EE UU señala la complicidad institucional de México con el narco
Estados Unidos no se da por satisfecho con el esfuerzo de México por reducir el tráfico de fentanilo o el flujo de inmigrantes ilegales por la frontera Sur, las dos principales exigencias que el presidente Donald Trump no ha dejado de imponer al país desde que estaba en campaña. En las últimas semanas, varios informes oficiales de Estados Unidos han acusado a dos bancos y a una casa de bolsa mexicanos de facilitar el lavado de dinero a cárteles de la droga y también han señalado a Pemex (empresa estatal de petróleo) por no impedir el robo y contrabando de petróleo, que se ha convertido en la segunda fuente financiación del narco.
A esto se suma el hecho de que Washington le haya retirado el visado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su marido. No ha trascendido el motivo oficial de dicha acción, pero planean las sospechas de que la política de Morena puede tener vínculos no ortodoxos.
Hace unos días, la propia fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en la lista de países enemigos, junto con Irán, China o Rusia, durante una comparecencia que se llevó a cabo en el Senado. Aunque desde Washington no lo hayan dicho de manera literal, el mensaje que están enviando es que tienen una potente sospecha de que su vecino del sur se asemeja mucho a lo que se podría denominar un "narco-estado".
Una de las primeras medidas que tomó la Administración Trump fue designar a seis de los cárteles que tienen base en México (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la nueva Familia Michoacana) como grupos terroristas. Esta calificación, entre otras muchas implicaciones, permite a Estados Unidos investigar o interceptar cualquier transacción económica que hagan.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer a finales del mes de junio, un informe en el que sancionaba a tres entidades financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por haber lavado millones de dólares en beneficio de algunos de los principales cárteles de la droga y facilitar transacciones con empresas chinas para comprar precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo, una bomba para el sistema financiera mexicano. Las sanciones solo afectan a las operaciones con entidades de Estados Unidos.
El rechazo de Sheinbaum
"Nosotros no vamos a cubrir a nadie", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nada más hacerse público el informe del FinCen, la Red de Control de Delitos Financieros que depende del Tesoro. "No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes", aseguró. "Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. No somos piñata de nadie. A México se le respeta", insistió Sheinbaum. Horas más tarde de estas declaraciones, las tres entidades señaladas por Estados Unidos eran intervenidas por el regulador mexicano.
El informe salpica a la Administración de Sheinbaum y a Morena, partido en el Gobierno, porque el propietario de Vector Casa de Bolsa, que gestiona fondos de hasta 11.000 millones de dólares, no es otro que Alfonso Romo, que llegó a ser jefe de la Oficina de Presidencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, antecesor y mentor en política de la actual presidenta.
"Invertí confiando en que las reglas eran claras y que la ética institucional también era muy clara. Es muy doloroso para nosotros, como mexicanos, que estas instituciones se hayan prestado a este tipo de actividades con el fentanilo", asegura a LA RAZÓN una inversora de la casa de bolsa Vector que retiró sus ahorros y prefiere mantener el anonimato. "Me gustaría que este caso no quedara en el silencio. Si estos bancos y casa de bolsa están involucrados, son cómplices. Sería muy importante que se investigue a fondo y se proteja a los ciudadanos honestos", recalca, indignada, la inversora, dejando entrever la sensación de impunidad que perciben muchos mexicanos.
Contrabando de crudo
Estados Unidos también reveló lo que es un gran secreto a voces en México; se trata del desfalco a la empresa estatal Pemex por cómplices institucionales con el crimen organizado. Desde hace años, la petrolera mexicana presenta pérdidas millonarias por el conocido "huachicol", es decir, el contrabando de crudo extraído de ductos para su venta en el mercado negro. En el pasado mes de mayo, el FinCen alertó de que el robo consentido de petróleo se ha convertido en la segunda fuente de financiación de los cárteles. Solo en el primer trimestre de este año 2025, Pemex ha registrado pérdidas de 5.471 millones de pesos (unos 280 millones de euros) de manera oficial.
Se trata de un complejo entramado de corrupción en el ente público, las autoridades aduaneras que permiten el tránsito del combustible a Estados Unidos y empresas tapaderas a un lado y otro de la frontera que, además, ha supuesto un fraude fiscal para las arcas públicas mexicanas de cerca de 177.000 millones de pesos en el año 2024 (unos 9.000 millones de euros).
En las últimas semanas, México ha comenzado a dar golpes contra redes de "huachicoleros" en respuesta a las presiones de Estados Unidos. Esta misma semana, se ha llevado a cabo el mayor golpe en lo que va de sexenio: 15 millones de litros de hidrocarburos fueron intervenidos en Coahuila. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una "transformación profunda" en Pemex que la secretaría de Energía presentará en las próximas semanas. Mientras tanto, Washington no deja de vigilar de cerca las acciones y la contundencia de México.