El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha ordenado la apertura de diligencias previas contra varios altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta ante la nueva denuncia por la vía penal interpuesta por los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona. En un auto emitido el pasado 30 de junio y recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 20 aborda esta denuncia dirigida contra la actual consejera de Salud, Rocío Hernández ; su antecesora en el cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García ; la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS); por presuntos delitos de prevaricación por omisión , omisión del deber de socorro, lesiones imprudentes o dolosas y contra los recursos naturales y el medio ambiente; bajo la premisa de que la administración sanitaria habría incurrido en una supuesta «inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos». Ante ello, el Juzgado de Instrucción número 20 ha acordado la apertura de diligencias previas y remitir «las presentes diligencias a la Fiscalía especializada en Ordenación Territorial, a fin de que informe sobre el fondo del asunto», al entender que los aspectos señalados en la denuncia «hacen referencia a la posible existencia de un delito de contra la ordenación del territorio y el medio ambiente ». La consejera Rocío Hernández manifestaba de su lado, meses atrás, que el estudio epidemiológico anunciado en 2023 fue realizado y remitido al juzgado de Coria que instruye la causa penal inicial de este asunto, así como que fue acometida una «revisión retrospectiva» de la situación sanitaria de los afectados, un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta «específica» para estos vecinos y «múltiples reuniones con expertos» de diversa índole; asegurando que no había sido acreditada una «relación causal» entre las afecciones de los vecinos y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera; pero con el compromiso de seguir trabajando y «a disposición» del colectivo. El pasado mes de marzo, en paralelo, era conformada al fin por parte de la Consejería de Medio Ambiente la mesa de trabajo promovida en cumplimiento de la proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE, en demanda de la creación de dicho grupo. Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, manifestaba no obstante en declaraciones a Europa Press que en dicha mesa de trabajo, la Consejería de Medio Ambiente había «olvidado» contar con «los principales» actores en el asunto, que no son otros que los propios «vecinos afectados» . Además, la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado emitió un informe el pasado 13 de diciembre sobre el «foco contaminante» de la gasolinera. Dicho informe técnico, según expone la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla al juzgado instructor del caso, «confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas »; con lo que «se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado», que conforman «aguas, suelos y salud de los habitantes». Y es que entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas , con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio». Siempre, «como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio , que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado», según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General. En el asunto pesa además un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta , sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación; que expone que aún pesan «elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación». En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto de 2024 y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del «seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control», señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como «el informe final del proyecto» de descontaminación. Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que «si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación »; además de que «no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación». Este departamento de la Junta señala que «procede la ampliación del proyecto de recuperación » voluntaria del suelo de cara a su descontaminación, siendo citados los afectados para este lunes por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente para abordar este documento. Además, en esta historia ya hay un pronunciamiento judicial, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero de 2024, en la que se ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, investigado en la causa penal; que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado. El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta « inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos , con una clara afectación a las viviendas de los vecinos», ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de «realojo» pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.
