Aprender de la historia: el urgente replanteamiento del programa económico de Jeannette Jara
No voté por Jeanette Jara en las recientes primarias y no dudo de las buenas intenciones del equipo que elaboró el boceto económico tras su candidatura, pero me gustaría que triunfara un programa de centroizquierda que logre descomprimir muchas de las tensiones sociales acumuladas que llevaron al estallido social de 2019 a través de políticas redistributivas sostenibles fiscalmente, y que, a la vez, integre acciones esenciales que equilibren crecimiento con modernización productiva y promuevan un mejor desempeño exportador, para reducir el desempleo y elevar de modo sostenido las remuneraciones de los chilenos.
Al dedicarme a estudiar las dinámicas y las trayectorias fundamentales de la economía chilena a lo largo de su historia, y dado nuestro deber cívico desde la academia, me veo obligado a plantear algunas preocupaciones sobre tal boceto, que pretenden ser un aporte constructivo a un programa que ahora será de una coalición.
Como no he tenido acceso al boceto inicial, me remito a los ejes temáticos mencionados en La Tercera en su edición del 29 de junio y a las puntualizaciones que Fernando Carmona, coordinador de ese boceto inicial, brindó en CNN Chile el 01-07-2025. Si bien esos contenidos pueden no representar fielmente aquel documento, es evidente que privilegian mejoras a corto y mediano plazo en salarios (se habla de un “salario vital”) y de negociación ramal, como de subsidios crecientes a las Pyme, fijaciones tarifarias de agua. electricidad, gas y telecomunicaciones y subsidios a sectores vulnerables, es decir mejoras importantes al ingreso a sectores medios y populares, que implican un importante desplazamiento de la renta a esos sectores y una caída de la desigualdad a corto plazo.
No podría estar en desacuerdo con esos objetivos, ya que mi propio trabajo y el de Nora Reyes sobre la castigada evolución de los salarios en Chile entre 1972 y 2005, como la constatación de un tardío aporte significativo en el gasto social por trabajador en educación, salud y vivienda desde 2005, tiende a explicar la difícil y tardía reducción de la desigualdad (expresada a través del Coeficiente de Gini) desde 0,62 en 1985 a 0,47 en 2017, respectivamente), que viene a ser la misma elevada desigualdad que existía en Chile hacia 1969, lo que está a tono con el excesivo endeudamiento de las familias chilenas en vísperas del Estallido Social de 2019. Pero me preocupan las fórmulas empleadas, que en la combinación que las reúne, parecen más bien propiciar un gasto excesivo, déficit fiscal y fuentes muy probables de un brote inflacionario que puede descontrolarse, y al mismo tiempo, y en la medida que van acompañadas por presumibles desincentivos para el ahorro, inversión, innovación, competitividad y un mejor desempeño exportador, podrían convertirse en una lápida que sepulte la posibilidad de implementar políticas reales y sostenibles de mejora productiva a largo plazo.
En ese sentido, el boceto que acompañó la candidatura de Jeanette Jara padece de un error crucial de diseño. Al privilegiar los estímulos a la demanda interna a través de acciones expansivas, no sólo deja en segundo lugar a las políticas de oferta, necesarias para ampliar, diversificar y otorgarle más competitividad y mayor valor añadido a la cesta exportadora chilena, sino que, además, y en la medida que tales mecanismos expansivos pueden poner en peligro mínimos macro equilibrios esenciales, podrían perfectamente conspirar contra aquellas imperiosas políticas de oferta. Esto se visibilizará si analizamos las dimensiones en juego y la fase del ciclo en que se encuentra la economía chilena.
En términos generales, las economías pueden padecer dos tipos de problemas que impiden su desarrollo y que limitan la posibilidad de sostener políticas redistributivas. Estos pueden ser consecuencia de desequilibrios en la demanda (exceso o insuficiencia) o problemas que limitan u obstruyen la expansión, modernización y competitividad externa de sus actividades productivas (problemas de oferta). Los primeros (desequilibrios de demanda) se expresan esencialmente en elevado desempleo o en desbordes inflacionarios, pero son menos difíciles de corregir, ya que a través de un diseño macroeconómico que Chile ha aprendido pueden ser contrarrestados por mecanismos fiscales y monetarios expansivos cuando el paciente padece de hipotermia (alto desempleo) o por mecanismos fiscales y monetarios contractivos cuando muestra señales de fiebre o sobrecalentamiento (elevada inflación). Estas políticas de estabilización de la demanda pueden tener impacto a mediano plazo (a 2 años, como mucho, y por supuesto, durante un gobierno de 4 años).
