Violencia política y conspiraciones en Colombia
Con nuevo recambio en su gabinete y volviendo a echar leña de la denuncia de conspiraciones golpistas, Gustavo Petro camina hacia el final de su mandato en Colombia. La discusión política en el país latinoamericano aún no deja atrás las preocupaciones por los temores a un posible «regreso» a las realidades de los años 80 cuando la sangre se combinaba con la droga y los votos -a partir del intento de asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay-, pero ha generado otras tantas tramas. Uribe Turbay sigue hospitalizado, habiendo sido sometido a varias cirugías en Bogotá. Su esposa María Claudia Tarazona informó que el paciente continúa en estado grave y con pronóstico neurológico «de carácter reservado». Faltan pocos días para que se cumpla un mes del atentado, y las investigaciones continúan con cuatro personas detenidas, incluyendo al autor material, y la búsqueda de quienes han sido identificados como los planificadores del hecho. Queda por determinar la autoría intelectual.
Por ahora, 41 políticos ahora tienen protección policial reforzada. Son los precandidatos presidenciales que buscan presentarse en las elecciones previstas a mediados del año que viene. El gobierno de Gustavo Petro acordó asignar 500 vehículos y mil hombres para las labores de protección, según anunció el ministro de Interior, Armando Benedetti, al afirmar que se busca tener un proceso electoral «en condiciones de tranquilidad y respeto por la democracia». Pero esto pudiera no bastar. Así lo advierte Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE), una organización colombiana dedicada a la observación y promoción de la transparencia electoral, ,ya que en el país durante 2025 se han registrado al menos 135 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social o comunal. La cifra representa un 29,8% menos que en 2024, según el más reciente informe de la MOE, pero las alarmas no paran. «Hay algunos territorios del país donde ya hay un control de grupos armados ilegales (...) Es una buena noticia la disminución de la violencia contra los liderazgos, pero lo que hay que mirar de fondo es que esa buena noticia no sea el resultado de que hay mayor control en algunos territorios por parte de grupos armados ilegales», declaró Barrios a un medio local.
Para ella lo más preocupante es que «indiscutiblemente hay regiones del país donde candidatos a la Presidencia o al Congreso no van a poder hacer campaña de manera libre, y es porque tenemos una gran dispersión de grupos armados ilegales y no se tiene claro exactamente cuál será el contexto en que se va a hacer esa campaña». Barrios recuerda que en el informe de la MOE se contabilizan 979 hechos de violencia por parte de grupos armados ilegales en 2025, «siendo este el inicio de año más violento desde 2018».
Por otra parte, la discusión política en Colombia no se queda solo en el tema de la violencia. También hay espacio para las conspiraciones. Esta semana el presidente Gustavo Petro dijo tener conocimiento de un supuesto plan que se estaría fraguando para atentar contra su vida. El mandatario afirmó que en su país «hay una violencia nueva» que «no es colombiana, que está creciendo» y que lo quiere matar. “¿Saben por qué no llegamos ayer? ¿Lo digo o no lo digo? No, bueno, el coronel dice que no lo digo, entonces no lo digo, hago caso (...) «¿Saben por qué mi hija no está aquí? Esa nueva violencia está matando a los colombianos y no es colombiana», dijo desde la Casa de Nariño donde asistía al nombramiento de un nuevo magistrado de la corte constitucional. Un día antes Petro había afirmado que se está fraguando un golpe de Estado en su contra con una supuesta conspiración de su excanciller Álvaro Leyva, un conservador de 82 años, quien habría contactado a políticos republicanos de Estados Unidos para buscar sacarlo del poder, según revelaciones de la prensa española.
Y ayer mismo la coalición de partidos Pacto Histórico, a la que pertenece Petro anunció que realizará una consulta abierta el próximo 26 de octubre para decidir el nombre del próximo candidato presidencial a las elecciones de 2026.