Más de la mitad de la red de carreteras españolas presenta deterioros graves

Las carreteras españolas atraviesan el peor momento de su historia reciente, según el último y alarmante informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). El estudio [PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER] revela que más de la mitad de la red vial (52%) presenta deterioros graves y muy graves, elevando el déficit de inversión acumulado en conservación hasta los 13.491 millones de euros. La situación se ha agravado exponencialmente en los últimos tres años. Desde la última auscultación de la AEC en 2022, los kilómetros con deterioros muy graves en el pavimento que requieren una reconstrucción urgente se han triplicado, pasando de 13.000 a 34.000 kilómetros (el 32% de la red total). Otros 20.407 kilómetros adicionales necesitan intervenciones calificadas como «graves» en un plazo máximo de cuatro años. Esto significa que, en un cuatrienio, más de 54.000 kilómetros (más de la mitad de los 101.700 km de la red) exigirán actuaciones, una situación no vista desde finales de los años 80 y principios de los 90. El incremento en el déficit de inversión acumulado, que suma 4.038 millones de euros adicionales a los 9.453 millones de 2022, se explica en parte por la subida de precios de materias primas y personal (20%), pero el 23% restante se atribuye directamente al deterioro continuo de la infraestructura, que ha avanzado a un ritmo del 8% anual en los últimos tres años. De los 13.491 millones necesarios, 4.721 millones corresponden a la red estatal (26.000 km) y 8.770 millones a las redes autonómicas y forales (75.300 km). El mal estado de las carreteras no solo frena el progreso hacia infraestructuras más seguras, verdes y conectadas –amenazando la descarbonización del transporte o la reducción de fallecidos en 2030–, sino que también afecta directamente al bolsillo de los conductores. Circular por firmes deteriorados incrementa el consumo de combustible hasta un 12%. La AEC estima que, solo durante los meses de julio y agosto de este verano, los más de 100 millones de desplazamientos previstos por la DGT generarán un sobrecoste en combustible superior a los 270 millones de euros, lo que supone 4,5 millones de euros adicionales al día. Además, el deterioro obliga a reducir la velocidad media de circulación un 10%, incrementando los tiempos de viaje (un 12,5% más para camiones, 25% para autobuses y 20% para vehículos ligeros). Este aumento de los costes operativos del transporte de mercancías y pasajeros se repercutirá, según cálculos de la AEC, en un incremento del 10% en el precio final de los productos. La Asociación Española de la Carretera reitera su demanda de un espacio de financiación propio, global y sostenible para la conservación viaria, que se nutra de los Presupuestos Generales del Estado y las Comunidades Autónomas, Fondos Europeos, sistemas de tarificación por uso y colaboraciones público-privadas. Una medida clave, según la AEC, sería la eliminación de la exención del impuesto especial de hidrocarburos para el ferrocarril, y los transportes marítimo y aéreo. Esta medida, que generaría 4.091 millones de euros anuales según la Fundación Corell, permitiría revertir el déficit de conservación en algo más de tres años, promoviendo una «equidad impositiva» entre modos de transporte. El informe analiza el problema por Comunidades Autónomas, señalando a Aragón como la comunidad con la situación más crítica, con un 68% de su red viaria presentando deterioros graves (un 16% por encima de la media nacional). Le siguen de cerca Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 59% de red en estado grave. En el extremo opuesto, con el menor porcentaje de carreteras con deterioros significativos, se encuentran la Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña. El análisis de la AEC se ha realizado por primera vez con tecnología de inspección digital mediante Inteligencia Artificial, captando imágenes dinámicas en 4.000 kilómetros de la red viaria. Esta metodología, desarrollada en servidores europeos y cumpliendo con la normativa de privacidad y ciberseguridad, ha permitido una detección de deterioros con una resolución mucho mayor y en una muestra diez veces superior a la de la anterior inspección visual.