En cambio, las políticas de oferta, destinadas a ampliar, diversificar y hacer más competitiva la producción (especialmente para el mercado externo, y que finalmente generan mayores ingresos para los países), reducen el desempleo y elevan los salarios reales, son mucho más difíciles, porque requieren aunar durante muchos años esfuerzos del sector público y privado, para elevar la productividad y orientar la pauta exportadora a bienes y servicios de mayor valor añadido.
Por otro lado, debemos recordar que se trata de reimpulsar o recuperar el desempeño exportador, que hacia 2007 llegó a representar casi un 45% del PIB para luego cayó a cifras apenas superiores a 30% hacia 2021 (de aquí en adelante, datos del Banco Mundial). Estas políticas se inician fomentando el ahorro (que llegó a ser del 35% del PIB hacia 1996 pero hacia 2021 era apenas cercano al 25%) y convirtiéndolo en inversión (que llegó a estar cerca del 30% del PIB en 1996 para luego ir decayendo menores a 25% desde la década de 2000) y atrayendo la de procedencia externa, estableciendo incentivos tributarios, subsidios (para que las empresas prefieran mejorar sus procesos introduciendo innovación tecnológica e incursionen en actividades que promuevan una transición a las nuevas tecnologías).
A la par, se deben establecer reformas educacionales que permitan que los trabajadores, en la medida que podamos interactuar mejor con estas nuevas tecnologías, consigamos ser más productivos (para que la productividad total de los factores, que se había elevado entre 1990 y 2006, pero que volvió a caer entre 2007 y 2020, vuelva a elevarse) y logremos elaborar y exportar bienes y servicios más avanzados (ojalá hi-tech). En la medida que más actividades productivas se sumen a ese proceso, debería existir una mayor demanda de trabajadores en general y reducirse el desempleo, una interesante demanda por trabajadores cualificados y el nivel de remuneraciones reales debería ir elevándose.
Nadie ha dicho que sea fácil y no hay una receta exportable que funcione como panacea. Pero se puede. Hay que crear una estrategia original (chilena) de innovación nacional, que combine inteligentemente las capacidades de Estado, empresarios, universidades, órganos territoriales subnacionales, organizaciones sociales y FFAA aprovechando las mayores interacciones y afinidades productivas a nivel territorial. Varios países, desde Asia hasta la periferia de Europa y nuevos emergentes lo han logrado o lo están logrando. Pero esto requiere una visión estratégica, que combine la acción inter temporal de varios gobiernos de distinto signo, a partir de un pacto social y productivo y con un horizonte de largo plazo.
Volviendo al boceto aludido aparentemente este propone financiar las mejoras en ingreso manteniendo un impuesto a las empresas por sobre el promedio de la OCDE, ampliando las contribuciones territoriales a un mayor porcentaje no exento y estableciendo un nuevo impuesto patrimonial a los más ricos. Por otro lado, buscaría eliminar las AFP, que serían reemplazadas por un sistema estatal centralizado en base a solidaridad intergeneracional e intra generacional, al tiempo que se promovería una empresa estatal del litio tras eliminar el acuerdo Codelco-SQM. Equilibrando la elevación de los mayores gastos (que incluye una nueva red de ferrocarriles) con el aporte potencial de los nuevos ingresos, se calcula que la deuda pública no debería elevarse más allá de un 45% del PIB. Sin embargo, en general, las elevaciones de salarios y las negociaciones por rama tenderían a incrementar los costos de producción para la gran mayoría de las empresas (más de un 80% son Mipymes), que, si bien crecieron moderadamente con el establecimiento de las 40 horas laborales a la semana, han venido elevándose con el incremento del salario mínimo. A eso habría que sumar el alza de costos que representará en los próximos años la contribución de los empleadores a las pensiones. Si a eso se suma un promedio de impuestos corporativos superior al promedio de la OCDE se observa más bien un predominio de factores que encarecen los costos de producción, lo que menguará el volumen de la producción y de las exportaciones, tenderá a sostener un desempleo significativo e impedirá un ascenso real en los salarios.
