270.000 euros por un informe de doce páginas: el pago a Equipo Económico que ahorró a las gasísticas 4,7 millones al año en impuestos

La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) abonó en marzo de 2014 la cantidad de 270.000 euros más IVA al despacho Equipo Económico a cambio de un informe de 12 páginas, la mitad de las cuales se elaboraron con la información aportada por la propia patronal. En teoría, aquel estudio debía servir para acreditar ante el Ministerio de Hacienda la “discriminación” que sufriría el sector si no se le aplicaba una rebaja de impuestos de hasta el 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, como acabó pasando. Pero los Mossos consideran que lo que en realidad pagó AFGIM fue la capacidad de influencia del despacho fundado por el entonces ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Este es uno de los puntos centrales de la instrucción que ha realizado un juzgado de Tarragona, de la mano de los Mossos d'Esquadra, que apuntan a que el despacho vinculado a Montoro habría cobrado cuantiosas sumas no a cambio de sus servicios de asesoría, sino de garantizar modificaciones legislativas a favor de los grupos de presión o empresas que pasaban por caja.

En el caso de la patronal gasista, esta asociación llevaba tiempo tratando de promover una reforma legal que supusiese una considerable rebaja de impuestos. En concreto, querían que se les considerase empresas de alto consumo energético y que, aquellas cuyo gasto eléctrico supusiera más del 50% del coste del producto, pudieran disfrutar de una exención del 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Según sus propios cálculos, supondría un ahorro de unos 4,7 millones de euros anuales.

Tal y como queda reflejado en el sumario del caso, desde AFGIM habían promovido reuniones con “diputados catalanes” y también con el entonces conseller de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, de CiU. Pero esta vía no había dado los frutos esperados, por lo que optaron por acudir a Equipo Económico.

“La vía más directa, como siempre, es pagar”

Según figura en un correo intercambiado entre dos directivos de Masser Ibérica de Gases S.A, pagar a la consultora fundada por Montoro sería una solución definitiva para lograr la rebaja fiscal que anhelaban. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”, escribieron en un mensaje que los Mossos encontraron.

Es entonces cuando aparece la oferta de Equipo Económico, en diciembre de 2013, que tras varias reuniones acaba materializándose en el citado informe de 12 páginas en el que acaban proponiendo la modificación del Impuesto sobre la Electricidad y la Ley 16/2013, tal y como perseguían los empresarios. Los Mossos destacan la baja calidad de la “nota justificativa”, al asegurar que la mitad del informe, en la que se hace un análisis de derecho comparado, fue aportado por los propios clientes.

El pago de 270.000 euros se desglosa de la siguiente manera: 90.000 euros corresponden a la parte fija y 180.000 más de success fee, es decir, si se consigue el objetivo en el primer año, como finalmente ocurrió. Con todo, los pagos se reparten entre las diversas empresas que forman parte de la asociación, lo que genera en los investigadores aún más dudas de que se estuviera pagando por un mero estudio económico.

Además, la policía judicial compara el informe realizado por el despacho vinculado al ministro con otro que, por las mismas fechas, realizó la consultora Ernst & Young, en su caso correspondiente a un estudio económico sobre los costes energéticos en el sector y los efectos de aplicar la rebaja fiscal que proponían.

“Mientras E&Y cobró 37.400,00€ (IVA incluido), por la redacción de un informe específico para cada una de las compañías de la AFGIM, más uno general que recogía los datos agregados de cada una de ellas, EE facturó 270.000,00€ (IVA aparte), por la redacción de un solo informe de 12 páginas (la mitad de las cuales fueron presumiblemente redactadas por la asociación contratante, la AFGIM), plagado de citas normativas, y cuyas conclusiones no dejan de ser simples opiniones”, destacan los investigadores.

Esta constatación, junto a los datos recabados, lleva a los Mossos a reforzar la hipótesis de que la contratación de Equipo Económico “obedecía a la capacidad de influencia en el Ministerio de Hacienda que tenían los socios de este despacho, debido a los cargos públicos que habían ocupado con anterioridad y la evidente relación que tenían con el Ministro”.

Ese acceso al ministro y a los altos cargos del Ministerio de Hacienda se plasmaría a continuación. El 4 de marzo, cuatro de los más destacados empresarios del sector se reúnen con Cristóbal Montoro en las dependencias del Ministerio, donde le entregan los dos informes, el de Equipo Económico y el de Ernst & Young. Posteriormente, el 21 de abril, volverán a reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, ahora imputado.

Aquellas reuniones frucitificarían en una reforma legislativa en forma de proyecto de ley redactada por el Ministerio, que se registró en julio de ese mismo año y que se acabó aprobando en noviembre. Para diciembre, el Gobierno ya había aprobado el reglamento que garantizaba que estas empresas quedasen cubiertas por la exención fiscal.