Empresas "obligadas" o "invitadas" a corromper

Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Carburos Metálicos. Air Liquide. Praxair. Messer Ibérica de Gases. Abelló Linde. Abengoa. Ferrovial. Solaria. GDF Suez España. Gamesa. Telvent. Unión Española Fotovoltaica. Codere.

El párrafo anterior es el recuento provisional de las empresas y organizaciones patronales que voy subrayando en las informaciones sobre el llamado “caso Montoro”. Todas contrataron los servicios de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda. Cantidades que iban de cientos de miles a millones de euros, a cambio supuestamente de asesoría e informes, y que en realidad se pagaban, presuntamente, para lograr favores ministeriales, sobre todo cambios legislativos que les beneficiaran fiscalmente. Además, algunas de ellas hacían hueco en sus consejos de administración y estructuras directivas a miembros del equipo de Montoro, que iban y venían de la administración a la empresa y vuelta.

Todas habrían participado alegremente en la trama, ninguna protestó, ninguna rechazó el amaño, ninguna por supuesto denunció. La única denuncia en todos estos años fue anónima, en 2017. El denunciante afirmaba que había “malestar en algunas empresas que se han visto entre obligadas e invitadas a encargar informes que no necesitaban”. Que se sepa, ninguna de esas empresas “obligadas” o “invitadas” acudió a comisaría o al juzgado para denunciar que un alto cargo de Hacienda las obligaba o invitaba a pagar millonadas por un trabajo ficticio de asesoría. No solo no denunciaron, sino que el “malestar” se les debió de pasar pronto, pues se beneficiaron de contrapartidas en forma de legislaciones favorables y rebajas fiscales.

Solo hace unas semanas supimos de varias constructoras (Acciona, Ferrovial, Sacyr) que habrían entrado en el juego de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán para conseguir obras públicas a cambio de pagar importantes comisiones. Y si tiramos de hemeroteca, podemos hacer la lista de todas aquellas empresas (algunas reincidentes o habituales en todas las tramas) que en otros momentos han financiado ilegalmente a partidos políticos, participado en amaños de contratos públicos, pagado mordidas por recalificaciones de terrenos en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, y hasta comisiones millonarias al anterior rey, el hoy emérito Juan Carlos.

Aunque en cada ocasión alguien se acuerda de los “corruptores”, siempre quedan en segundo plano, muy por debajo de los “corruptos”. No hay reproche moral para las empresas corruptoras y sus directivos, no hay apenas consecuencias (siguen operando con normalidad, incluso obteniendo contratos públicos), y los ciudadanos no nos planteamos dejar de ser clientes o exigir a las administraciones que no contraten más con ellas. Todos vemos como algo natural que haya empresas que paguen mordidas, comisiones, sobornos. La culpa queda toda en el lado de los corrompidos, políticos y funcionarios (que por supuesto merecen un reproche mayor por administrar dinero público).

Me asombran por igual la indiferencia ciudadana hacia la corrupción empresarial, y la facilidad y secreto con que las empresas (y patronales, insisto) pasan por el aro, aceptan ser “obligadas o invitadas”, consideran la corrupción como una inversión, una partida más en su cuenta de resultados.

¿Le pondrán algún nombre interno en clave, algún eufemismo para justificar la partida y que no llame la atención en sus juntas de accionistas? Es como cuando una empresa española quiere entrar en un país de esos que figuran en lo más alto del ranking de corrupción, y nada más llegar se integra totalmente en los usos y costumbres en lo que a sobornos se refiere. Pareciera que las empresas españolas se manejan igual en España, con la ventaja de conocer mejor el terreno y el personal.