Denuncia contra Booking y Airbnb ante Consumo por anunciar alquileres turísticos sin registrar
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo, órgano directivo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, contra las plataformas de alquiler Booking y Airbnb por no cumplir con la normativa que exige la publicación del número de registro en los anuncios de contratos de corta duración.
La organización de consumidores señala que ambas plataformas debían haber adaptado sus sistemas antes del 1 de julio de 2025, tal y como establece el Real Decreto 1312/2024, que obliga a mostrar el número de registro "claramente como parte de sus anuncios antes de permitir la oferta de los servicios de alquiler de alojamiento".
Según la investigación realizada por CECU, Airbnb permite la publicación de anuncios sin el número de registro, lo que impide a los consumidores consultar esta información esencial y, a juicio de la federación, supone una evasión de la responsabilidad de la plataforma de exigir este requisito a los arrendadores.
En el caso de Booking, la plataforma sí impide la publicación de anuncios que no incluyan el número de registro, pero CECU advierte que, conforme a la normativa, debía haber eliminado a fecha 1 de julio de 2025 cualquier anuncio que no contase con dicho identificador.
El experto en vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez, subraya que las plataformas debían garantizar que los anuncios cumpliesen con la normativa y que los consumidores dispusieran de la información desde la fecha de aplicación. Gutiérrez destaca que el número de registro es un identificador que permite a los usuarios comprobar que el alojamiento cumple con las normativas mínimas, y advierte de que la ausencia de este dato puede llevar a contratar servicios sin licencia, generando inseguridad para los consumidores.
CECU considera insuficiente la medida si no va acompañada de un régimen sancionador que garantice su cumplimiento y de una dotación presupuestaria adecuada para inspectores. La federación denuncia que, en ausencia de mecanismos efectivos de control y sanción, las plataformas continúan incumpliendo la ley sin asumir consecuencias, lo que, según CECU, agrava la crisis de acceso a la vivienda. Gutiérrez insta al Gobierno a abordar de manera frontal el problema de la vivienda y a garantizar que los fraudes no queden impunes.
El Real Decreto 1312/2024, en vigor desde el 23 de diciembre de 2024, establecía un plazo hasta el 1 de julio de 2025 para que las plataformas adaptaran sus sistemas y cumplieran con la obligación de mostrar el número de registro en los anuncios.
CECU concluye que la falta de cumplimiento por parte de las plataformas evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y sanción para proteger a los consumidores y garantizar el acceso a una vivienda segura y legal.