El Gobierno tiene encallada en España la ley para garantizar el plurilingüismo mientras lo promueve en la UE

A Europa rogando, pero ¿con el mazo dando? En el último año el Gobierno ha llevado varias veces al Consejo Europeo la petición de que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales en la Unión Europea, hasta ahora sin conseguir nunca la necesaria unanimidad de los 27. Sin embargo, este empeño contrasta con el hecho de que el Ejecutivo mantiene en un cajón desde hace casi dos años el proyecto de ley orgánica para la defensa del plurilingüismo que, según aseguró en diciembre de 2023, debía ser la garantia de una administración general del estado capaz de responder en cualquiera de sus lenguas oficiales.

La redacción de esta norma fue una de las propuestas estrella que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a la primera reunión con el entonces president Pere Aragonès al inicio de la legislatura. Enmarcada en la llamada “agenda del reencuentro” y en un momento en el que desde la Generalitat se volvía a insistir en asuntos como el referéndum, Sánchez y Aragonès pactaron esta ley de clara inspiración federal.

“Les anuncio que vamos a impulsar la aprobación de una Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo en el primer periodo de sesiones de las Cortes Generales en el año 2024”, aseguró Sánchez desde la galería gótica del Palau de la Generalitat. Una norma, dijo, que tenía como objetivo “proteger y fomentar las lenguas cooficiales y más concretamente el catalán”.

En la nota de prensa distribuida posteriormente se profundizaba en los objetivos de este proyecto legislativo. “Esta ley garantizará el derecho de la ciudadanía de Catalunya a dirigirse a la Administración General del Estado, y en especial de la Administración de Justicia presente en Catalunya o con jurisdicción en todo el estado, y a ser correspondida en catalán”, informó la Generalitat.

Pasados casi 20 meses desde aquel compromiso, la ley no solo no ha dado ni un paso sino que ha desaparecido de todas las previsiones. Ni el Ministerio de Política Territorial ni la Generalitat responden sobre si tienen previsto retomar el proyecto en algún momento. Mientras, desde ERC aseguran que por su parte sigue sobre la mesa y hay conversaciones, pero no prevén novedades a la vista.

Esta situación contrasta con la batalla que desde el Ministerio de Exteriores se está librando en el seno de la UE para intentar que los países miembros reconozcan las tres principales lenguas oficiales diferentes al castellano como oficiales en Europa. Un empeño que nació del pacto con Junts, pero que el Gobierno asegura que también forma parte de su propio interés por el reconocimiento de la diversidad lingüística. El Ejecutivo afirma, además, que desea mantener este pulso hasta el final.

Sin embargo, ambas cuestiones, el reconocimiento lingüístico europeo y el impulso plurilingüe en la Administración General del Estado, podrían estar más relacionadas de lo que parece a priori. El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo redactó un informe en enero pasado sobre la situaciones de las lenguas no oficiales en el que, a la hora de clasificar la situación en España, no la contaba entre los países que reconocen varias lenguas a nivel estatal, como Finlandia, Irlanda, Malta o Luxemburgo, sino con reconocimiento a nivel subestatal, como Italia, Holanda, Bélgica o Dinamarca.

Hay que recordar que, hasta el momento, las únicas lenguas minoritarias reconocidas como oficiales en la UE son aquellas que tienen reconocimiento a nivel estatal, como el gaélico irlandés o el maltés.

¿Cómo sería una ley de plurilingüismo?

A día de hoy, la realidad plurilingüe de España se traduce en que el castellano es la lengua oficial del Estado, y el catalán (junto a su variante valenciana, el valenciano), euskera y gallego lo son únicamente en las comunidades autónomas donde tienen esos idiomas como propios: Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, País Vasco, Navarra y Galicia, respectivamente. Esto se recoge en la Constitución, que además considera esa diversidad lingüística un “patrimonio cultural” que merece “protección”.

