Sanidad ignora las cerca de 400 alegaciones a la Ley de los Medicamentos

El Ministerio de Sanidad presentará mañana a las autonomías en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un borrador de la polémica Ley de los Medicamentos idéntico al que sacó a audiencia pública hace casi tres meses.

El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, no incluye ningún cambio en su articulado, pese a que organizaciones representativas del sector farmacéutico y de la mayoría de las profesiones sanitarias (en especial de la médica) y las propias las comunidades autónomas presentaron cerca de 400 alegaciones a la propuesta del ministerio que comanda Mónica García.

Consultadas por este periódico, fuentes del ámbito farmacéutico manifiestan su extrañeza sobre cuál es el motivo por el que Sanidad querría presentar, en el último Pleno antes del verano y junto a otros casi 20 temas que componen el orden del día, un texto en el que no se ha incluido ninguna de las demandas que, tanto en declaraciones públicas como en encuentros y conversaciones bilaterales, el ministerio se ha comprometido a atender.

Recordemos que, el pasado 8 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera ronda y, al día siguiente, Sanidad la sacó a audiencia pública, con plazo de 30 días para presentar alegaciones.

La norma es una de las "leyes estrella" que García quiere aprobar en esta legislatura y, a su juicio, "aborda el reto de mejorar la competitividad en el sector farmacéutico español, donde se prescriben menos genéricos que en la media europea", señaló la ministra.

Cuando se hizo público, este proyecto legislativo causó un aluvión de críticas por parte de todos y cada uno de los agentes del sector farmacéutico.

De hecho, las casi 400 alegaciones llegaron desde casi todas las entidades clave que en él operan, como Farmaindustria, la patronal de medicamentos genéricos (Aeseg), la distribución farmacéutica, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la Organización Médica Colegial (OMC), el Foro de la Profesión Médica (integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos , la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña y la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) o la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), entre otros.

Pleno "escoba"

Por ello resulta cuanto menos sorprendente que el departamento de García incluya el debate sobre la norma en uno de los puntos de la agenda de un pleno "escoba" de mañana, que parece dirigido a cumplir con el expediente y liquidar el mayor numero de asuntos posibles antes de las vacaciones de verano.

Las regiones del PP presentaron alegaciones conjuntas a la norma que, como argumentaron, invade las competencias autonómicas y que se ha elaborado de espaldas a la Comisión Permanente de Farmacia, órgano delegado del CISNS, en el que están representadas todas las autonomías.

La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, por su parte, explicó que algunas de sus alegaciones van encaminadas a mejorar el acceso de la población a los medicamentos innovadores, como la inclusión de procedimientos para cumplir con un plazo de 180 días para la decisión de financiación y precio, que en la actualidad es de 616 días, según el último informe Wait (344 días, según uno "paralelo" de Sanidad).

Por otro lado, la profesión médica enumera seis puntos de fricción importantes con los planes de Sanidad: la ambigüedad legal sobre quién prescribe; la ampliación del grupo de prescriptores sin regulaciones suficientemente precisa; las modificaciones en la prescripción por principio activo y agrupaciones homogéneas, que podrían afectar la adherencia; la delimitación del seguimiento farmacoterapéutico y el rol de los farmacéuticos; el nuevo sistema de precios por competencia, que plantea el riesgo de desabastecimientos y la falta de reforma del copago.