El último gran revés del Instituto Cervantes
Duro revés para el Instituto Cervantes. No hay ninguna esperanza de que pueda impartir las clases de castellano en las instituciones europeas. El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado en contra del recurso presentado por España en el que se ponía en cuestión el método utilizado por la Comisión Europea para adjudicar este contrato, que ha acabado recayendo en el grupo belga Centre Langues-Alliance.
La Comisión publicó este anuncio de licitación en 2020 y el contrato tenía la duración dos años. Aunque la oferta presentada por el Instituto Cervantes era más barata, el centro belga obtuvo más votos al entender el Ejecutivo comunitario que la calidad de la propuesta era mejor: 94 puntos frente a 82. España ya había plantado batalla con anterioridad. De hecho, el Tribunal General de la UE ya había fallado en contra del Instituto Cervantes en 2023. España no quiso darse por vencida y presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE , la máxima instancia ante la que no cabe apelación y que ha vuelto a desestimar los argumentos esgrimidos por España.
El alto tribunal desmonta todos los argumentos dados por España sobre el sistema de medición de calidad y costes . Además, acusa a nuestro país de no haber sido capaz de aportar los documentos de manera adecuada. Esto hizo que fuera imposible valorar la calidad de la oferta en algunos apartados, por lo que la propuesta española acabó perdiendo puntos frente a la belga. España presentó ciertos documentos a través de enlaces on-line, pero la Comisión Europea alega que ésta no era la manera correcta ya que estos documentos, al ser adjuntados de esta manera, podían sufrir cambios con posterioridad a la fecha de plazo para presentar las ofertas. Por eso, el Ejecutivo comunitario había previsto un sistema de almacenamiento de documentos online que no fue utilizado por España de manera adecuada.
Nuestro país alegaba que se había vulnerado “el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima” por parte de la Comisión Europea ya que el Instituto Cervantes no pudo demostrar con posterioridad que estos documentos mediante enlaces no habían sido alterados y que, por lo tanto, las sospechas del Ejecutivo comunitario no tenían fundamento. Esta falta de celo a la hora de aportar la documentación, según los estándares de la Comisión Europea, contrasta con la ofensiva diplomática para que la UE reconozca la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. De hecho, España ha conseguido que próximo 18 de julio este tema vuelva a aparecer en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales. El Gobierno fracasó en sus intentos de conseguir la oficialidad el pasado 27 de mayo. Las reticencias de varios países, que pidieron posponer la votación prevista para ese día, propició que finalmente ésta no acabara celebrándose. Tras este cita, fuentes diplomáticas aseguraron que el número de países que habían solicitado tener más tiempo ascendía a una decena.
De momento, es pronto para saber si durante este lapso de tiempo las dudas planteadas por estos países se han resuelto o si se trata de un mero gesto político para contentar al líder independentista Carles Puigdemont. Las preguntas son tanto de índole política como legal. Los expertos legales del Consejo aseguran que los Tratados europeos no fueron redactados originariamente en ninguna de estas lenguas, aunque posteriormente España los haya traducido en virtud a un artículo del Tratado de Lisboa. Esto hace que el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera sea contrario a la normativa comunitaria. La delegación española, sin embargo, mantiene que el criterio de los servicios jurídicos no es vinculante y que la última palabra corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.
Además, aunque España se ha comprometido a sufragar este gasto, varios países europeos temen que sea un compromiso meramente coyuntural y que un posterior Gobierno del Partido Popular se niegue a hacerlo. En estas últimos meses, España ha intentado por todos los medios convencer a los más reticentes. En su última propuesta presentada en mayo el Gobierno español ofrece un reconocimiento en dos fases para aliviar la factura económica y la carga administrativa. A partir de 2027, tan solo se traducirían a estas lenguas los reglamentos del Consejo y de la Eurocámara y se dejaría para un periodo posterior, cuatro años después, la traducción de todos los textos legislativos.
Catalán en las escuelas europeas
Los hijos de los funcionarios comunitarios que están escolarizados en las escuelas europeas podrán optar a estudiar catalán, si así lo desean. Los 13 centros educativos repartidos en toda Europa, cinco de ellos en Bruselas, impartirán esta materia optativa y el coste será asumido por España de manera íntegra. Tras alcanzar este acuerdo en el mes de abril, el ministerio de Asuntos Exteriores se felicitó por la iniciativa que se suma al acuerdo administrativo suscrito con el Comité Económico y Social Europeo, a imagen y semejanza del ya existente con el Comité de las Regiones. Puigdemont celebró esta noticia como “un primer hito en la buena dirección”.