Por último, Fernando Carmona justifica estos estímulos expansivos a la demanda, que implican un aumento importante del gasto fiscal en la medida que existe una capacidad ociosa acumulada en los últimos años, de modo que al elevarse la producción y las exportaciones no debería aparecer ni déficit fiscal ni impulsos inflacionistas, agravados por emisiones monetarias destinadas a cubrirlo. Lamento decir que tales supuestos se asemejan de forma escalofriante a los enarbolados por Pedro Vuskovic al sustentar teóricamente el programa económico de la Unidad Popular. Si se tiende a repetir esa receta lo que inevitablemente sucederá es que a través del incremento excesivo del gasto y de los costos productivos se matarán los motores fundamentales para el desarrollo del país, en la medida que se desestabilizará la demanda (trayendo una mayor caída de los salarios a largo plazo debido a la emergencia de la inflación), se desfinanciará el Estado ( lo que obligará a un ajuste fiscal posterior muy severo) y se desincentivarán las políticas de oferta dirigidas a estimular al sector privado, que deberían ser las más privilegiadas. Esto se corrobora si identificamos la fase del ciclo en que estamos.
Una de las constataciones más útiles que deja una visión de largo plazo de la Historia Económica a través del siglo XX y hasta hoy es que la fórmula expansiva y contra cíclica de origen keynesiano alcanza sus mejores rendimientos durante la fase contractiva del ciclo económico, en que la economía ha venido decayendo, y especialmente, cuando se encuentra en su punto más depresivo. En tales circunstancias, sería un crimen no aplicar un paquete de acciones fiscales monetarias y fiscales expansivas para recuperar los componentes internos de la demanda agregada (consumo de las familias e inversión de las empresas) a través de la acción proactiva del gasto público (especialmente a través de obras que absorban mucho trabajo desocupado y multipliquen la inversión). Pero la Historia Económica también demuestra que cuando lo que impide que la economía (repunte) es el componente externo de la demanda agregada (es decir, el magro desempeño de las exportaciones netas) y tal economía se encuentra más bien en una fase de recuperación o de pleno auge, deben interrumpirse las acciones expansivas y más bien empezar a considerar la aplicación de acciones contractivas (subida de tasas en lo monetario y contracción del gasto público en lo fiscal) que bajen la fiebre del paciente. Pero lo fundamental es que, si hubiera que buscar un culpable de la ralentización del crecimiento económico de Chile, que de un promedio sobre 6% hasta 2012 se ha reducido a menos de 3% desde esa fecha, ese culpable sería la merma en desempeño exportador desde la década de 2000 en adelante (en promedio).
En contraste, la crisis sub-prime de 2008, la reconstrucción tras el terremoto de 2010 y las acciones para contrarrestar la pandemia de 2020, obligaron a sucesivos gobiernos a inyectar una enorme cantidad de gasto público a la demanda interna (gasto empeorado por los retiros previsionales), lo que redujo sustantivamente los recursos ahorrados en el fondo de estabilización y obligó a aumentar significativamente la deuda en bonos, a la vez que alentó un déficit que recién ahora comienza a remitir. Por ese lado, si hubiera una acumulación de capacidad ociosa, no sería voluminosa y el rol que podría jugar el gasto público y la demanda interna parece haberse agotado, al menos durante algunos años.
En ese sentido, los ministros de Hacienda y el Banco Central han hecho lo correcto: gastado mucho cuando había que gastar y moderar el gasto y volver a los equilibrios apenas se pudo, lo que por fin comienza a mostrar frutos. El escenario externo, por su parte, se ha vuelto mucho más esquivo, volátil e impredecible, lo que eleva los esfuerzos para relanzar la potencialidad exportadora de la economía chilena. A largo plazo, mayor inmigración y caída de fecundidad en mujeres jóvenes, hará que el número de personas que se incorporen al mundo laboral sea mucho mayor que la demanda de trabajo por parte de los empresarios, de modo que si ya resulta difícil reducir un desempleo cercano al 9% esto se hará más difícil en el futuro. Y la fórmula para hacerlo no es inventando puestos de trabajo por decreto, sino más bien reimpulsando de modo urgente la inversión, la actividad productiva y las exportaciones.
Así, los programas económicos deben equilibrar su legítima búsqueda de votos con resguardos para armonizar metas de un país más equitativo con bases sólidas que permitan financiar en el tiempo las acciones redistributivas que las apoyen. El país ha hecho enormes aprendizajes en lo macroeconómico que deben defenderse y está en condiciones de plantearse desafíos más ambiciosos que se expresen en políticas de oferta más sofisticadas, que se subordinen a un pacto social y productivo que equilibre búsqueda de mayor equidad con modernización productiva y mejor inserción mundial.