Denuncian al director de la Policía por sancionar a un delegado sindical por aparecer en el programa 'Cuarto Milenio'

El subinspector de la Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía (ASP), Alfredo Perdiguero, ha presentado una denuncia penal contra el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y contra el instructor de un expediente disciplinario, a quienes acusa por un presunto delito de prevaricación administrativa. Así, los culpa de vulnerar los principios básicos de un Estado de derecho, concretamente, los de legalidad y tipicidad. La querella ha sido presentada en los juzgados de instrucción de Madrid. Los hechos se retoman al 29 de septiembre de 2024 cuando la Dirección General del cuerpo impuso a Perdiguero una sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo por participar en una tertulia en el programa de televisión 'Cuarto Milenio', sin contar con la autorización expresa de la Dirección General de Policía. Sin embargo, su defensa sostiene que no existe ninguna ley que obligue a los policías a pedir permiso para ir a los medios de comunicación como representantes sindicales. Además, explica que la norma usada para sancionarlo es solo una circular interna que ni siquiera está publicada oficialmente ni es de obligado cumplimiento. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, se cita textualmente: «nunca se había sancionado a un policía por acudir a un programa de televisión como portavoz sindical». Así, la defensa del denunciante considera «una animadversión personal e injustificada» la situación en la que se encuentra por parte de la Dirección General de Policía. Así, el afectado demanda una persecución contra él desde hace años por parte del Cuerpo Nacional de Policía. Por otro lado, explican que hay una causa penal abierta sobre los mismos hechos, y que por ley, el expediente disciplinario debería haberse paralizado hasta que se resolviera el caso en tribunales. Pese a eso, la Policía siguió adelante con la sanción. También denuncian que se negaron pruebas clave que podrían haber demostrado que la sanción era injusta y que la resolución contenía errores graves, como nombrar a otra persona que no tenía relación en el mismo caso. Por todo ello, Perdiguero culpa a los responsables de haber acusado de forma arbitraria y a sabiendas de que lo hacía sin base legal, lo que podría construir un delito de prevaricación.