Sí es una ley espía
Con una teatralidad en aumento, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer, con tono burlón, al titular del diario Reforma, que decía: “Advierte oposición creación de un Estado espía”, citando a legisladores del PAN y del PRI. “Reforma miente”, subrayó la presidenta, adjudicándole una afirmación que no era del periódico, incurriendo en una falsedad. Una de dos: o pretendió engañar a los mexicanos, o fue timada por sus principales asesores en medios. En todo caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la que se referían los diputados, es el nuevo catalizador de la polarización, entre quienes consideran que es una herramienta en beneficio de las audiencias, y quienes la ven como un instrumento de censura y represión.
Cuál será el derrotero que tome la nueva ley telecom, sólo el tiempo y su aplicación lo esclarecerán. Pero el arranque no es promisorio por los embustes salidos de Palacio Nacional. La oposición la calificó como una “ley espía” por las disposiciones para que el gobierno pueda acceder a todos los datos privados de las personas, incluidos algunos que están regulados como datos personales o sellados por las autoridades financieras, así como su ubicación en tiempo real. “Es falso, es mentira que las leyes tengan que ver con que el Estado va a espiar”, atajó Sheinbaum. “El gobierno no va a espiar como nos espiaron a nosotros”.
Su afirmación no pasa la prueba de ácido. Los gobiernos del PRI y del PAN, como se ha documentado, sí espiaron. Sin embargo, su uso político fue discrecional y excepcional. Muchas personas públicas, o que representaban algún interés para el Estado, fueron espiadas, y se supo no por ellas, sino porque, a través de las leyes de Transparencia –demolidas por el régimen actual–, se accedió a sus expedientes. En los gobiernos de Morena, la historia ha sido diferente.
El máximo abusador de los recursos del Estado fue el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador, que difundió datos personales de periodistas, autorizó la entrega de información fiscal –que es confidencial– a medios afines para chantajear, reanudó el espionaje a periodistas y activistas mediante el software Pegasus, y avaló el espionaje físico a cuando menos dos periodistas que le resultaban incómodos.
Pero no fue sólo López Obrador. Su pupila Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también recurrió a esas prácticas. En noviembre de 2023, el periódico The New York Times reveló que, en al menos 14 expedientes judiciales que revisó, encontró que la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, le pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México que le entregara registros telefónicos y mensajes de textos, además de los datos de geolocalización, de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.
Entre esos registros solicitados se encontraban los del actual líder del PAN, Jorge Romero; la senadora Lilly Téllez; el senador de Morena Higinio Martínez, y el entonces director de Aduanas, Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno en el Estado de México. José Pepe Merino, uno de los arquitectos actuales de instrumentos de censura, fue señalado en privado por López Obrador de haber sido quien filtró documentos confidenciales sobre la Línea 12 del Metro para afectar a Marcelo Ebrard, el adversario de Sheinbaum para la candidatura presidencial, y de paso, al magnate Carlos Slim.
La Fiscalía de Colima, otro estado gobernado por Morena, añadió el diario, hizo lo mismo que Sheinbaum y Godoy en la Ciudad de México: solicitó los registros telefónicos del entonces senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, y de otras 10 personas más. Previamente, pero por parte de la Secretaría de la Defensa, se espió a Alejandro Encinas, como subsecretario de Gobernación, quien llevaba la investigación del caso Ayotzinapa, donde involucró a militares.
Ninguna de esas acciones tuvo el respaldo de una orden judicial. Sheinbaum aseguró que en la nueva ley solamente podrá haber una intervención telefónica o una localización de GPS bajo orden judicial, salvo en casos de desapariciones o de un asunto extraordinario. “Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes”, agregó. “En ningún momento se está espiando a nadie”.
Sheinbaum mintió o fue inducida mediante engaños para hacerlo. La nueva ley telecom no incluye en ningún artículo la obligación previa de una orden judicial antes de intervenir o pedir la localización de una persona en tiempo real a través del GPS. Como subrayó un experto: “si quisieran que fuera con orden judicial, lo habrían puesto expresamente”.
Javier Tejado, en una columna en El Universal en noviembre de 2023, enfatizó que el apartado “Colaboración de la Justicia”, que habla de los supuestos para hacer intervenciones legales, permite que “prácticamente cualquier fiscalía puede pedir, sin orden judicial, los datos generales de cualquier teléfono móvil… y los operadores telefónicos deben entregarles nombre y domicilio del suscriptor, tipo de comunicaciones que realiza el usuario y con quién se comunica”. Nada cambió ahora.
Los dos principales voceros del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria de propaganda del régimen y actual coordinador de asesores de la presidenta, y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han estado tratando de desviar el fondo de sus pretensiones vindicativas mediante actos chapuceros. Villamil y Ramírez Cuevas son los impulsores de la línea del gobierno para todas sus voces en los medios y defensores en las mesas de discusión, para que siembren la idea de que quienes hoy critican la nueva ley la aprobaron en 2014, en la ley de telecomunicaciones aprobada dentro del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no es cierto. En 2017 el Congreso eliminó los incisos que permitían a las autoridades judiciales acceso a información de líneas del servicio móvil sin autorización judicial previa. Ahora los restablecieron, agregando a la intervención los mensajes instantáneos de todos los equipos y la geolocalización.
Desconocemos cómo funcionará la ley y cómo se aplicará. Pero la experiencia es un preámbulo ominoso que permite conjeturar que está diseñada para controlar periodistas y acabar con los noticiarios que les resulten incómodos.