“Son sistemas muy intrusivos”: los reparos (y efectos en la privacidad) de implementar reconocimiento facial en el transporte público

En busca de modernizar los servicios públicos del Estado, el Ministerio de Transporte puso en marcha un plan piloto de reconocimiento facial para pagar la tarifa en los buses RED. Un sistema que funciona con una cámara instalada en la cabina del conductor conectada a un computador que escaneará los rostros con hasta un 98% de precisión. El objetivo no solo es agilizar el pago del pasaje, sino que también identificar incivilidades, evasión y fraude en el uso de beneficios tarifarios.

No obstante, la medida puede ser más problemática de lo que parece a primera vista y que puede cruzarse incluso con la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Marcelo Drago, presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales, explicó las implicancias de este sistema.

“Los sistemas biométricos son sistemas muy intrusivos”, partió reflexionando sobre su uso. El abogado advirtió la sensibilidad detrás de los datos biométricos, a raíz de la nueva legislación. “De acuerdo a la nueva ley, solo se pueden tratar datos sensibles en la medida que exista consentimiento expreso de una persona”, señaló.

Si bien este plan piloto sí contempla el consentimiento del usuario, Drago remarca que estos sistemas “levantan algoritmos del rostro, o de elementos personales, y eso se entrega a un tercero, que si no se administra de forma adecuada, se pueden perder por alguna razón, se pueden entregar a manos equivocadas, puede causar perjuicio a las personas”.

En ese sentido, expone que este tipo de tecnologías se suelen usar “para cuestiones más graves, más complejas, como reconocimiento facial en transacciones bancarias, no el pago de una tarifa de un bus”. Para Drago, es innecesario recurrir al sistema de reconocimiento facial en el transporte y que es más efectivo, y genera menos problemas con la privacidad de las personas, mantener sistemas como las tarjetas o el código QR.

Una postura con la que coincide Alejandro Barros, profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y experto en tecnologías, quien manifestó que el reconocimiento facial tiene varias aristas y que “tengo mis dudas que se hayan analizado adecuadamente para implementar este piloto”.

Barros apuntó al ejercicio previo: el enrolamiento. “Uno podría decir ‘bueno, pero esa persona entonces está aceptando que se use eso para estos fines’. Pero ahí se abre otra pregunta, que es si las persona que se enrolaron saben realmente para qué se va a usar y cuál es el alcance del uso”, señaló a nuestro medio, recordando ejemplos como el caso el año pasado con Worldcoin y el ofrecimiento de pago en criptomonedas a cambio de escanear el iris de las personas.

“Ese es un primer problema y el segundo es que esta información es super sensible. Entonces la pregunta que hay ahí es qué tan seguro van a mantener la información en este sistema (…) Yo creo que el mayor problema es la asimetría de información entre el usuario que entrega estos datos y quiénes lo van a usar”, apuntó.

¿Es un sistema fiable y preciso?

En esa línea, Tomás Vera, integrante del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Hub de Políticas Públicas de la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), detalló en diálogo con nuestro medio por qué los sistemas biométricos no son tan aptos para sistemas públicos masivos, remarcando que el primer paso es determinar su funcionamiento y su uso.

“Cuando hablamos de un sistema masivo de reconocimiento facial, pensamos que podría ser de utilidad en algunos entornos cerrados. Donde la cantidad de personas que voy a enrolar para hacer este reconocimiento me permite controlar la muestra, la cantidad de imágenes que tengo, la forma la cual puedo adaptar el sistema para que tenga una utilidad”, comenzó explicando.

Todo, a su juicio, suma desventajas en usos masivos. “Porque los grandes números son los que mandan, cuando estamos hablando de un porcentaje de efectividad del 98% como es lo que indica este algoritmo que estamos utilizando, realmente no se están viendo los grandes números”, complementó.

Además, pone en juicio que “la precisión no es muy alta” en las condiciones en las que se instala este sistema en el transporte público. “En el mejor de los casos, y con las pruebas que se han hecho, arroja un 98%. Eso en condiciones ideales de luminosidad, de procesamiento de internet o uso de la red, y seguramente en otros escenarios, que puede ser el movimiento mismo del transporte que se está utilizando, la temperatura del lugar, y otras condiciones, pueden bajar muchísimo. Utilizar un factor biométrico en estas condiciones no sería una buena solución”, apuntó Vera.

Mientras que Alejandro Barros también duda en uno de los objetivos de este sistema: combatir la evasión. “Las personas que se van a enrolar probablemente no son las que están evadiendo, entonces tampoco resuelve el problema”, advirtió el académico.

Pero Barros va más allá y coincide con Tomás Vera sobre la precisión del sistema. “Yo no sé en qué condiciones hicieron esas pruebas, porque si son en condiciones de laboratorio, la verdad la fiabilidad va a bajar mucho en condiciones ambientales normales. En un día de lluvia o dependiendo de la calidad de las cámaras”, mencionó.

