene nuestro país.
En el caso de CIBanco, Intercam y Vector, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones a estas entidades financieras por más de 185 millones de pesos y decretó una intervención administrativa sobre los bancos involucrados. Lo cual para muchos fue una reacción apresurada ante las acusaciones del Departamento del Tesoro; no obstante, lo cierto es que la CNBV llevaba meses investigando a estas instituciones. Se trata de procedimientos complejos, largos y muy delicados. Así que más que una reacción pronta, la realidad es que las autoridades mexicanas venían haciendo su trabajo en la dirección correcta y actuaron a tiempo buscando proteger tanto a los usuarios, como al sistema financiero.
El Departamento del Tesoro prohibirá que estas instituciones operen con contrapartes estadounidenses a partir del 4 de septiembre. Además, las multas impuestas por la CNBV reflejan la gravedad del caso: 92 millones de pesos a Intercam, 67 millones a CIBanco y 26 millones a Vector. Más allá de las cifras, lo que está en juego es el cumplimiento de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), así como la integridad y transparencia del sistema financiero, tanto en México como en el mundo. La intervención incluye, además, el monitoreo bajo supervisión directa de la CNBV y de Hacienda.
No obstante, lo más grave no está solo en los montos o en los titulares, sino en los efectos que esto puede tener para quienes día a día usan, ahorran o invierten en el sistema financiero. Y es que, ciertamente a todos conviene el combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero; sin embargo, mientras las piezas se acomodan, la ciudadanía empieza a resentir consecuencias negativas dentro de su realidad financiera.
Para empezar, la erosión de confianza en los bancos involucrados: según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), alrededor del 40% de sus clientes ya ha retirado fondos. Además, al quedar fuera de operaciones internacionales, estos bancos han visto restringidos servicios clave como transferencias internacionales, manejo de divisas o pagos en dólares. Los bancos deberán reforzar sus controles en la PLD, lo cual implica un incremento en costos de servicios para los usuarios que los utilizan para envío de remesas o similares. Posiblemente por ello estemos viendo que desde el gobierno se aliente el uso de la tarjeta Finabien Paisan@, como alternativa para el envío de recursos. Lo cual, si bien es acertado y abona a la inclusión financiera, no constituye una salida para todas las problemáticas financieras que se están presentando.
Detrás del escándalo, lo que más preocupa es la especulación sobre si estas medidas vendrán para otras instituciones. Por ello, las propias entidades financieras están presionadas para poner sus casas en orden y el gobierno se ve obligado a acelerar sus procesos de revisión y sanción. Son momentos inciertos e incómodos para todos, en donde nuestro punto de encuentro es entender que, en el motor de esa incomodidad, está el cambio que todos exigimos.