La crisis económica impacta de lleno en la caída de la natalidad en la Argentina
La Argentina atraviesa una de las caídas de natalidad más pronunciadas de las últimas décadas. En apenas diez años, el país pasó de registrar más de 770 mil nacimientos anuales a apenas 460 mil. La cifra, lejos de ser un fenómeno aislado o producto exclusivo de transformaciones culturales, refleja los efectos acumulados de una crisis económica persistente que condiciona, incluso, el deseo de formar una familia.
El informe "Estado de la Población Mundial 2025", elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), pone en palabras lo que en muchas casas ya es una certeza: millones de personas no tienen hijos no porque no quieran, sino porque no pueden. En el caso argentino, la imposibilidad de acceder a ingresos estables, vivienda propia o condiciones mínimas de planificación lleva a postergar -y muchas veces abandonar- el proyecto de tener hijos.
No obstante, se menciona como un dato positivo que la baja tuvo como principal factor la disminución del 60% de la tasa de fecundidad adolescente en la última década.
Sobre los números, más de la mitad de las personas encuestadas por UNFPA a nivel global señalaron las limitaciones económicas como principal obstáculo para tener la cantidad de hijos que desearían. En un país como Argentina, con una inflación acumulada del 150% en los últimos 12 meses, pérdida del poder adquisitivo, salarios estancados y un mercado laboral precarizado, ese dato se vuelve más tangible aún.
Desde 2023, la gestión de Javier Milei profundizó un programa de ajuste que apuntó al recorte del gasto público, despidos en el Estado, caída real de jubilaciones y pensiones, apertura comercial y desregulaciones que impactaron en todos los rubros. Pero la contracara de esa lógica es un Estado que no garantiza lo básico y, en ese contexto, decidir tener un hijo se convierte en una carga imposible.
Los datos lo confirman. Según un estudio de Voices, UADE y WIN, 5 de cada 10 mujeres jóvenes en el país no consideran la maternidad en sus proyectos de vida. ¿Las razones? Inseguridad económica, falta de previsibilidad, imposibilidad de conciliar maternidad con trabajo. En un país donde 8 de cada 10 mujeres afirman que es difícil sostener empleo y lactancia, y donde el 41% de las empresas no ofrece siquiera horario flexible durante el embarazo, el costo de la maternidad no es solo monetario: es estructural.
Además, el 41% de las empresas no ofrece horarios flexibles ni siquiera para controles médicos durante el embarazo, y la situación empeora en la etapa de lactancia: 8 de cada 10 mujeres afirman que mantener su empleo mientras amamantan resulta muy difícil. Esta falta de políticas laborales que acompañen la crianza contribuye a que muchas mujeres posterguen o directamente descarten la maternidad.
Las tareas de cuidado siguen estando profundamente feminizadas. Las madres dedican en promedio ocho horas diarias al cuidado de los hijos, mientras que los padres no superan las cinco horas. Esta desigualdad impacta particularmente en los sectores más vulnerables: el deseo de no maternar es más alto entre mujeres de nivel socioeconómico bajo (20%), en comparación con el 14% del nivel medio y solo el 8% del alto.
Al mismo tiempo, el Gobierno celebra el superávit fiscal y la baja del gasto público. Pero detrás de esos números hay decisiones que impactan en la vida cotidiana: el achicamiento de programas de salud sexual y reproductiva, la desfinanciación de políticas de cuidado, la ausencia de licencias familiares adecuadas o de servicios públicos accesibles. Todo eso limita la posibilidad de decidir tener hijos.
El informe de UNFPA es contundente al advertir que las respuestas simplistas -como incentivos por nacimiento o campañas que llaman a "poblar el país"- son ineficaces y contraproducentes. En cambio, propone políticas integrales que garanticen libertad real: empleo digno, vivienda, igualdad de género en los cuidados, servicios públicos de calidad, y una visión de Estado que acompañe y no castigue el deseo de maternar o paternar.