Garantías mínimas

La preocupación de los expertos también está relacionado con la privacidad de las personas, al utilizar este sistema los datos del rostro del usuario. Marcelo Drago enfatiza que, cuando se trata de datos biométricos, lo que “está de por medio es una potencial afectación a los derechos y la libertad de las personas”.

En ese sentido, consultado por garantías mínimas que deberían ofrecer las autoridades, el abogado simplemente desecha la idea de un sistema de pago vía reconocimiento facial. “No debería usarse un sistema así para el pago de una tarifa de transporte público. Es un sistema totalmente desproporcionado. ¿Cuál es la necesidad de implicar algo que invade la privacidad de un modo tan profundo como esto para pagar el transporte público?”, puso en duda el experto.

Pero también, el abogado advierte sobre la biometría que no está claro quién va a proveer el sistema ni quién lo va a administrar. “¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Es una empresa privada que le provee servicio a los buses RED? ¿Es el propio sistema de buses RED como una entidad público-privada? ¿Es el Ministerio de Transporte el que se hace cargo? No me queda claro quién se hace cargo de este sistema para saber si tiene legitimidad para hacerlo”, indicó Drago, quién recordó que la base legal actual no tiene menciones al reconocimiento facial y el uso de datos biométricos, a diferencia de la Ley de Protección de Datos cuya implementación recién comenzará en diciembre de 2026.

Por su parte, Alejandro Barros aseguró que las garantías mínimas deberían ser “reducir la asimetría de información entre el usuario que entrega sus datos y quiénes lo van a usar. Que las personas sepan exactamente para qué se va a usar, cuál es el propósito del uso de esos datos, cuándo y cómo se van a usar”.

“Lo segundo es que haya transparencia respecto de las medidas de seguridad. Cómo se van a almacenar, durante cuánto tiempo, si tiene los mecanismos adecuados de control y de seguridad”, señaló el académico.

Tomás Vera también plantea otros problemas que podrían surgir, como el cuidado del sistema mismo dentro de un bus. “Pensemos de buena fe y que nadie puede utilizar esto para hacer vigilancia masiva y uso malicioso de identificación de personas… El riesgo de que un sistema como este esté dentro de una micro que puede ser vulnerable muy fácilmente, es muy riesgoso”, insistió.

Drago también se suma a otros riesgos, y va más allá, como el paso a un sistema distópico de hipervigilancia ciudadana. “Imagina que miles de personas, eventualmente millones, se enrolan en ese sistema de autenticación biométrica facial. Eso quiere decir que en la base de datos habrá millones de santiaguinos. O sea, yo voy a tener información matemática a partir de los puntos de la cara para contrastarlo con otras imágenes de millones de santiaguinos. Pasar a los sistemas de vigilancia general, es un paso”, alertó el abogado.

“Eso en una sociedad democrática, con poderes que están funcionando, controles estatales, perfecto. Pero qué pasa si una sociedad deriva en autoritarismo y la autoridad pública quiere utilizar eso para controlar a las personas, ¿qué pasa si hay protesta?”, complementó.

 

Al evadir en el transporte público, perjudicas las mejoras que benefician a todas y todos los usuarios ❌

Cada día, el equipo de @Fisca_MTT y Carabineros realizan operativos en distintas comunas de la RM. Esta vez en Ñuñoa y Santiago Centro. pic.twitter.com/YdgXljW8Z3

— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 14, 2025

Cómo modernizar sin afectar los derechos

Los expertos consultados para este artículo reflexionaron, a raíz de esta medida, sobre cómo la sociedad actual debe hacer el cruce entre la modernización de sus sistemas y servicios, pero sin dejar de preservar el derecho de las personas a la privacidad.

“Es una frontera que está en discusión. En muchas normativas, en regulaciones, el tema de seguridad pública se ha puesto como un elemento esencial para poder usar este tipo de mecanismo”, comentó Alejandro Barros.

Por su lado, Marcelo Drago aporta una mirada más crítica al respecto. “Estamos mal acostumbrados, como una ausencia de una cultura de protección de datos en el país, a decir que porque hay una tecnología nueva automáticamente es positiva. Y hay que incorporarla porque eso se mira como un avance. Y no, esa tecnología puede impactar en las personas negativamente y eso hay que considerarlo siempre”, sostuvo a la pregunta.

Finalmente, Tomás Vera, aunque consideró que está bien la preocupación sobre la privacidad, también apuntó que tenemos otras amenazas primero al respecto, como el propio celular. “Hoy inevitablemente una persona puede ser no solamente identificada unívocamente sino poder detectar cuáles son sus hábitos de consumo, hacia donde se mueve habitualmente, todo eso es identificable y lo tienen privados, como Google”, recalcó.

“Está bien, hoy nos estamos preocupando porque el Estado pueda utilizar este tipo de herramientas, pero hoy lo estamos dejando en manos de privados. La regulación es fundamental, poder tener una reglamentación de privacidad de datos como la que existe hoy. Es urgente que entre en regla y que las compañías empiecen a tomarse en serio el cuidado de los datos personales”, sentenció.