La oficialidad de catalán, gallego y euskera en sus territorios obliga de esta forma a la Administración General del Estado, así como a la Justicia, a garantizar su uso dentro de esas comunidades. “Las leyes de normalización lingüística [de cada comunidad] dejan explícito que el ciudadano tiene derecho a usar cualquiera de las dos lenguas en esos territorios, lo que atañe también a la Administración del Estado, porque premia el principio de territorialidad”, suscribe Fernando Ramallo, catedrático de Lingüística de la Universidade de Vigo.

Pese a ser la norma, esto no se llega a cumplir en España. El Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que depende del Consejo de Europa, suele regañar periódicamente al Gobierno central, por ejemplo, por no garantizar una atención plena en lenguas cooficiales en la Justicia.

Con este punto de partida, una ley estatal de Garantía del Plurilingüismo serviría de entrada para ensanchar las fronteras de los hablantes de catalán, gallego y vasco. Si llegase a garantizar el uso de estas lenguas con la Administración General del Estado y la Justicia en todo el territorio estatal, acercaría España a los modelos lingüísticos de aquellos países que tienen más de una lengua como oficial y central.

“En Europa, los países con plurioficialidad estatal, como Suiza, Bélgica o Finlandia, tienen administraciones centrales plurilingües”, señala Vicenta Tasa, doctora en Derecho Constitucional por la Universitat de València. Si se quiere reproducir el modelo de los dos primeros países, prosigue esta académica, esto conllevaría una selección de personal de la administración central con cuotas lingüísticas “en función del peso demográfico de cada lengua”.

Otro caso es el de Canadá, en el que suele reflejarse habitualmente el soberanismo catalán. “Aunque sus provincias son principalmente monolingües, los canadienses pueden usar a nivel federal el inglés o el francés con sus relaciones con el Estado”, afirma Ramallo. Es lo que denomina “principio de personalidad”: “A pesar de desplazarme, tengo derecho a usar mi lengua, una mochila que en España tienen los castellanohablantes, pero no los demás”.

Facilitar la atención oral y regular las lenguas en la tele pública

España está por ahora lejos de esos escenarios, pero podría abrir algunos caminos, según Tasa. “Lo que haría una ley de este tipo sería permitir que los ciudadanos se expresen por escrito y facilitar alguna atención oral en las lenguas distintas al castellano ocasionalmente, en algunos servicios centrales de los ministerios y poderes estatales”. Por ejemplo, podría regular el uso de la inteligencia artificial para traducir documentos tramitados, desde denuncias a expedientes de la Seguridad Social.

La norma podría regular también el uso de las lenguas cooficiales en la televisión pública estatal, con la inclusión de subtítulos o ensanchando las desconexiones (actualmente el Gobierno trabaja para tener más de la mitad de la programación de La 2 en catalán en Catalunya). Y otro artículo podría hacer referencia a la enseñanza de catalán, gallego y euskera (o incluso las demás lenguas minoritarias no oficiales, como el asturiano o el aragonés) fuera de sus fronteras naturales. “Debería existir la posibilidad de ofrecerlas como optativas”, afirma Ramallo.

Con todo, ambos académicos lanzan dos advertencias. Una de ellas tiene que ver con el empuje para la oficialidad en la UE. “Hay una cierta inconsistencia entre esa petición en Europa y que no sean lenguas oficiales en el Estado español con igualdad radical con el castellano”, apunta Tasa. Y también alerta contra usar una futura ley de plurilingüismo para regular el uso de las lenguas minoritarias dentro cada comunidad autónoma, aunque sea con el pretexto de reforzarlas, puesto que se trata de una competencia autonómica.

Solo si se cambiase la Constitución para que equipare la oficialidad de las lenguas tendría sentido sacar adelante una ley de lenguas estatal, argumenta Tasa. Sin una modificación constitucional en esa dirección, dice, “una ley lingüística estatal podría generar muchos más problemas de los que de forma voluntarista pretende solucionar”, abriendo la puerta, por ejemplo, a que un Gobierno de derechas la modifique para imponer más el castellano en los territorios en los que es cooficial.