Asociación de Jueces habría recibido ataques del gobierno como represalia por informes a ONU, advierte relatora
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) habría recibido ataques desde el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, a través de las redes sociales, como represalia por cumplir con su deber de enviarle reportes sobre la situación del país a la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados.
Así lo planteó la encargada de esa Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, en un oficio dirigido al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 12 de mayo pasado.
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En dicha nota, la alta funcionaria de las Naciones Unidas puntualizó que ha recibido información donde se evidencia que, luego de una primera carta emitida en diciembre del año pasado, la presidenta de la Acojud, Adriana Orocú, fue atacada en una conferencia de prensa de Chaves y, luego, a través de redes sociales de personas afines al mandatario.
En la primera carta, fechada el 4 de diciembre de 2024, Satterthwaite manifestó sus preocupaciones por la interferencia del gobierno de Rodrigo Chaves en la labor del Poder Judicial y la independencia de los jueces y magistrados.
Además, la relatora le pidió cuenta al presidente, en ese momento, por el impacto de reformas legales en la labor de la Corte Suprema de Justicia y sus dependencias, así como de los cuestionamientos constantes del mandatario.
En la carta de mayo, la relatora de la ONU señaló que ha recibido informaciones sobre declaraciones públicas de Chaves con mensajes de desprestigio lanzados hacia la Acojud, su presidenta, Adriana Orocú, e incluso ataques lanzados desde redes de usuarios afines al mandatario contra la propia Satterthwaite.
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“Las referidas declaraciones presentan elementos que podrían constituir represalias por haber acudido a los procedimientos especiales de Naciones Unidas”, dice el informe de la alta funcionaria de la ONU.
Entre esos supuestos ataques, están los comentarios de Rodrigo Chaves en la conferencia del 12 de febrero, una semana después de que se dieron a conocer las preocupaciones de la ONU por la independencia judicial.
La relatora citó los comentarios del mandatario junto con el abogado Juan Diego Castro, ese miércoles 12 de febrero, en que se burlan del apellido de la presidenta de la Asociación de Jueces, luego la acusan de escribirle a la relatora “como a una amiga” y plantearle quejas, a la vez que la señalan de hacer “beligerancia política”.
En la carta de la relatora especial se planteó que, a raíz de las declaraciones de Chaves y Castro, circuló una fotografía de Orocú con Satterthwaite, en redes sociales, junto con mensajes que las desacreditaban en sus labores.
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“Tales declaraciones habrían sido percibidas como una represalia de parte del gobierno de Costa Rica hacia la Acojud y su presidenta, por haberse aproximado a este mandato”, señaló la relatora.
En la carta dirigida a Chaves, la funcionaria de la ONU enfatizó que, sin prejuzgar si la información que recibió es exacta, le generó una profunda preocupación.
“Le expreso mi profunda preocupación ante la información que describe declaraciones que buscarían desacreditar, desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo, a una asociación de jueces, grupo de la sociedad civil y a su presidenta, como consecuencia directa de su labor para proteger la independencia judicial y de haber colaborado con este mandato para compartir información y preocupaciones sobre asuntos relevantes para este mandato", comentó la relatora en su carta.
Satterthwaite agregó que, de ser cierta la situación, correspondería a un acto de represalia contra quienes recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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Adicionalmente, la relatora especial enfatizó que la colaboración de las organizaciones nacionales a la ONU debe desarrollarse “en un entorno libre y seguro, sin temor a intimidaciones ni represalias”.
Dentro de la carta, la relatora le dio al gobierno un plazo de 60 días para que detalle las medidas implementadas por el Estado para promover un entorno seguro y propicio de colaboración con la ONU y “proteger efectivamente contra todo acto de intimidación o represalia a quienes traten de cooperar, cooperen o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos”.
Por el momento, en el sitio web oficial de la Relatoría sobre independencia de jueces y abogados no consta una respuesta del Poder Ejecutivo a esas alegaciones.
La Nación consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República si se le envió a la relatora una respuesta sobre las consultas que realizó; sin embargo, al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.