Jueces progresistas no ven necesario endurecer las penas por corrupción, "que ya son elevadas", como pretende Sánchez

La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) no ve necesario que se endurezcan las penas por delitos de corrupción -una de las 15 medidas anunciadas en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión del ex "número tres" del PSOE, Santos Cerdán, investigado por el supuesto amaño de adjudicaciones públicas- pero sí respalda que se cierre la puerta de los concursos públicos a las empresas corruptas y que se dejen sin efectos los contratos que hayan obtenido de forma ilícita.

Su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, ve necesario impulsar las medidas anticorrupción propuestas esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en particular en lo que hace referencia a la prohibición de acceder a nuevos contratos públicos porque -según insiste- "tiene que salir muy caro tratar de adjudicarse una obra ilícitamente por medio de comisiones o mordidas".

El magistrado considera fundamental centrar la atención en las empresas "corruptoras", que según pone de relieve "!tienen que perder todos los contratos que hayan conseguidos con su intervenciones delictivas". "No es preciso aumentar las penas, que ya son elevadas", defiende el portavoz de JJpD, "sino disponer otras que sean efectivas, como la prohibición de concurrir a nuevos concursos públicos tras una condena firme".

Rodríguez Achútegui considera "un paso en el camino correcto" ampliar el término de prescripción de los delitos de corrupción, aunque aboga también por "aumentar los plazos máximos de instrucción" (que actualmente limita el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Con la misma finalidad, la asociación judicial defiende que sean los fiscales los que lleven las riendas de la investigación de los casos de corrupción "con auxilio multidisciplinar", contando con expertos en Administración Pública y economía, inspectores de Hacienda y Policía Judicial especializada. "Más que especializar los órganos jurisdiccionales, hay que contar con investigadores expertos", afirmó.

"Controles adicionales"

El portavoz de JJpD ve necesario que se incorporen a los procesos de licitación pública españoles "las garantías que exige la Unión Europea para la concesión de los fondos Next Generation" o que "se introduzcan controles adicionales mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, como las que ahora emplea la Inspección de Hacienda".

Asimismo, considera igualmente oportuno "mejorar las garantías de confidencialidad de los denunciantes", aunque garantizando que sea la Fiscalía "quien compruebe su verosimilitud", como ha hecho la Ley 2/2023 (de protección del informante), conocida por "whistleblowing", para evitar "que puedan prosperar denuncias falsas".

No obstante, Rodríguez Achútegui echa en falta entre las medidas propuestas "que también se aborde la cuestión del nombramiento de asesores", que a su juicio "debería regularse con mayor rigor que en la actualidad, pues en los tribunales ya se han detectado casos de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido". Algo que supone, advierte, "confundir un cargo público en la Administración con una responsabilidad privada, dentro del partido", práctica que -subraya, debe "desterrarse" para garantizar la distinción entre financiación pública y privada.

Por último, el portavoz de JJpD reclama un "gran debate público y parlamentario" que culmine con "reformas preventivas, para evitar que la corrupción siga instalada en la concesión de algunas obras públicas", y modificaciones procesales que doten "de medios suficientes a la Administración de Justicia para atajar esta forma de corrupción".