Denuncia penal contra alcalde por contratar al estudio de su amigo por S/97,5 millones

Entre enero de 2024 y marzo de 2025, el burgomaestre limeño Rafael López Aliaga autorizó 9 contratos a favor del estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner (BSF) por S/97 millones 510 mil 450, con el propósito de conseguir ante los tribunales de los Estados Unidos, la anulación de la concesión que el municipio otorgó a Rutas de Lima, que actualmente gestiona la empresa canadiense Brookfield Asset Management. Sin embargo, después del último contrato, suscrito el 13 de marzo de este año, BSF solo ha sumado derrotas. Los jueces estadounidenses han rechazado todas las pretensiones de la comuna capitalina. La “goleada” que el alcalde prometió propinaría a Brookfield, al final la recibió él.

Convencido de que la justicia norteamericana le daría la razón a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), si contaba con estudio de abogados de renombre y con vinculaciones con el gobierno de Donald Trump, López Aliaga contrató a Boies Schiller Flexner. Trabó amistad con el representante de BSF, Martín de Luca, y ambos se fotografiaron en la ceremonia de toma de mando de Donald Trump, el 20 de enero de este año, para hacer público el estrecho vínculo.

Poco después del encuentro en Washington entre López Aliaga y De Luca, el alcalde dio luz verde al octavo y noveno contrato con BSF -el 6 y el 13 de marzo de este año- por US$6.3 millones y US$4.5 millones (US$10.8 millones o S/38.8 millones), respectivamente. Como ha sido una característica de la gestión del burgomaestre de Renovación Popular, la selección del estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner, de su amigo Martín de Luca, fue un asunto personal antes que el resultado de una convocatoria internacional, un concurso abierto, una puja de ofertas.

Por el contrario, en las plataformas del Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado (SEACE), o del Buscador de Proveedores del Estado, en las que debe publicar toda la información relacionada con BSF, los contratos están incompletos o mutilados, o han sido declarados “reservados”, impidiendo el acceso público. Estos son algunos de los fundamentos en los que se sustenta la denuncia penal que el Estudio Arbizu & Gamarra, de los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra, ha presentado ante el Ministerio Público contra el burgomaestre Rafael López Aliaga por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Estado.

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López Aliaga suele manifestar que quienes cuestionan la contratación de BSF para anular las concesiones a favor de Rutas de Lima (Brookfield) y de Lima Expresa (Vinci Highways), apoyan la corrupción, aludiendo a los anteriores propietarios de las empresas mencionadas (Odebrecht y OAS, respectivamente). Pero se trata de una estrategia distractiva para que no se preste atención a la modalidad que ha aplicado para contratar 9 veces al estudio de abogados de su amigo Martín de Luca

“El denunciado (el alcalde López Aliaga) ha suscrito nueve contratos directos con el estudio jurídico Boies Schiller Flexner LLP, con sede en Nueva York (EE.UU.). El monto total de estas contrataciones asciende a S/97.510.450, lo que representa un alarmante 82% del total de fondos destinados por la MML para servicios legales externos. Es crucial señalar que, a diferencia de los procesos de contratación pública habituales, no existen evidencias en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de convocatorias abiertas, comparaciones de propuestas ni una justificación técnica suficiente que sustente la elección reiterada de este estudio específico. Esta situación contraviene flagrantemente las normas básicas de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, explica la denuncia penal del Estudio Arbizu & Gamarra.

Además de la opacidad en la disposición de los fondos públicos y en la rendición de cuentas, la denuncia penal destaca que la contratación del bufete Boies Schiller Flexner se origina por un interés personal del burgomaestre limeño.

“El alcalde López Aliaga ha reconocido públicamente su amistad con Martín De Luca, abogado de origen argentino y socio del estudio Boies Schiller Flexner. Esta relación personal se hizo evidente al coincidir en la investidura presidencial de Donald Trump el 20 de enero de 2025. Poco después de este encuentro, el 6 y 13 de marzo de 2025, se suscribieron dos contratos adicionales con el mencionado bufete por un monto de US$10.8 millones. Estas circunstancias revelan una proximidad personal indebida, que pudo haber influido en la reiterada designación de dicho estudio como proveedor legal, configurándose una presunta negociación incompatible”, señalan los abogados de Arbizu & Gamarra.

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López Aliaga ha justificado reiteradas veces la contratación de BSF de su amigo Martín de Luca, argumentando que no confiaba en el sistema judicial peruano y que en la jurisdicción estadounidense le darían razón a sus reclamos.

Sin embargo, contrariamente a lo expresado por el alcalde, el juez federal de Nueva York, Lewis J. Liman, y la Corte de Apelaciones de Columbia, Estados Unidos, rechazaron las acciones judiciales de BSF en representación de la MML. En el caso de la Corte de Apelaciones, validó la decisión de la jueza Ana C. Reyes, quien desestimó el pedido de BSF para no pagar US$200 millones y ordenó al municipio hacer el abono a Rutas de Lima que había ganado un arbitraje.

“Pese a estos resultados negativos y el evidente perjuicio económico para la MML, el alcalde continuó autorizando millonarios desembolsos a favor del mismo estudio legal. El conjunto de contrataciones se realizó de manera directa, reiterada, sin competencia efectiva, sin control transparente, y con una evidente cercanía personal entre el proveedor legal y el alcalde contratante”, destaca la denuncia penal. López Aliaga deberá presentarse a la fiscalía para rendir cuentas.

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El vínculo personal con el proveedor

• Sobre la responsabilidad del alcalde, señala la denuncia penal: “López Aliaga, por su condición de alcalde y titular del pliego (municipal), tuvo competencia legal y material para intervenir en todas las etapas de las contrataciones cuestionadas, especialmente al autorizar pagos, aprobar términos de referencia e intervenir —de manera directa o por delegación— en la toma de decisiones que derivaron en beneficios contractuales a un proveedor vinculado personal y profesionalmente con su entorno”.
• “Uno de los elementos objetivos esenciales del tipo penal de colusión es que el funcionario o servidor público intervenga en razón de su cargo en el proceso de contratación pública. Esta intervención puede ser formal o material, es decir, no se requiere que el funcionario haya firmado directamente el contrato”, explica.